España retrocede casi diez puestos en la clasificación mundial sobre el estado de la libertad de prensa que elabora cada año la organización Reporteros Sin Fronteras.

Este año, la organización llama la atención sobre el retroceso de la libertad de prensa en Europa y advierte sobre los abusos que se cometen en países como Italia o España, que ha pasado de ocupar el puesto 36º al 44º. Reporteros Sin Fronteras denuncia, en particular, el hecho de que en nuestro país los periodistas todavía se vean amenazados físicamente.

Europa fue durante mucho tiempo ejemplar en materia de respeto a las libertades públicas, pero cada año tiene que lamentar una constante pérdida de posiciones, a pesar de que los trece primeros puestos siguen ocupados por países europeos. Las jóvenes democracias africanas (Mali, Gana) y latinoamericanas (Uruguay) ganan el terreno perdido por Europa.

“¿Cómo denunciar las violaciones cometidas en el mundo si no actúan de forma irreprochable en su propio terreno?”, se pregunta Jean-François Julliard, Secretario General de Reporteros Sin Fronteras.

El efecto Obama en Estados Unidos.

La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca da un impulso a Estados Unidos, que ha remontado 20 puestos, pasando del 40º al 20º.

El informe señala que la actitud menos belicosa de Obama con respecto a la prensa ha tenido mucho que ver en este ascenso. Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras hace una crítica velada a la concesión a Obama del premio Nobel de la Paz, ya que recuerda que su país sigue participando en dos guerras.

Además, a pesar de una ligera mejora de la situación, la actitud de Estados Unidos respecto a los medios de comunicación en Irak y Afganistán es calificada como “preocupante”. Varios periodistas fueron heridos o detenidos por el ejército estadounidense.

Israel: operación capa de plomo para la prensa.

La operación militar “Plomo fundido” en la que Israel bombardeó la Franja de Gaza tiene su reflejo en la prensa.

Israel pierde 47 puestos y llega a ser el 93º de la clasificación, lo que hace hace que deje de ser el primer país de Oriente Medio, quedándose detrás de Kuwait (60º) y de los Emiratos Árabes Unidos (86º).

Reporteros Sin Fronteras denuncia que, en territorio de Israel, se han producido este año cinco arrestos, a veces fuera de cualquier marco legal, y tres encarcelamientos de periodistas. Además, la censura militar ha sido aplicada a todos los medios de comunicación.

El balance de la guerra es desolador: unos 20 periodistas fueron heridos en la Franja de Gaza por las fuerzas armadas israelíes y tres fallecieron mientras cubrían el conflicto.

Irán a las puertas del trío infernal.

Contrarrestando el primer puesto que ostenta Dinamarca, Turkmenistán (173º), Corea del Norte (174º), y Eritrea (175) siguen aferrados al final de la lista.

Este año, Irán se une a ellos. Los periodistas han sufrido más que nunca la política represiva del presidente iraní,  Mahmud Ahmadineyad. Su discutida reelección sumió el país en una auténtica crisis en la que periodistas y blogueros sufrieron persecuciones constantes.

El panorama de la libertad de prensa de Irán durante 2009 podría resumirse en censura previa y automática, vigilancia de los periodistas por el Estado, malos tratos, periodistas obligados a huir del país, arrestos ilegales y encarcelamientos.

La etarra Maite Aranalde ha abandonado la cárcel de Soto del Real (Madrid) pasadas las 20,15 horas de hoy después de haber abonado la fianza de 12.000 euros que ayer le impuso el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, han informado la fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Aranalde Ijurco, extraditada por Francia el pasado martes para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al “comando Donosti” de ETA, deberá comparecer semanalmente en comisaría y no podrá abandonar el territorio nacional, por lo que el juez le ha retirado el pasaporte.

Pese a estar acusada en España en varios procesos judiciales, la etarra ha abandonado la prisión madrileña ya que Francia de momento sólo ha concedido su extradición por la causa en la que se la imputa el delito de tenencia de explosivos, por la que previsiblemente será absuelta, ya que la Audiencia Nacional declaró inocente en 2007 a un coimputado, Iker Olabarrieta, al que se atribuían los mismos hechos.

Esa es la razón por la que Velasco rechazó ayer adoptar contra ella una medida cautelar más contundente como sería la prisión provisional, que sí podría haberse acordado en otra de las causas en las que está imputada -la colocación de varios artefactos explosivos en gasolineras de Madrid en plena operación salida del puente de la Constitución en 2004- de haber llegado la documentación de Francia.

La Audiencia Nacional está ahora a la espera de que las autoridades francesas resuelvan la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada contra la etarra por estos hechos, momento en el que sería citada de nuevo ante el juez y previsiblemente la Fiscalía pedirá su ingreso en prisión.

