Los 27 acusados de Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna -colectivos de apoyo a presos etarras- prestaron declaración ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el marco del sumario 33/01 que arrancó ayer. Bajo un patrón idéntico y sometidos a una misma disciplina, los responsables del llamado «frente de makos» desafiaron al tribunal desde el primer momento.

Fue el máximo dirigente del grupo, Juan María Olano (en libertad desde el 7 de marzo) quien rompió el hielo negándose en vascuence a contestar tanto a las preguntas del fiscal Carlos Bautista -le acompañó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza- como a las de la acusación popular, ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Sólo a interpelación de su defensa, Olano, que reconoció haber actuado como «cara visible» de Gestoras, aprovechó su intervención para exigir «diálogo y negociación» y lanzarle un mensaje al lendakari, Juan José Ibarretxe: «¿Quién tiene miedo al ejercicio del derecho a la autodeterminación? Nosotros no», dijo. Acto seguido, se ensañó con el tribunal, que estuvo presidido por la magistrada Teresa Palacios, y señaló que «la Audiencia Nacional está a miles de kilómetros de la imparcialidad». «La sentencia ya está escrita, por lo que renuncio a mi defensa y a participar en esta farsa», concluyó.

La línea estratégica de prescindir de sus abogados, marcada por Olano, fue seguida por el resto de acusados sin cortapisas. Así, el responsable del área de bases democráticas de Gestoras, Joseba Gotzon Amaro (imputado por colaboración con banda armada en 2005 y miembro del PCTV), también atacó la independencia de este órgano judicial y afirmó que su «castigo ya lo tiene firmado el PSOE». La Fiscalía solicita en su escrito de calificación para cada uno de los 27 acusados diez años de cárcel como autores de un delito de integración en organización terrorista.

También se desmandó en cargar contra la Administración de Justicia y el Gobierno socialista (sin ser interrumpida por ello por parte del tribunal) María Teresa Díaz de Heredia, responsable de Gestoras en Álava y única procesada en prisión, tras su detención el pasado mes de octubre en la operación de Segura (Guipúzcoa) contra la cúpula de la ilegalizada Batasuna. Díaz de Heredia dijo que no contestaba a las preguntas del fiscal porque éste «representa al Estado que ahora nos juzga después de desaprovechar la oportunidad del «proceso»». Bautista salió al quite y le respondió que «esa función le corresponde al Abogado del Estado, ya que el Ministerio Público sólo defiende la legalidad». Previamente, la batasuna había manifestado que «la Audiencia Nacional da cobertura legal a una decisión política del Gobierno».

Advertencia del tribunal.

Después de mantener un tono tibio en el manejo de la vista, la presidenta del tribunal subrayó al final de la sesión que «no se está enjuiciando a la Audiencia Nacional, frente a lo que han venido manifestando los acusados». «No juzgamos ideologías, sino actividades presuntamente delictivas (…) y en función de las pruebas, se dictará la sentencia correspondiente», precisó.

Una resolución que podría llegar antes de lo previsto, ya que las defensas, en cumplimiento de la voluntad de sus clientes, anunciaron que reducirán la lista propuesta de más de 200 testigos a sólo una veintena. La vista oral se reanudará el próximo lunes con las declaraciones de los testigos solicitados por la Fiscalía y la AVT.