El acto ha tenido lugar a las 12 del mediodía junto al recinto de Landako, donde se desarrolla la 44 edición de la Feria del Libro y Disco vascos, y se ha prolongado durante media hora.

Miembros de la cultura vasca como los bertsolaris Unai Iturriaga, Iratxe Ibarra y Oihane Enbeita o los cantantes de los grupos musicales ‘Ken Zazpi’, ‘Gose’ y Betagarri’ha participado en el acto junto a representantes de la izquierda abertzale Arantza Urkaregi y el miembro del sindicato LAB Txutxi Ariznabarreta.

En el acto, encabezado por una pancarta con el lema ‘Azokatik azken ziegaraino’ (Desde la feria hasta la última celda) no se han mostrado fotos de presos. Los asistentes han mostrado carteles a favor de los derechos de los familiares de los presos.

Tras la concentración han denunciado la política de dispersión y el “castigo” que sufren “tanto los presos como sus familiares” y se ha pedido la participación de la ciudadanía en posteriores actos.

La apuesta por un “proceso de negociación” entre el Gobierno español y ETA en un contexto de ausencia “total” de violencia tiene para el partido escindido de Ezker Batua “una dimensión importante”, al abogar “por superar el conflicto actual en claves exclusivamente democráticas, pacíficas y políticas”.

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha advertido, no obstante, que aunque “el paso dado” por la izquierda abertzale es “de una gran relevancia, no hay que olvidar que uno de los factores principales que dificulta este proceso es la persistencia de ETA”.

“Para que la iniciativa de la izquierda abertzale no sea sólo una declaración de intenciones, será necesario un pronunciamiento de cese de la violencia por parte de ETA”, ha destacado Matute en un comunicado.

El dirigente de Alternatiba ha animado “a todas las partes implicadas a cimentar las bases de un proceso de paz definitivo” y ha instado al Gobierno a “no desviar el foco sobre la importancia de este anuncio y a no anteponer el interés electoral a la búsqueda de la paz”.

“Hoy en día es más necesario que nunca que la paz sea posible en Euskadi y que el diálogo se establezca para lograr una paz definitiva que nos permita contraponer un modelo de izquierdas al actual sistema de derechas”, ha subrayado. EFE

Este año, la organización llama la atención sobre el retroceso de la libertad de prensa en Europa y advierte sobre los abusos que se cometen en países como Italia o España, que ha pasado de ocupar el puesto 36º al 44º. Reporteros Sin Fronteras denuncia, en particular, el hecho de que en nuestro país los periodistas todavía se vean amenazados físicamente.

Europa fue durante mucho tiempo ejemplar en materia de respeto a las libertades públicas, pero cada año tiene que lamentar una constante pérdida de posiciones, a pesar de que los trece primeros puestos siguen ocupados por países europeos. Las jóvenes democracias africanas (Mali, Gana) y latinoamericanas (Uruguay) ganan el terreno perdido por Europa.

“¿Cómo denunciar las violaciones cometidas en el mundo si no actúan de forma irreprochable en su propio terreno?”, se pregunta Jean-François Julliard, Secretario General de Reporteros Sin Fronteras.

El efecto Obama en Estados Unidos.

La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca da un impulso a Estados Unidos, que ha remontado 20 puestos, pasando del 40º al 20º.

El informe señala que la actitud menos belicosa de Obama con respecto a la prensa ha tenido mucho que ver en este ascenso. Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras hace una crítica velada a la concesión a Obama del premio Nobel de la Paz, ya que recuerda que su país sigue participando en dos guerras.

Además, a pesar de una ligera mejora de la situación, la actitud de Estados Unidos respecto a los medios de comunicación en Irak y Afganistán es calificada como “preocupante”. Varios periodistas fueron heridos o detenidos por el ejército estadounidense.

Israel: operación capa de plomo para la prensa.

La operación militar “Plomo fundido” en la que Israel bombardeó la Franja de Gaza tiene su reflejo en la prensa.

Israel pierde 47 puestos y llega a ser el 93º de la clasificación, lo que hace hace que deje de ser el primer país de Oriente Medio, quedándose detrás de Kuwait (60º) y de los Emiratos Árabes Unidos (86º).

Reporteros Sin Fronteras denuncia que, en territorio de Israel, se han producido este año cinco arrestos, a veces fuera de cualquier marco legal, y tres encarcelamientos de periodistas. Además, la censura militar ha sido aplicada a todos los medios de comunicación.

El balance de la guerra es desolador: unos 20 periodistas fueron heridos en la Franja de Gaza por las fuerzas armadas israelíes y tres fallecieron mientras cubrían el conflicto.

Irán a las puertas del trío infernal.

Contrarrestando el primer puesto que ostenta Dinamarca, Turkmenistán (173º), Corea del Norte (174º), y Eritrea (175) siguen aferrados al final de la lista.

