El PSE parece estar dispuesto a liderar el cambio político en el País Vasco, aun a costa de que quede en evidencia que apoyó al Gobierno de Ibarretxe más allá de sus propios principios. El secretario de Organización del PSE, Rodolfo Ares, cuyo nombre se baraja como futuro consejero de Interior del próximo gobierno vasco, anunció ayer que los socialistas anularán las ayudas para visitar a presos de ETA, unas ayudas que su partido hizo posible al votar a favor del conjunto de los Presupuestos de Ibarretxe que las incluían.

Socialistas y populares, que hoy volverán a reunirse para concretar las bases de acción del futuro gobierno vasco, coincidieron ayer en un mensaje inequívoco contra la concesión de subvenciones públicas a quienes apoyan al terrorismo, si bien, en el caso de los socialistas, ese mensaje supone un cambio, puesto que sin sus votos esas ayudas no hubieran sido posibles.

Fue, no obstante, un voto sin convicción, puesto que previamente los socialistas vascos escenificaron un distanciamiento de esta medida al presentar una enmienda parcial a esta partida, que fue rechazada, lo cual no les impidió votar a favor finalmente al respaldar el conjunto de los presupuestos.

La situación es diferente ahora y en temas de lucha contra el terrorismo y de acabar con la normalidad en la que se desenvuelve el entorno etarra en el País Vasco, con subvenciones públicas, la sintonía es total en las negociaciones que mantienen socialistas y populares.

El secretario de Organización del PSE criticó ayer con dureza la decisión del consejero de Justicia del ejecutivo de Ibarretxe de poner en marcha el mecanismo para la concesión de las ayudas para visitar a presos etarras. Según Ares, la orden ha sido adoptada «con una celeridad inusual, intentando adelantar la entrega de estas ayudas, en contraste con las fechas manejadas por el Departamento de Justicia en ejercicios anteriores».

Para el dirigente socialista ésta es una de las decisiones que está tomando el gobierno en funciones de Ibarretxe «con el fin de hipotecar y condicionar la acción del nuevo Gobierno», algo que, según dijo, no va a conseguir, puesto que los socialistas «revisarán todas aquellas decisiones gubernamentales que se están tomando con el ejecutivo en funciones».

«Una orden puede anularse con otra orden y con el nuevo gobierno de Patxi López no habrá ayudas para visitar a los familiares de presos de ETA», dijo Ares.

Para el dirigente socialista, acabar con esas subvenciones, «que hieren profundamente la sensibilidad de las víctimas de ETA, es una exigencia democrática que no se puede aplazar, entre otras razones porque es un ingrediente fundamental de la deslegitimación ética, social y política del terrorismo que nos proponemos llevar a cabo desde el Gobierno del cambio».

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, también dejó claro que el nuevo gobierno vasco, al que respaldarán los votos de su partido, acabará con la «vergüenza» de las ayudas públicas para familiares de presos. «Se va a acabar el «chollo» que tiene ETA con este tipo de gobiernos que le subvenciona y que le dan minutos en las televisiones públicas», señaló el dirigente popular.

A diez días de las elecciones en el País Vasco, la encuesta realizada en exclusiva por Celeste-Tel para Terra refleja la férrea posición que el PNV mantiene entre el electorado vasco. El sondeo muestra que la opción representada por Juan José Ibarretxe sigue siendo la preferida. Según los datos, Ibarretxe es el líder vasco mejor valorado por los electores y el PNV sería el partido más votado el 1 de marzo. La mayor parte de los encuestados también considera que Ibarretxe será el próximo Lehendakari.

El PNV aventaja al resto de grupos en intención de voto.

El sondeo realizado por Celeste-Tel en exclusiva para Terra destaca la ventaja de 6,4 puntos del PNV/EAJ sobre el resto de los grupos que concurren a las elecciones autonómicas vascas del próximo 1 de marzo.

El PNV obtendría el voto del 34,9% del electorado. El 29,70 % de los votantes mayores de 65 años optaría por este grupo. Con un 17,77 %, los electores entre 18 y 30 años constituyen el grupo que menos se decantaría por la opción representada por Juan José Ibarretxe.

El PSE-EE obtendría un total de 28,5 % de los votos, siendo el partido que concentraría el voto joven. El PP sería la tercera fuerza más votada, con un 14,9 %. En cuarto lugar se hallaría la izquierda abertzale, que obtendría un 9,5% del resultado total. Los jóvenes entre 18 y 30 años serían los votantes potenciales de estos grupos, con un 9,94%.

Mientras que el mayor índice de abstención (un 35,54%) se situaría en el grupo de edad entre los 18 y los 30 años, los mayores de 65 serían los que más irían a las urnas.

En lo que a la calificación de la gestión de Ibarretxe se refiere, un 34% de los encuestados considera que ha sido regular. Un 31,9% afirma que ha sido buena y un 27% sostiene que ha sido mala. Los más críticos con la gestión del actual Lehendakari son los electores que se encuentran entre los 18 y 30 años (38,9% la considera regular). En el lado contrario, un 34,1% de los encuentados comprendidos entre los 45 y los 64 años y un 34,2% de de los mayores de 65 años la califican de buena. El 30,8% de los mayores de 65 años consideran que Ibarretxe ha llevado a cabo una mala gestión del gobierno.