Prohíben el acto de bienvenida en Ibarra.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha prohibido el acto de bienvenida convocado para esta tarde en Ibarra con motivo de la puesta en libertad de la etarra Maite Aranalde, extraditada por Francia el pasado martes y que hoy quedará en libertad tras abonar una fianza de 12.000 euros.

Moreno, que se encuentra de guardia esta semana, ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que esta mañana ha pedido la prohibición del acto al considerar que estaba organizado por la formación ilegalizada Askatasuna y que “se enmarca en el objetivo de la directriz de ETA de tributar homenajes a sus militantes con ocasión de su excarcelación”. El magistrado asume los argumentos del Ministerio Público y considera que de celebrarse dicho acto se estaría cometiendo un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Según el escrito de la Fiscalía, del informe aportado por la Policía se desprende que el homenaje convocado en la localidad natal de la etarra supera los fines constitucionales de los actos de reunión y manifestación puesto que tienen, “como única pretensión”, enaltecer a personas que han cometido delitos terroristas, lo que supone un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado al juez Moreno que prohibiera este acto de bienvenida para la etarra Maite Aranalde convocado para esta tarde en Ibarra. En un escrito dirigido al Juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, la fiscal Susana Landeras explicaba que este acto de homenaje había sido organizado por la formación ilegalizada Askatasuna.

En la petición se entendía que esta convocatoria “se enmarca en el objetivo de la directriz de ETA de tributar homenajes a los militantes de ETA con ocasión de su excarcelación, homenajeándoles por su contribución a la ‘lucha’”. Según la fiscal, del contenido del informe aportado por las fuerzas de seguridad se desprende que el homenaje convocado para esta tarde en la localidad natal de la etarra supera los fines constitucionales de los actos de reunión y manifestación puesto que tienen, “como única pretensión”, enaltecer a personas que han cometido delitos terroristas.

Aranalde ha abonado su fianza en torno a las 12.00 horas, por lo que el magistrado ya ha dictado un auto en el que decreta la libertad de la terrorista. No obstante, Velasco le impone como medidas cautelares la obligación de comparecer semanalmente en la comisaría más próxima a su domicilio, la retirada de pasaporte y la prohibición de abandonar España.

Esta situación ha sido posible después de que este mismo juez decretase ayer la condición de prisión eludible bajo 12.000 euros de fianza para la etarra. La Audiencia Nacional se vio impedida a adoptar la prisión incondicional que solicitaba la Fiscalía debido a que, entre la información aportada por Francia, no se incluye su participación en un múltiple atentado sin víctimas en 2004. En cualquier caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá mañana la decisión del juez Eloy Velasco y ha propuesto que la Policía la vigile permanentemente.

En Francia ya cumplió condena.

Aranalde fue detenida hace cuatro años en Francia, donde fue condenada por asociación de malhechores (integración en organización terrorista). Una vez cumplida su condena, fue entregada de manera definitiva a España, donde la Audiencia Nacional la reclamaba por varias causas pendientes por las que se habían remitido al país galo las correspondientes Ordenes Europeas de Detención.

El juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el juez Baltasar Garzón, la reclamaba por el delito de tenencia de explosivos. Además, el Juzgado Central de Instrucción número 1 del que es titular el juez Santiago Pedraz, la solicitaba por un delito de estragos terroristas, concretamente, por su presunta colaboración en la colocación de varios artefactos explosivos en distintas gasolineras durante la ‘operación salida’ del puente de la Constitución de 2004.

Según fuentes jurídicas, su participación en aquel múltiple atentado de diciembre de 2004 ya sería suficiente para acordar la prisión incondicional de la terrorista, pero el problema estriba en el hecho de que Francia tan sólo ha remitido en sus respuestas a las Ordenes Europeas de Detención solicitadas la información relativa al delito de tenencia de explosivos sin hacer mención ninguna a los estragos.

La ausencia de esta información impidió al juez Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno (quien sustituye a Pedraz al encontrase de vacaciones) adoptar la situación de prisión incondicional para la terrorista al no haber sido entregada por esta causa.

De este modo, el juez Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco (quien sustituye a Garzón) tan sólo tuvo que decidir sobre la tenencia de explosivos por la que fue extraditada. En ese sentido, y en contra de la prisión incondicional que le solicitó la Fiscalía, el juez adoptó prisión eludible bajo 12.000 euros de fianza. Según fuentes jurídicas, Velasco ha tenido en cuenta que por la tenencia de explosivos ya fue absuelto en similares condiciones su compañero sentimental.

El recurso de la Fiscalía.

