El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó la prohibición de las marchas previstas para ayer por la tarde en todos los municipios vascos contra la política penitenciaria del Gobierno. El magistrado aclara en su auto, hecho público ayer, que la «perentoriedad de la situación», provocada por el escaso margen de tiempo disponible hasta el inicio de las marchas, convocadas para las ocho de la tarde, obligaba a «poner en conocimiento de la Consejería de Interior y de la Ertzaintza» que las manifestaciones auspiciadas «directa o indirectamente» por una organización terrorista «son ilícitas».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer por la mañana informes «urgentísimos» a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que le informaran sobre la convocatoria de estas concentraciones con objeto de comprobar si su desarrollo podría incurrir en actos delictivos. Las manifestaciones, convocadas por representantes de Etxerat, se organizaron en protesta por el fallecimiento, el pasado sábado, de la suegra de un preso de ETA en accidente de tráfico cuando se dirigía a visitar al encarcelado que se encuentra en una prisión de Teruel.

Además de los actos previstos para la tarde de ayer, el movimiento pro-amnistía ha llamado a celebrar el próximo día 31 a las doce de la mañana nuevas manifestaciones en todas las localidades del País Vasco.

«Medidas oportunas»

El juez enumera en su auto a las organizaciones Segi, Ekin, Gestoras Pro-Amnistía, Askatasuna y Batasuna y ordena que se tomen «las medidas oportunas» en el caso de que las concentraciones «estén auspiciadas, instrumentalizadas, apoyadas o dirigidas por alguna de estas organizaciones o personas vinculadas con las mismas».

Menciona en concreto una de las marchas de las que tiene conocimiento, la organizada en la localidad de Algorta, Getxo (Vizcaya) y extiende la prohibición a cualquier otro municipio «del que se tenga constancia».

Garzón ordena, además, a la Ertzaintza que proceda a adoptar las medidas necesarias para prevenir incidentes y que persiga a aquellos que quebranten esta orden. Indica a la policía autonómica que requiera a los convocantes para que se abstengan de instar dichas movilizaciones.

La asociación Dignidad y Justicia pidió ya el jueves por la tarde al magistrado que solicitara informes a Policía y Guardia Civil sobre estos hechos al considerar que las concentraciones están avaladas por Segi, ilegalizada por sentencia del 19 de enero del 2007 del Tribunal Supremo, y que por ello su celebración constituiría una actuación ilícita y vulneraría la suspensión de actividades impuesta. Según el escrito de Dignidad y Justicia estas convocatorias han recibido el apoyo de los sindicatos Lab, Ehne, Stee-Eilas y Ela, además de la citada organización.