La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió hoy al juez Baltasar Garzón que rechace el recurso de Dignidad y Justicia contra su decisión de no suspender las actividades de ANV al estimar que no hay indicios de su vinculación con Batasuna, aunque consideró ‘imprescindible’ seguir investigando este extremo.

En un escrito remitido al Juzgado, la fiscal Dolores Delgado señala que no existen ’sólidos indicios’ que prueben la integración de ANV en el entramado de ETA-Batasuna, como sostiene la asociación de víctimas, que ha requerido a Garzón hasta en cinco ocasiones -la última el pasado día 5- que suspenda sus actividades.

La fiscal afirma que en la actualidad no se ha determinado que ANV esté vinculada o integrada en la banda armada, es decir, ‘no sólo que apoye o que constituya el entorno de ETA’, sino que, al igual que las demás estructuras, ‘forme parte de la misma, cumpla sus cometidos y se identifique por sus claves y fines’.

Lo ‘único’ que sí ha quedado demostrado hasta ahora, añade, es que ANV se circunscribe, al igual que Batasuna, al mismo ámbito ideológico de la Izquierda Abertzale (IA) y que ambas se incluían en la coalición HB-EH hasta el extremo de que ANV tenía un puesto en la Mesa Nacional.

Sin embargo, esa vinculación ha sido ‘esporádica y coyuntural’ a partir de 2001.

La fiscal menciona también varios informes policiales de febrero pasado que señalan que existen estructuras que forman parte de la IA que, pese a aparecer en documentos incautados a ETA, no están ilegalizadas, como EHAK-PCTV, ANV, LAB o AEK.

Estas formaciones pueden ser ‘coyunturalmente’ instrumentalizadas por la banda y puede que finalmente lo sean, pero no están ‘en la órbita’ de ETA-Batasuna, según la fiscal.

Delgado también cita el informe elaborado en abril de forma conjunta por la Policía y la Guardia Civil a petición de Garzón, en el que se concluía que ANV ‘a día de hoy’ no es un instrumento de ETA-Batasuna y que ‘no ha estado ni está’ bajo la disciplina de la banda después de 2001.

La fiscal reconoce, no obstante, que hay datos que demostrarían la ‘influencia y posible participación’ de Batasuna en la elaboración de algunas listas electorales para los comicios del pasado 27 de mayo, como se acreditó ‘indiciariamente’ respecto de Jorge Murillo, a quien Garzón acusó de elaborar candidaturas de Ultzama Abertzale Sozialistak y de ANV.

No obstante, añade que las 133 listas de ANV contaminadas por Batasuna fueron anuladas por el Tribunal Supremo y que como la ‘trama defraudatoria’ no llegó a confundirse con la dirección formal del partido, la disolución de éste ‘pudiera haber resultado desproporcionada’.

Por todo ello, concluye, no se justificaría la adopción de una ‘gravísima’ medida cautelar penal ‘restrictiva de tantos derechos fundamentales’.

Sin embargo, el Ministerio Público insta a seguir investigando esta causa y solicita que la Guardia Civil y la Policía informen sobre los actos y actividades de ANV antes y después de las pasadas elecciones.

También reclama un informe de las actuaciones policiales que tuvieran conexión con ANV llevadas a cabo con motivo de la constitución el pasado día 16 de los Ayuntamientos.

Dignidad y Justicia había pedido a Garzón que impidiera a los concejales de ANV tomar posesión de sus actas, pero éste, con el respaldo de la Fiscalía, rechazó la solicitud al no existir ‘ningún elemento incriminatorio’.