La Fiscalía recurrirá mañana la decisión del juez Velasco de imponer a Maite Aranalde 12.000 euros de fianza para eludir la prisión y además pedirá al juez que imponga mayores medidas de seguridad para garantizar que la miembro de la banda terrorista no huya del terroritorio español una vez que abandone hoy la prisión de Soto del Real.

El Ministerio Público pedirá al magistrado que ordene prisión provisional para la etarra por la comisión del delito de tenencia de explosivos que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 y sobre el que decidió ayer Velasco en sustitución de Baltasar Garzón, que se encuentra de vacaciones. Además, solicitará la imposición de vigilancia policial permanente para evitar la huída de Aranalde de España. La Fiscalía recuerda que la etarra fue detenida en Francia, adonde había escapado cuando formaba parte del comando K-Zelatun lo que podría facilitar que lo hiciera de nuevo. Pide también que las comparecencias impuestas sean diarias, en lugar de semanales.

Ambos recursos serán de reforma subsidiarios de apelación, por lo que es probable que la decisión final sea adoptada por la Sala de lo Penal.

El portavoz del Gobierno de Navarra y consejero de Relaciones Institucionales, Alberto Catalán, ha afirmado que el gabinete de Miguel Sanz no comparte la idea de que se pueda mantener en el currículo educativo vasco el término Euskal Herria.

Esta mañana la consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, ha indicado que no se suprimirá el término “por la sencilla razón de que Euskal Herria existe, es el país del euskera y es un territorio de cultura y lengua común que compartimos los vascos”, aunque ha puntualizado que sí se va a “precisar” qué significa y no se definirá como “una entidad jurídico administrativa”.

A pesar de esta aclaración, Catalán ha recordado que la inclusión del término Euskal Herria en el currículo educativo vasco motivó en su día la presentación de un recurso ante los tribunales por parte del Gobierno de Navarra y éste “seguirá adelante” si no ve adecuada la decisión final del Ejecutivo vasco.

Pero “no nos pongamos la venda antes de la herida”, ha dicho en conferencia de prensa Catalán, quien ha destacado que la relación entre el Gobierno de Navarra y el de la Comunidad Autónoma Vasca es, desde el acceso del PSE a la Lehendakaritza, “mucho más fluida y mucho más directa de lo que se había dado hasta ahora”.

“Eso puede permitir el entendimiento pero sin hacer ninguna cesión por parte de Navarra a lo que es la realidad política, social e institucional de esta comunidad”, ha señalado.

Y al respecto Catalán ha añadido, al ser preguntado si el Ejecutivo foral admitiría Euskal Herria como concepto cultural, que “el Gobierno va a mantener su firmeza en algo tan elemental y tan básico para Navarra como es su identidad y todos los aspectos vinculados con la misma” y por lo tanto, si las modificaciones en el currículo educativo vasco “no satisfacen esta necesidad, el Gobierno seguirá manteniéndolo en los tribunales”.

Además ha adelantado que el gabinete de Miguel Sanz en esta materia “no caerá en ningún tipo de ambigüedad o demagogia a la hora de utilizar términos” y por ello ha asegurado que el Gobierno de Navarra, sin que “quepa ninguna duda”, mantendrá “el criterio que ha venido manteniendo hasta ahora”.

El Gobierno de Navarra ha perdido el pulso. Ayer se conoció que el Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso presentado por el Ejecutivo que lidera Miguel Sanz y ha confirmado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) por la que se anularon varios artículos del Decreto Foral 29/2003 sobre el uso del vascuence en las Administraciones Públicas de Navarra. Así, se termina un largo proceso judicial que se inició hace cinco años y el euskera tendrá más uso e importancia en la Administración de lo que pretendía el Gabinete navarro.

El TS confirma que algunos contenidos de ese Decreto exceden la protección que se otorgó al euskera en la ley foral del vascuence de 1986. Más en concreto, el Supremo ratifica, entre otros, la nulidad del artículo que establecía que «las notificaciones dirigidas desde los servicios de la Administración foral con sede en la zona mixta a personas físicas y jurídicas de la zona vascófona se realizarán en castellano, salvo que los interesados soliciten expresamente la utilización del vascuence, en cuyo caso podrán realizarse en forma bilingüe».

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra expuso en sentencia dictada en junio de 2004 que la ley del vascuence era «clara» en el sentido de que los ciudadanos residentes en la zona vascófona debían recibir las comunicaciones tanto en euskera como en castellano y sostuvo que ello no debía depender del lugar en el que se ubicara la sede de la Administración foral.