Este año, Irán se une a ellos. Los periodistas han sufrido más que nunca la política represiva del presidente iraní,  Mahmud Ahmadineyad. Su discutida reelección sumió el país en una auténtica crisis en la que periodistas y blogueros sufrieron persecuciones constantes.

El panorama de la libertad de prensa de Irán durante 2009 podría resumirse en censura previa y automática, vigilancia de los periodistas por el Estado, malos tratos, periodistas obligados a huir del país, arrestos ilegales y encarcelamientos.

Aranalde Ijurco, extraditada por Francia el pasado martes para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al “comando Donosti” de ETA, deberá comparecer semanalmente en comisaría y no podrá abandonar el territorio nacional, por lo que el juez le ha retirado el pasaporte.

Pese a estar acusada en España en varios procesos judiciales, la etarra ha abandonado la prisión madrileña ya que Francia de momento sólo ha concedido su extradición por la causa en la que se la imputa el delito de tenencia de explosivos, por la que previsiblemente será absuelta, ya que la Audiencia Nacional declaró inocente en 2007 a un coimputado, Iker Olabarrieta, al que se atribuían los mismos hechos.

Esa es la razón por la que Velasco rechazó ayer adoptar contra ella una medida cautelar más contundente como sería la prisión provisional, que sí podría haberse acordado en otra de las causas en las que está imputada -la colocación de varios artefactos explosivos en gasolineras de Madrid en plena operación salida del puente de la Constitución en 2004- de haber llegado la documentación de Francia.

La Audiencia Nacional está ahora a la espera de que las autoridades francesas resuelvan la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada contra la etarra por estos hechos, momento en el que sería citada de nuevo ante el juez y previsiblemente la Fiscalía pedirá su ingreso en prisión.

Prohíben el acto de bienvenida en Ibarra.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha prohibido el acto de bienvenida convocado para esta tarde en Ibarra con motivo de la puesta en libertad de la etarra Maite Aranalde, extraditada por Francia el pasado martes y que hoy quedará en libertad tras abonar una fianza de 12.000 euros.

Moreno, que se encuentra de guardia esta semana, ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que esta mañana ha pedido la prohibición del acto al considerar que estaba organizado por la formación ilegalizada Askatasuna y que “se enmarca en el objetivo de la directriz de ETA de tributar homenajes a sus militantes con ocasión de su excarcelación”. El magistrado asume los argumentos del Ministerio Público y considera que de celebrarse dicho acto se estaría cometiendo un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Según el escrito de la Fiscalía, del informe aportado por la Policía se desprende que el homenaje convocado en la localidad natal de la etarra supera los fines constitucionales de los actos de reunión y manifestación puesto que tienen, “como única pretensión”, enaltecer a personas que han cometido delitos terroristas, lo que supone un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado al juez Moreno que prohibiera este acto de bienvenida para la etarra Maite Aranalde convocado para esta tarde en Ibarra. En un escrito dirigido al Juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, la fiscal Susana Landeras explicaba que este acto de homenaje había sido organizado por la formación ilegalizada Askatasuna.

En la petición se entendía que esta convocatoria “se enmarca en el objetivo de la directriz de ETA de tributar homenajes a los militantes de ETA con ocasión de su excarcelación, homenajeándoles por su contribución a la ‘lucha’”. Según la fiscal, del contenido del informe aportado por las fuerzas de seguridad se desprende que el homenaje convocado para esta tarde en la localidad natal de la etarra supera los fines constitucionales de los actos de reunión y manifestación puesto que tienen, “como única pretensión”, enaltecer a personas que han cometido delitos terroristas.

Aranalde ha abonado su fianza en torno a las 12.00 horas, por lo que el magistrado ya ha dictado un auto en el que decreta la libertad de la terrorista. No obstante, Velasco le impone como medidas cautelares la obligación de comparecer semanalmente en la comisaría más próxima a su domicilio, la retirada de pasaporte y la prohibición de abandonar España.

Esta situación ha sido posible después de que este mismo juez decretase ayer la condición de prisión eludible bajo 12.000 euros de fianza para la etarra. La Audiencia Nacional se vio impedida a adoptar la prisión incondicional que solicitaba la Fiscalía debido a que, entre la información aportada por Francia, no se incluye su participación en un múltiple atentado sin víctimas en 2004. En cualquier caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá mañana la decisión del juez Eloy Velasco y ha propuesto que la Policía la vigile permanentemente.

En Francia ya cumplió condena.

Aranalde fue detenida hace cuatro años en Francia, donde fue condenada por asociación de malhechores (integración en organización terrorista). Una vez cumplida su condena, fue entregada de manera definitiva a España, donde la Audiencia Nacional la reclamaba por varias causas pendientes por las que se habían remitido al país galo las correspondientes Ordenes Europeas de Detención.

El juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el juez Baltasar Garzón, la reclamaba por el delito de tenencia de explosivos. Además, el Juzgado Central de Instrucción número 1 del que es titular el juez Santiago Pedraz, la solicitaba por un delito de estragos terroristas, concretamente, por su presunta colaboración en la colocación de varios artefactos explosivos en distintas gasolineras durante la ‘operación salida’ del puente de la Constitución de 2004.

Según fuentes jurídicas, su participación en aquel múltiple atentado de diciembre de 2004 ya sería suficiente para acordar la prisión incondicional de la terrorista, pero el problema estriba en el hecho de que Francia tan sólo ha remitido en sus respuestas a las Ordenes Europeas de Detención solicitadas la información relativa al delito de tenencia de explosivos sin hacer mención ninguna a los estragos.

La ausencia de esta información impidió al juez Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno (quien sustituye a Pedraz al encontrase de vacaciones) adoptar la situación de prisión incondicional para la terrorista al no haber sido entregada por esta causa.

De este modo, el juez Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco (quien sustituye a Garzón) tan sólo tuvo que decidir sobre la tenencia de explosivos por la que fue extraditada. En ese sentido, y en contra de la prisión incondicional que le solicitó la Fiscalía, el juez adoptó prisión eludible bajo 12.000 euros de fianza. Según fuentes jurídicas, Velasco ha tenido en cuenta que por la tenencia de explosivos ya fue absuelto en similares condiciones su compañero sentimental.

El recurso de la Fiscalía.

La Fiscalía recurrirá mañana la decisión del juez Velasco de imponer a Maite Aranalde 12.000 euros de fianza para eludir la prisión y además pedirá al juez que imponga mayores medidas de seguridad para garantizar que la miembro de la banda terrorista no huya del terroritorio español una vez que abandone hoy la prisión de Soto del Real.

El Ministerio Público pedirá al magistrado que ordene prisión provisional para la etarra por la comisión del delito de tenencia de explosivos que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 y sobre el que decidió ayer Velasco en sustitución de Baltasar Garzón, que se encuentra de vacaciones. Además, solicitará la imposición de vigilancia policial permanente para evitar la huída de Aranalde de España. La Fiscalía recuerda que la etarra fue detenida en Francia, adonde había escapado cuando formaba parte del comando K-Zelatun lo que podría facilitar que lo hiciera de nuevo. Pide también que las comparecencias impuestas sean diarias, en lugar de semanales.

Ambos recursos serán de reforma subsidiarios de apelación, por lo que es probable que la decisión final sea adoptada por la Sala de lo Penal.

Esta mañana la consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, ha indicado que no se suprimirá el término “por la sencilla razón de que Euskal Herria existe, es el país del euskera y es un territorio de cultura y lengua común que compartimos los vascos”, aunque ha puntualizado que sí se va a “precisar” qué significa y no se definirá como “una entidad jurídico administrativa”.

A pesar de esta aclaración, Catalán ha recordado que la inclusión del término Euskal Herria en el currículo educativo vasco motivó en su día la presentación de un recurso ante los tribunales por parte del Gobierno de Navarra y éste “seguirá adelante” si no ve adecuada la decisión final del Ejecutivo vasco.

Pero “no nos pongamos la venda antes de la herida”, ha dicho en conferencia de prensa Catalán, quien ha destacado que la relación entre el Gobierno de Navarra y el de la Comunidad Autónoma Vasca es, desde el acceso del PSE a la Lehendakaritza, “mucho más fluida y mucho más directa de lo que se había dado hasta ahora”.

“Eso puede permitir el entendimiento pero sin hacer ninguna cesión por parte de Navarra a lo que es la realidad política, social e institucional de esta comunidad”, ha señalado.

Y al respecto Catalán ha añadido, al ser preguntado si el Ejecutivo foral admitiría Euskal Herria como concepto cultural, que “el Gobierno va a mantener su firmeza en algo tan elemental y tan básico para Navarra como es su identidad y todos los aspectos vinculados con la misma” y por lo tanto, si las modificaciones en el currículo educativo vasco “no satisfacen esta necesidad, el Gobierno seguirá manteniéndolo en los tribunales”.

Además ha adelantado que el gabinete de Miguel Sanz en esta materia “no caerá en ningún tipo de ambigüedad o demagogia a la hora de utilizar términos” y por ello ha asegurado que el Gobierno de Navarra, sin que “quepa ninguna duda”, mantendrá “el criterio que ha venido manteniendo hasta ahora”.

El TS confirma que algunos contenidos de ese Decreto exceden la protección que se otorgó al euskera en la ley foral del vascuence de 1986. Más en concreto, el Supremo ratifica, entre otros, la nulidad del artículo que establecía que «las notificaciones dirigidas desde los servicios de la Administración foral con sede en la zona mixta a personas físicas y jurídicas de la zona vascófona se realizarán en castellano, salvo que los interesados soliciten expresamente la utilización del vascuence, en cuyo caso podrán realizarse en forma bilingüe».

