Una jornada de infarto en los tribunales logró ayer dejar a ANV sin altavoz político y fondos públicos. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón suspendió las actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en euskera) por un periodo de tres años al considerar a ambos partidos sucesores de la ilegalizada Batasuna. El Tribunal Supremo no fue tan lejos, pero sí anuló las subvenciones que reciben e impidió a ANV (única sigla aberzale que había presentado candidaturas) concurrir el 9-M. El alto tribunal seguirá dirimiendo en los próximos meses sobre la ilegalización de ambas.

La situación de ayer recuerda, en parte, a la ocurrida en agosto del 2002, cuando Garzón decidió la suspensión de Batasuna tan solo unas horas antes de que el Congreso instara su ilegalización. Ayer, la noticia de que el magistrado había paralizado a ANV y EHAK se conoció por boca del abogado del Estado, Manuel Pacheco, cuando pronunciaba sus alegatos a favor de esta medida no en la Audiencia, sino en las vistas celebradas en el Supremo para dirimir también sobre esta posibilidad. La fiscalía había recurrido en los últimos días a las dos alternativas posibles, la Sala del 61 del Supremo, a través de la ley de partidos, y a Garzón, por la vía penal, para impedir que los sucesores de Batasuna se presentasen a las legislativas.

LA DELIBERACIÓN.

El abogado del Estado introdujo una novedad respecto a su demanda inicial. Solicitó al Supremo la expulsión total de ANV y EHAK, de forma que se paralice a los partidos y también a sus grupos en el Parlamento y los ayuntamientos, a lo que el fiscal y finalmente los magistrados se opusieron. La deliberación de estos comenzó al termino de las vistas. En un principio, un grupo de jueces era partidario de no acceder a las suspensiones puesto que ya lo había acordado Garzón. Pero tras un receso, se votaron una a una las peticiones y, por nueve votos frente a siete, se acordó impedir que sigan recibiendo subvenciones y que ANV se presente a las elecciones, según fuentes del tribunal.

Después de todo, estas eran las únicas medidas urgentes. A partir de ahora, el Supremo seguirá con el proceso de ilegalización, pero sin las prisas impuestas por los inminentes comicios. Las mismas fuentes añadieron que la Sala del 61 hará hoy públicos sus argumentos.

Garzón, por su parte, en dos autos de más de 200 páginas cada uno, concluyó que tanto ANV como EHAK “se han convertido en un instrumento político en manos de Batasuna y en un medio económico para nutrir a sus dirigentes y cumplir con los fines de ETA”. Según el juez, el “objetivo último” era dotar a la banda de “una vía de legitimación y de un instrumento de desestabilización política e institucional”.

El juez acusa a los responsables de ANV y EHAK de colaborar pero no de pertenecer a ETA. En su opinión, pese a la “extrema gravedad” de sus actuaciones, no se ha podido acreditar que existan relaciones de subordinación y reparto de funciones propias de la organización terrorista. Aún así, advierte de que su instrumentalización por Batasuna “casi les hace poner el pie en el umbral de la integración” en la banda y avisa de que, si hasta ahora no lo habían hecho, ha sido por la presión judicial.

35 PRUEBAS.

Garzón resume en 35 pruebas los vínculos entre ANV y EHAK y Batasuna. Entre ellas, que tenían una caja única, que “la práctica totalidad” de la mesa nacional del partido ilegalizado percibía fondos de EHAK y que ANV no solo financió múltiples ruedas de prensa de Batasuna, sino que sus argumentos fueron “dictados” por dirigentes batasunas. Por último, el juez aseguró que no actúa por motivos electorales, sino para impedir que ambos partidos continúen delinquiendo.

El Gobierno puede respirar tranquilo, porque el PP ya no le podrá reprochar no haber hecho lo posible para impedir la presencia de ETA en los comicios. Fuentes del Gobierno se mostraron satisfechas con la decisión de Garzón y el Supremo.