En respuesta al recurso presentado por el Gobierno de Navarra, el Tribunal Supremo expone que el TSJN «se ha limitado a interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico pertinentes, concluyendo en la valoración sobre la legalidad del Decreto Foral impugnado, pronunciándose sobre el alcance y legalidad de los preceptos en cuestión y declarando los efectos correspondientes de nulidad».

Euskera en las oposiciones Otros de los artículos cuya nulidad confirma el Supremo hace referencia a la valoración del euskera como mérito en las convocatorias de la Administración en las zonas vascófona y mixta de Navarra. En concreto, se confirma la anulación del artículo que establecía que, en los casos en los que el conocimiento del vascuence fuera valorado como mérito cualificado entre otros, «el porcentaje que tal valoración suponga de incremento en relación con la puntuación que se aplique como mérito al conocimiento del francés, inglés o alemán, lenguas de trabajo en la Unión Europea, no podrá en ningún caso ser superior al 10 por ciento de la misma y se especificará la cuantificación concreta en la convocatoria correspondiente». Asimismo, el Tribunal Supremo también anula un artículo que establecía que «la valoración del conocimiento del vascuence como mérito en la zona mixta, cuando así sea considerado, en ningún caso será superior en un 5 por ciento a la puntuación que se aplique en la consideración de mérito para el conocimiento del francés, inglés o alemán, lenguas de trabajo en la Unión Europea, y se especificará la cuantificación concreta en la convocatoria correspondiente».

La izquierda abertzale ilegalizada, tal como se preveía, pidió ayer a sus seguidores que voten en las elecciones europeas a la candidatura de Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP), que ha podido concurrir después de que el Tribunal Constitucional revocara su anulación en primera instancia por el Supremo. Lo anunció ayer en San Sebastián el ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, acompañado de dos dirigentes de formaciones ilegalizadas, Itziar Lopategi (D3M) y Miren Legorburu (ANV).

Pese a puntualizar que la candidatura que encabeza el dramaturgo Alfonso Sastre “no es nuestra”, Otegi manifestó, eligiendo cuidadosamente las palabras, que “recoge buena parte de los planteamientos” del mundo de Batasuna sobre la “situación que vive Euskal Herria” y la necesidad de “una solución pacífica y democrática al conflicto”.

El esperado pronunciamiento de la izquierda abertzale ilegalizada pidiendo el voto para II-SP puede recrudecer la polémica por la sentencia garantista del Tribunal Constitucional, que consideró insuficientemente fundamentadas las pruebas estimadas por el Tribunal Supremo para impedir la concurrencia de esa candidatura a las elecciones. El Constitucional estimó el jueves que, pese a los indicios aportados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado sobre las relaciones entre la izquierda abertzale y el conglomerado de grupos extraparlamentarios de izquierda que impulsaron dicha lista, no quedaba acreditado de forma suficiente que hubiera, según marca la Ley de Partidos, una continuidad entre ésta y las organizaciones anteriormente anuladas por su integración en ETA.

Las fuerzas de seguridad del Estado ya tenían indicios de que el mundo de Batasuna podría volcar sus votos en la candidatura encabezada por Alfonso Sastre y Doris Benegas si lograba salir adelante. De hecho, esta convicción pesó en la decisión del Gobierno de instar la ilegalización de la lista, pese a ser consciente de que las pruebas reunidas no eran tan consistentes como en los procesos anteriores.

Sin embargo, el hecho de haber conseguido concurrir a las urnas el 7-J no asegura que II-SP obtenga un escaño en el Parlamento Europeo, que ocuparía en ese caso Doris Benegas. Aunque la baja participación podría favorecer sus intereses, se estima que tendría que recibir un mínimo de 250.000 votos, una cifra difícil de conseguir con el desfondamiento de la izquierda abertzale que no condena a ETA.

En su comparecencia de ayer en un hotel de San Sebastián, Otegi vino a sugerir que Batasuna realizó gestiones con otras “formaciones independentistas” de toda España para ir con ellas a las elecciones europeas “para cambiar la relación de fuerzas con respecto a los dos Estados [España y Francia]“. Al no encontrar eco en esta propuesta y tener la “puerta cerrada” a la participación descubierta y sin disfraces, han decidido apoyar la lista de II-SP. No obstante, con el fin de evitar cualquier indicio de instrumentalización previa, Otegi puntualizó que el respaldo de la izquierda abertzale se ha decidido tras la invitación expresa hecha el viernes por los representantes de II-SP, que aseguraron que la coalición estaría “completamente satisfecha” de recibir el apoyo de los votantes de la ilegalizada Batasuna.

La portavoz del grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer que el apoyo de Otegi a la lista de Sastre “es la prueba más clara” de la vinculación de esta lista con la banda terrorista ETA.