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra expuso en sentencia dictada en junio de 2004 que la ley del vascuence era «clara» en el sentido de que los ciudadanos residentes en la zona vascófona debían recibir las comunicaciones tanto en euskera como en castellano y sostuvo que ello no debía depender del lugar en el que se ubicara la sede de la Administración foral.

En respuesta al recurso presentado por el Gobierno de Navarra, el Tribunal Supremo expone que el TSJN «se ha limitado a interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico pertinentes, concluyendo en la valoración sobre la legalidad del Decreto Foral impugnado, pronunciándose sobre el alcance y legalidad de los preceptos en cuestión y declarando los efectos correspondientes de nulidad».

Euskera en las oposiciones Otros de los artículos cuya nulidad confirma el Supremo hace referencia a la valoración del euskera como mérito en las convocatorias de la Administración en las zonas vascófona y mixta de Navarra. En concreto, se confirma la anulación del artículo que establecía que, en los casos en los que el conocimiento del vascuence fuera valorado como mérito cualificado entre otros, «el porcentaje que tal valoración suponga de incremento en relación con la puntuación que se aplique como mérito al conocimiento del francés, inglés o alemán, lenguas de trabajo en la Unión Europea, no podrá en ningún caso ser superior al 10 por ciento de la misma y se especificará la cuantificación concreta en la convocatoria correspondiente». Asimismo, el Tribunal Supremo también anula un artículo que establecía que «la valoración del conocimiento del vascuence como mérito en la zona mixta, cuando así sea considerado, en ningún caso será superior en un 5 por ciento a la puntuación que se aplique en la consideración de mérito para el conocimiento del francés, inglés o alemán, lenguas de trabajo en la Unión Europea, y se especificará la cuantificación concreta en la convocatoria correspondiente».

Pese a puntualizar que la candidatura que encabeza el dramaturgo Alfonso Sastre “no es nuestra”, Otegi manifestó, eligiendo cuidadosamente las palabras, que “recoge buena parte de los planteamientos” del mundo de Batasuna sobre la “situación que vive Euskal Herria” y la necesidad de “una solución pacífica y democrática al conflicto”.

El esperado pronunciamiento de la izquierda abertzale ilegalizada pidiendo el voto para II-SP puede recrudecer la polémica por la sentencia garantista del Tribunal Constitucional, que consideró insuficientemente fundamentadas las pruebas estimadas por el Tribunal Supremo para impedir la concurrencia de esa candidatura a las elecciones. El Constitucional estimó el jueves que, pese a los indicios aportados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado sobre las relaciones entre la izquierda abertzale y el conglomerado de grupos extraparlamentarios de izquierda que impulsaron dicha lista, no quedaba acreditado de forma suficiente que hubiera, según marca la Ley de Partidos, una continuidad entre ésta y las organizaciones anteriormente anuladas por su integración en ETA.

Las fuerzas de seguridad del Estado ya tenían indicios de que el mundo de Batasuna podría volcar sus votos en la candidatura encabezada por Alfonso Sastre y Doris Benegas si lograba salir adelante. De hecho, esta convicción pesó en la decisión del Gobierno de instar la ilegalización de la lista, pese a ser consciente de que las pruebas reunidas no eran tan consistentes como en los procesos anteriores.

Sin embargo, el hecho de haber conseguido concurrir a las urnas el 7-J no asegura que II-SP obtenga un escaño en el Parlamento Europeo, que ocuparía en ese caso Doris Benegas. Aunque la baja participación podría favorecer sus intereses, se estima que tendría que recibir un mínimo de 250.000 votos, una cifra difícil de conseguir con el desfondamiento de la izquierda abertzale que no condena a ETA.

En su comparecencia de ayer en un hotel de San Sebastián, Otegi vino a sugerir que Batasuna realizó gestiones con otras “formaciones independentistas” de toda España para ir con ellas a las elecciones europeas “para cambiar la relación de fuerzas con respecto a los dos Estados [España y Francia]“. Al no encontrar eco en esta propuesta y tener la “puerta cerrada” a la participación descubierta y sin disfraces, han decidido apoyar la lista de II-SP. No obstante, con el fin de evitar cualquier indicio de instrumentalización previa, Otegi puntualizó que el respaldo de la izquierda abertzale se ha decidido tras la invitación expresa hecha el viernes por los representantes de II-SP, que aseguraron que la coalición estaría “completamente satisfecha” de recibir el apoyo de los votantes de la ilegalizada Batasuna.

La portavoz del grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer que el apoyo de Otegi a la lista de Sastre “es la prueba más clara” de la vinculación de esta lista con la banda terrorista ETA.

