Julen Larrinaga y Josu Beaumount, condenados por la sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a penas de ocho años de prisión por integración en organización terrorista al pertenecer a Gestoras Pro Amnistía, comparecieron ayer en rueda de prensa en San Sebastián para denunciar que la sentencia condenatoria «convierte la crítica política en un delito de terrorismo». Ambos afirmaron que el auto «define que la crítica política a la violencia del Estado, a la tortura o a la represión, es una función terrorista».

Por su parte, Beaumont reprochó que la Audiencia Nacional haya decretado que «una organización de masas y popular de reconocida trayectoria pública en los 30 años en Euskal Herria» sea una «organización terrorista».

A su juicio, el fallo supone «un salto cualitativo» en la teoría del juez Baltasar Garzón de «todo es ETA», ya que, a partir de ahora, « Gestoras, que no es ETA ni es Ekin, se convierte en una organización terrorista» porque «con sus denuncias subvierte el orden constitucional». Además, consideró que, en la sentencia, se recoge «una tergiversación de la historia insultante» porque «Gestoras nunca nació de ETA».

Mientras tanto, los dos ediles elegidos por ANV en el Ayuntamiento de Pamplona abandonaron ayer el pleno municipal tras negarse a retirar una pancarta que habían colocado para pedir, en euskera, el respeto a la voluntad popular de Euskal Herria.

Por su parte, el alcalde de Urretxu, Iñaki Zabala, miembro de Acción Nacionalista, aseguró que el funcionamiento en los más de 40 municipios gobernados por su partido será «prácticamente el mismo» tras su ilegalización.