Preguntados por quién creen que será el próximo Lehendakari, una amplia mayoría (62,6%) se decanta por Juan José Ibarretxe, que obtendría más del 60% de los votos en todas las muestras de edad. Un 66,2% de los mayores de 65 años se inclinan por la opción representada por el dirigente del PNV. El 10,3% de los encuestados votarían al representante de otra formación política.

Entre las preferencias de los encuestados, Juan José Ibarretxe (36,5%) se sitúa por encima de Patxi López (23,8%)y del resto de candidatos (18,8%). Los mayores de 65 años se decantan en un 42,1% por el actual Lehendakari, opción que también es contemplada como mayoritaria por los jóvenes de 18 a 30 años. En el supuesto de que ningún partido alcanzase la mayoría absoluta, la fórmula preferida por el 34,9% de los encuestados sería la representada por la coalición entre el PNV y el PSE. Esta es la favorita del 38,1% de los electores entre 45 y 64 años y de la mayoría de los jóvenes(29,8%). La segunda de las opciones mejor valoradas es el tripartito (un 19,5%), mientras que la colación PSE y PP obtiene el 13,9%.

El actual Lehendakari roza el aprobado.

Ninguno de los candidatos a Lehendakari obtiene el aprobado de los electores. Juan Jose Ibarretxe es el mejor valorado con un 4,9 sobre 10. Su electorado más fiel lo constituyen los mayores de 65 años, que le otorgan un 5,1. Patxi López se queda a tres puntos del aprobado con un 4,7.

Una décima separa a López del candidato de Ezker Batua-Berdek Javier Madrazo, que obtiene un 3,7. Le siguen Unai Ziarreta de Eusko Alkartasuna (3,6) y Antonio Basagoiti del PP vasco, que es el candidato peor valorado con un 3,5.

El Gobierno cumplió ayer sus reiteradas amenazas contra la izquierda abertzale y aprovechó la sesión del Consejo de Ministros para instar a la Abogacía del Estado a que impida la participación en las elecciones vascas del 1 de marzo de la plataforma Democracia 3 Millones (D3M) y de Askatasuna e ilegalice a este último partido. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado han encontrado vinculaciones entre D3M y Askatasuna con la ilegalizada Batasuna o sus marcas sucesoras, lo que debe impedir su participación electoral y favorece la ilegalización de Askatasuna, de acuerdo con la Ley de Partidos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la sentencia de ANV. En el caso de D3M existen numerosas vinculaciones con Batasuna ya que muchos de los integrantes de sus listas también lo fueron de anteriores marcas de Batasuna.

Más complejo resulta el caso de Askatasuna ya que la inmensa mayoría de sus candidatos no tienen vinculaciones con anteriores listas ilegalizadas. No obstante, el Ministerio del Interior sostiene que dispone de pruebas suficientes como para que se proceda contra ella. Son básicamente tres: la similitud de los estatutos de Askatasuna con Euskal Herritarrok (la marca con la que Batasuna participó en las elecciones autonómicas de 1998 y 2001), las vinculaciones con Batasuna de los promotores que registraron Askatasuna como partido en 1998, y las también vinculaciones con Batasuna de la candidatura que este mismo partido presentó a las elecciones vascas de 2001.

Los cinco artículos de los estatutos de Askatasuna -en los que hace referencia a quiénes pueden participar en el partido; su forma de organización; la forma interna de elección y los órganos rectores- son prácticamente un calco de los de Euskal Herritarrok.

Asimismo, dos de los promotores de Askatasuna, inscrita como partido en el registro del Ministerio del Interior en agosto de 1998, participaron en candidaturas de la marca Batasuna: Manuel García Centoira fue representante de Euskal Herritarrok en Llodio (Álava) e integrante de la candidatura Laudio Aurrera, ilegalizada en 2003; y Francisco Javier Arzuaga fue candidato de Herriaren Zerrenda, también anulada por los tribunales en las elecciones europeas de 2004.

En cuanto a las listas que presentó Askatasuna en las elecciones de 2001, figuran candidatos que lo fueron de candidaturas ilegalizadas en las elecciones municipales posteriores de 2003 y 2007. Uno de ellos es Jokin Aranalde, detenido en 2002, acusado de colaborar con ETA y promotor de Euskal Herritarrok. Otro integrante fue Goyo Acero, presentado 11 veces en distintas marcas de Batasuna.

Nafarroa Bai ha considerado ‘una decisión fundamentalmente política’ la resolución del Tribunal Constitucional, que ha confirmado hoy la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), por su relación con la banda terrorista ETA y Batasuna.

A través de un comunicado, el portavoz de NaBai Maiorga Ramírez ha expresado su postura ante la decisión del Constitucional, y ha afirmado que con ‘la teoría de la Ley de Partidos’, cualquier fuerza política, ‘incluso el propio PSOE a cuenta de los GAL, podría haber sufrido un proceso de ilegalización’.