Esta decisión se produce después de que el Gobierno español impugnara ante el Supremo esa candidatura por considerar que está vinculada a la organización terrorista ETA.

Dicha candidatura está encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre, ex candidato de Herri Batasuna (HB) y sus sucesoras (EH y ANV), formaciones políticas que la Justicia española vincula a ETA y que han sido ilegalizadas.

Tanto la Fiscalía como el Gobierno español sostienen que Alfonso Sastre es el “banderín de enganche” elegido por ETA para enviar “una clara señal a sus votantes” de cuál es la lista que deben apoyar para obtener un escaño en el Parlamento Europeo.

Iniciativa Internacionalista anunció hoy que recurrirá, de manera inmediata, ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que anula su candidatura a las elecciones europeas, que se celebrarán el próximo 7 de junio.

El Tribunal Constitucional tendrá que tomar la decisión definitiva sobre si esta lista puede o no concurrir a los comicios europeos antes de la medianoche del 22 de mayo, día en que comienza la campaña electoral.

Por ello la candidata de II Ángeles Maestro, que ocupa el número cinco de la lista, dijo hoy a EFE que su formación aprovechará esta semana para hacer un llamamiento de apoyo a organizaciones políticas, sociales y sindicatos, a nivel nacional e internacional.

“Se trata -aseguró- de buscar apoyos entre personalidades y organizaciones para que se pronuncien en contra” de la decisión del Tribunal Supremo, añadió.

Maestro reivindicó el derecho “a existir y a actuar legalmente” y agregó que los miembros de II sólo tienen una actividad “meramente política y ajustada a los principios democráticos elementales”.

La Abogacía del Estado y el Ministerio Público, en un principio reacios a actuar contra esta lista que encabeza el dramaturgo y ex candidato de Acción Nacionalista Vasca (ANV) Alfonso Sastre, cambiaron de opinión tras recibir en las últimas 48 horas varios informes de Policía y Guardia Civil que apuntan que esta plataforma, en apariencia independiente, puede haberse convertido en una “sucesión fraudulenta del entorno ETA-Batasuna”.

A pesar de que el Ministerio de Justicia aseguró ayer que las “pruebas” para defender la anulación son “suficientes”, los responsables de la Fiscalía y del Gobierno son conscientes de que no será fácil conseguir que el Supremo saque de las elecciones a Iniciativa Internacionalista, ya que esta plataforma está compuesta por una coalición de partidos legales desde hace años y liderada por grupos nacionalistas castellanos.

Esta fórmula de “suma partidos”, reconocieron responsables del Ministerio Público, “complica” una posible impugnación ya que esta variante no figura como tal en la Ley de Partidos. La Fiscalía destaca que las estrategias de la izquierda abertzale por tratar de concurrir a los comicios son cada vez más “sofisticadas”: primero fueron partidos, luego agrupaciones electorales y a ahora coaliciones sin conexiones evidentes.

Pruebas más contundentes.

La Comisaría General de Información de la Policía y de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, que hasta la pasada semana no veían más que “vagos indicios” para actuar contra la lista, presentaron nuevos informes con pruebas más contundentes.

Entre ellas, un encuentro entre responsables de Batasuna y miembros de II para decidir el momento de la campaña electoral en el que la izquierda abertzale pedirá el voto para la plataforma. Según la Guardia Civil esta reunión tuvo lugar en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros el pasado 23 de abril, fiesta de Castilla y León.

Los atestados policiales también hacen hincapié en la “colonización” que ANV ha hecho de la lista. Nueve cargos públicos de este partido ilegalizado han sido fichados a última hora después de que siete cargos del PSOE de Castilla y León y dos del PP retiraran sus apoyos al conocer que la Fiscalía había ordenado investigar a esta candidatura.

Iniciativa Internacionalista mantiene los 19 avales de alcaldes y concejales de Izquierda Unida de la provincia de Sevilla, pertenecientes al Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT).

El Gobierno vasco explicó en una nota que la nueva web “no es la página oficial” de la institución y que, por tanto, “no ha sido sufragada con fondos públicos”. Aclaró, además, que en ningún caso va a sustituir al sitio oficial de www.euskadi.net y que se trataba de “un ensayo que recoge diferentes propuestas de participación ciudadana” en la vida política.

El Ejecutivo de Vitoria, sin referirse a las acusaciones del PNV, señala que “antes de que se malogre algo que es positivo, y que se va a seguir fomentando, el ‘lehendakari’ pide que se desactive”. Tras lamentar la confusión creada y pedir disculpas, avanza que mantendrá la iniciativa “de acuerdo a la normativa vigente”.

El portavoz del PNV en el Parlamento de Vitoria, Joseba Egibar, registró horas antes en la Cámara autonómica una interpelación a la consejera vasca de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendía, para que diese cuenta de la nueva web del Gobierno vasco. Egibar consideró que es “absolutamente inadmisible que se cambie el nombre de una institución por un eslogan político, muy respetable en campaña electoral”. Y apuntó que con el cambio de Gobierno cada uno puede optar por tener la imagen corporativa que quiera, pero manteniendo el “respeto a lo institucional”.

Por su parte, el diputado del PNV, Ricardo Gatzagaetxebarria explicó que la apertura de la nueva web se llevó a cabo en un “paraíso fiscal” y con el soporte informático en una empresa danesa, por lo que según señaló se infringe “clara y absolutamente” la normativa vasca en lo referente a la regulación de la imagen corporativa de las administraciones públicas o la presencia de Euskadi en Internet. En este sentido, recordó que el Gobierno Vasco tiene una sociedad informática para hacerse cargo de este soporte, EJIE, y destacó que un dominio informático es algo “intangible” pero que forma parte del “patrimonio” de la comunidad autónoma.

De momento, el PNV desea que esta polémica se trate en el ámbito político, por lo que en principio descartó acudir a los tribunales.

La nueva web no fue la única víctima de las críticas del PNV, Egibar también arremetió contra las medidas económicas anunciadas por el lehendakari al considerar que son meras “expectativas” y “envoltorios sin contenido”.

El dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Itziar Lopategi (d) y Miren Legorburu, antes de la conferencia de prensa que ofrecieron hoy en San Sebastián para mostrar su adhesión a la huelga general convocada por los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, entre otras organizaciones, para el próximo 21 de mayo.

Otegi ha hecho esta reflexión en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián en la que ha comparecido, arropado por varios dirigentes de la izquierda abertzale, para expresar su apoyo a esta convocatoria que, a su juicio, no sólo será una respuesta a la crisis económica, sino que también pondrá de manifiesto la “necesidad” de “hacer operativa políticamente” la “mayoría” social que, en su opinión, va a respaldar la huelga.

A su entender, la protesta evidenciará el “reto” de ver “cómo se hace operativa políticamente esa mayoría” y “cómo se le dota de una estrategia eficaz”.

“Desde ese punto de vista -ha añadido- el dato del 21 de mayo es relevante, porque por encima de la respuesta a la crisis económica, va a reflejar que hay masa crítica en el país por construir la soberanía desde la izquierda”.

Tras pedir a “la clase obrera” vasca que respalde la convocatoria para “dar una respuesta nítida, contundente y democrática” a la coyuntura de crisis y a la actual situación política en el País Vasco, el dirigente abertzale se ha mostrado convencido de que esta nueva apuesta puede conducir a Euskal Herria “a un escenario democrático de soluciones en términos nacionales y sociales”.

Respecto a la posibilidad de que esta nueva estrategia de suma de “fuerzas” para “hacer irreversible el cambio político y social” se desarrolle al margen de ETA, Otegi ha dicho que “la izquierda abertzale adoptará las medidas que entienda que son beneficiosas para la mayoría popular”.

Ha precisado a renglón seguido que la izquierda abetzale necesita “un escenario de paz y democracia” porque quiere que su proyecto “se defienda en términos de igualdad con el resto de formaciones políticas”, aunque ha lamentado que, por el momento, “la falta de cultura democrática instalada en el Estado” no vaya “precisamente en esa dirección”.

“Si alguien es capaz de entender que es posible construir una dinámica de resolución de problemas haciendo elecciones antidemocráticas, construyendo gobiernos antidemocráticos y metiendo a la cárcel a la gente pues es una dinámica que nosotros no entendemos”, ha recalcado.

Respecto a la posibilidad de que el socialista Patxi López sea investido lehendakari, ha dicho que “el intento constitucionalista de trucar las elecciones para oxigenar políticamente” el actual marco político “es un intento baldío”, pues la huelga del 21 de mayo “va a demostrar que la mayoría de este país no está en esas tesis políticas”.

Otegi se ha mostrado además partidario de “recuperar el proceso de negociación” para “dar una solución democrática al conflicto”, que pasa por “el reconocimiento nacional y el derecho a decidir” de los vascos, porque la “salida” pasa por “negociación o negociación”, ha concluido.

El grupo popular dirigido por Antonio Basagoiti comienza así a poner negro sobre blanco su marcaje, por no decir ataque directo, a todo lo que huela a euskera y a promoción de esta lengua. Asunto de tal gravedad que requeriría algún tipo de iniciativa conjunta del resto de formaciones que sí creen en la lengua del país. Ayer se visualizó de forma meridianamente clara el frente formado por los partidos llamados a gobernar ante la perplejidad del resto de formaciones en las Juntas de Araba. Pero también quedó clara la postura en relación al euskera. Ya no valen giros vasquistas defendidos por el partido de López hace apenas un año con la única e insana intención de conseguir votos de indecisos. Y la coherencia del PP sólo se reafirma con este tipo de ataques directos a una lengua -habrá que recordarles que es oficial- que necesita protección, medidas concretas de promoción y cariño… para que no desaparezca.