Para Ramírez, decisiones como la del Tribunal Constitucional, ‘dejan a miles de ciudadanos sin representación, y eso genera un enorme problema de déficit democrático en cualquier sociedad’.

Asimismo, ha subrayado que la ilegalización de partidos ‘alienta además a los sectores más radicales de la sociedad e introduce problemas en la convivencia política y social, haciéndola más difícil’.

A juicio del parlamentario, la decisión tomada sobre ANV, ‘no es una solución ni una buena noticia para la democracia, sino todo lo contrario’.

Por ello han instado al PSOE a que ‘deje de jugar con los derechos civiles y políticos de la ciudadanía’, y le ha recordado que en las elecciones de 2007, ‘que por su actitud interesada y junto a la Judicatura las listas de ANV fueron aceptadas en unas localidades sí y otras no’, lo que se llevó a cabo fue ‘una situación totalmente atípica e inaceptable en una verdadera democracia’.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer que las Fuerzas de Seguridad del Estado han hallado “vinculaciones claras” entre las dos candidaturas que la izquierda abertzale ha presentado para las elecciones vascas del 1 de marzo (D3M y Askatasuna) y la ilegalizada Batasuna y los partidos que intentaron sucederla (PCTV y ANV), también anulados por el Tribunal Supremo.

“Son las instancias judiciales las que tienen que valorar estas vinculaciones, pero puedo afirmar que Policía y Guardia Civil han encontrado vinculaciones entre las dos candidaturas [y las formaciones ilegalizadas]“, resaltó el ministro en un acto oficial en el cuartel del instituto armado en Las Rozas (Madrid).

Rubalcaba insistió en que la investigación, que se está realizando “a fondo”, no ha concluido todavía, por lo que “es probable que haya más vinculaciones”, hasta el momento no conocidas.

El Boletín Oficial del País Vasco publicó ayer la relación de las 39 candidaturas presentadas a los comicios (16 en Vizcaya, 12 en Álava y 11 en Guipúzcoa). Un repaso de las mismas permite comprobar que las listas de Democracia 3 Millones (D3M) -que en cada una de las tres provincias concurre con un nombre ligeramente diferente- se hallan cuajadas de candidatos que han tenido en el pasado relación con listas o cargos públicos de las formaciones ilegalizadas de la izquierda abertzale. Incluso figuran personas detenidas por su vinculación con ETA. Frente a estas relaciones claramente contaminadas, los nombres de Askatasuna son menos conocidos.

La lista de D3M en Vizcaya lleva como primera candidata a Itziar Lopategi, portavoz de varias plataformas electorales anuladas por los tribunales en comicios precedentes. El siguiente en la papeleta es Julen Aginako, histórico dirigente de HB, de cuya Mesa Nacional llegó a formar parte. Y el tercer puesto corresponde a Olatz Caminos Uribe, detenida en noviembre de 2000 por colaboración con el comando Vizcaya que encabezaron los liberados (a sueldo) de ETA Asier Carrera e Igor Martínez de Osaba. Entre los 22 nombres restantes de la papeleta, sin contar a los suplentes, al menos seis tienen vínculos constatables y de diferentes tipos con la izquierda abertzale.

En Guipúzcoa, abren su papeleta Idoia Ibero, candidata de una lista anulada de ANV en las pasadas forales; Juan Manuel Erasun, ex alcalde de Zizurkil por EH, e Itziar Aizpurua, histórica dirigente de HB. Otros once nombres están contaminados, incluyendo a la actual alcaldesa de ANV en Bergara, Agurne Barruso; una ex presa de ETA y Álvaro Reizabal, conocido abogado de presos de ETA, entre ellos Iñaki de Juana Chaos.

Finalmente, la lista de D3M en Álava está encabezada por Amparo Lasheras, encarcelada por orden del juez Garzón en la última operación contra la reconstrucción de Batasuna. Le siguen Iñaki Ullibarri, concejal de HB en Vitoria hace una década, y Elixabete Etxebarria, candidata de una lista de la izquierda abertzale en las últimas elecciones municipales.

Al menos otros 13 de los 22 nombres restantes tienen relación evidente con formaciones ilegalizadas, incluyendo dos actuales concejales de ANV, un ex miembro de la Mesa Nacional de HB y una detenida en una operación contra colaboradores de ETA.

Los cabezas de lista de Askatasuna, sin vínculos tan evidentes con las formaciones ilegalizadas, son Daniel Campo Urquidi (Vizcaya), José Manuel Leunda (Guipúzcoa) y Juan José Basterra Respaldiza (Álava).

Los plazos legales establecen que la Fiscalía y la Abogacía del Estado podrán impugnar las listas los días 4 y 5 de febrero. El Supremo debe resolver entre el 6 y el 7. Las candidaturas impugnadas podrán recurrir al Constitucional, que deberá dictar sentencia antes del inicio de la campaña electoral el 12 de febrero.