El tortazo al euskera en Araba fue refrendado desde Madrid por el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, quien descargó toda su furia contra el PSOE al que calificó de “rehén de las políticas lingüísticas de los nacionalistas” al analizar un caso aparecido en un medio de comunicación afín. La estrategia tiene doble filo, en Euskadi y en Madrid. Lo que una amplísima mayoría de la población vasca temía ha llegado. De las palabras ya se pasa a los hechos. El PP siempre ha tenido clara su animadversión hacia todo lo que sonara a euskera. Y el PSE se está dejando manipular en este asunto no se sabe si por comodidad o por convencimiento. Unos y otros advierten ahora de lo que van a ser capaces en un futuro muy próximo y cuando ocupen el Gobierno. El hecho diferencial de 30 años de proyección internacional del euskera puede venirse abajo si el nuevo Ejecutivo carece de la sensibilidad mínima necesaria. Y si se atiende a los hechos… carece.

Además, precisó que, en caso de que la formación “tuviera que llegar al final del pleno de elección del lehendakari”, buscará el apoyo de EA y Aralar, para “visualizar” que cuentan con más votos ciudadanos que PSE, PP “e incluso UP y D juntos”.

Acuerdo PP y PSE.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el enfrentamiento entre su partido y el PSOE a nivel nacional, no afectará al acuerdo que ambas formaciones ultiman en Euskadi, porque su formación es “el interlocutor de la sensatez”.

Socialistas y populares, que hoy volverán a reunirse para concretar las bases de acción del futuro gobierno vasco, coincidieron ayer en un mensaje inequívoco contra la concesión de subvenciones públicas a quienes apoyan al terrorismo, si bien, en el caso de los socialistas, ese mensaje supone un cambio, puesto que sin sus votos esas ayudas no hubieran sido posibles.

Fue, no obstante, un voto sin convicción, puesto que previamente los socialistas vascos escenificaron un distanciamiento de esta medida al presentar una enmienda parcial a esta partida, que fue rechazada, lo cual no les impidió votar a favor finalmente al respaldar el conjunto de los presupuestos.

La situación es diferente ahora y en temas de lucha contra el terrorismo y de acabar con la normalidad en la que se desenvuelve el entorno etarra en el País Vasco, con subvenciones públicas, la sintonía es total en las negociaciones que mantienen socialistas y populares.

El secretario de Organización del PSE criticó ayer con dureza la decisión del consejero de Justicia del ejecutivo de Ibarretxe de poner en marcha el mecanismo para la concesión de las ayudas para visitar a presos etarras. Según Ares, la orden ha sido adoptada «con una celeridad inusual, intentando adelantar la entrega de estas ayudas, en contraste con las fechas manejadas por el Departamento de Justicia en ejercicios anteriores».

Para el dirigente socialista ésta es una de las decisiones que está tomando el gobierno en funciones de Ibarretxe «con el fin de hipotecar y condicionar la acción del nuevo Gobierno», algo que, según dijo, no va a conseguir, puesto que los socialistas «revisarán todas aquellas decisiones gubernamentales que se están tomando con el ejecutivo en funciones».

«Una orden puede anularse con otra orden y con el nuevo gobierno de Patxi López no habrá ayudas para visitar a los familiares de presos de ETA», dijo Ares.

Para el dirigente socialista, acabar con esas subvenciones, «que hieren profundamente la sensibilidad de las víctimas de ETA, es una exigencia democrática que no se puede aplazar, entre otras razones porque es un ingrediente fundamental de la deslegitimación ética, social y política del terrorismo que nos proponemos llevar a cabo desde el Gobierno del cambio».

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, también dejó claro que el nuevo gobierno vasco, al que respaldarán los votos de su partido, acabará con la «vergüenza» de las ayudas públicas para familiares de presos. «Se va a acabar el «chollo» que tiene ETA con este tipo de gobiernos que le subvenciona y que le dan minutos en las televisiones públicas», señaló el dirigente popular.

El PNV aventaja al resto de grupos en intención de voto.

El sondeo realizado por Celeste-Tel en exclusiva para Terra destaca la ventaja de 6,4 puntos del PNV/EAJ sobre el resto de los grupos que concurren a las elecciones autonómicas vascas del próximo 1 de marzo.

El PNV obtendría el voto del 34,9% del electorado. El 29,70 % de los votantes mayores de 65 años optaría por este grupo. Con un 17,77 %, los electores entre 18 y 30 años constituyen el grupo que menos se decantaría por la opción representada por Juan José Ibarretxe.

El PSE-EE obtendría un total de 28,5 % de los votos, siendo el partido que concentraría el voto joven. El PP sería la tercera fuerza más votada, con un 14,9 %. En cuarto lugar se hallaría la izquierda abertzale, que obtendría un 9,5% del resultado total. Los jóvenes entre 18 y 30 años serían los votantes potenciales de estos grupos, con un 9,94%.

Mientras que el mayor índice de abstención (un 35,54%) se situaría en el grupo de edad entre los 18 y los 30 años, los mayores de 65 serían los que más irían a las urnas.

En lo que a la calificación de la gestión de Ibarretxe se refiere, un 34% de los encuestados considera que ha sido regular. Un 31,9% afirma que ha sido buena y un 27% sostiene que ha sido mala. Los más críticos con la gestión del actual Lehendakari son los electores que se encuentran entre los 18 y 30 años (38,9% la considera regular). En el lado contrario, un 34,1% de los encuentados comprendidos entre los 45 y los 64 años y un 34,2% de de los mayores de 65 años la califican de buena. El 30,8% de los mayores de 65 años consideran que Ibarretxe ha llevado a cabo una mala gestión del gobierno.

Preguntados por quién creen que será el próximo Lehendakari, una amplia mayoría (62,6%) se decanta por Juan José Ibarretxe, que obtendría más del 60% de los votos en todas las muestras de edad. Un 66,2% de los mayores de 65 años se inclinan por la opción representada por el dirigente del PNV. El 10,3% de los encuestados votarían al representante de otra formación política.

Entre las preferencias de los encuestados, Juan José Ibarretxe (36,5%) se sitúa por encima de Patxi López (23,8%)y del resto de candidatos (18,8%). Los mayores de 65 años se decantan en un 42,1% por el actual Lehendakari, opción que también es contemplada como mayoritaria por los jóvenes de 18 a 30 años. En el supuesto de que ningún partido alcanzase la mayoría absoluta, la fórmula preferida por el 34,9% de los encuestados sería la representada por la coalición entre el PNV y el PSE. Esta es la favorita del 38,1% de los electores entre 45 y 64 años y de la mayoría de los jóvenes(29,8%). La segunda de las opciones mejor valoradas es el tripartito (un 19,5%), mientras que la colación PSE y PP obtiene el 13,9%.

El actual Lehendakari roza el aprobado.

Ninguno de los candidatos a Lehendakari obtiene el aprobado de los electores. Juan Jose Ibarretxe es el mejor valorado con un 4,9 sobre 10. Su electorado más fiel lo constituyen los mayores de 65 años, que le otorgan un 5,1. Patxi López se queda a tres puntos del aprobado con un 4,7.

Una décima separa a López del candidato de Ezker Batua-Berdek Javier Madrazo, que obtiene un 3,7. Le siguen Unai Ziarreta de Eusko Alkartasuna (3,6) y Antonio Basagoiti del PP vasco, que es el candidato peor valorado con un 3,5.

Más complejo resulta el caso de Askatasuna ya que la inmensa mayoría de sus candidatos no tienen vinculaciones con anteriores listas ilegalizadas. No obstante, el Ministerio del Interior sostiene que dispone de pruebas suficientes como para que se proceda contra ella. Son básicamente tres: la similitud de los estatutos de Askatasuna con Euskal Herritarrok (la marca con la que Batasuna participó en las elecciones autonómicas de 1998 y 2001), las vinculaciones con Batasuna de los promotores que registraron Askatasuna como partido en 1998, y las también vinculaciones con Batasuna de la candidatura que este mismo partido presentó a las elecciones vascas de 2001.

Los cinco artículos de los estatutos de Askatasuna -en los que hace referencia a quiénes pueden participar en el partido; su forma de organización; la forma interna de elección y los órganos rectores- son prácticamente un calco de los de Euskal Herritarrok.

Asimismo, dos de los promotores de Askatasuna, inscrita como partido en el registro del Ministerio del Interior en agosto de 1998, participaron en candidaturas de la marca Batasuna: Manuel García Centoira fue representante de Euskal Herritarrok en Llodio (Álava) e integrante de la candidatura Laudio Aurrera, ilegalizada en 2003; y Francisco Javier Arzuaga fue candidato de Herriaren Zerrenda, también anulada por los tribunales en las elecciones europeas de 2004.

En cuanto a las listas que presentó Askatasuna en las elecciones de 2001, figuran candidatos que lo fueron de candidaturas ilegalizadas en las elecciones municipales posteriores de 2003 y 2007. Uno de ellos es Jokin Aranalde, detenido en 2002, acusado de colaborar con ETA y promotor de Euskal Herritarrok. Otro integrante fue Goyo Acero, presentado 11 veces en distintas marcas de Batasuna.

A través de un comunicado, el portavoz de NaBai Maiorga Ramírez ha expresado su postura ante la decisión del Constitucional, y ha afirmado que con ‘la teoría de la Ley de Partidos’, cualquier fuerza política, ‘incluso el propio PSOE a cuenta de los GAL, podría haber sufrido un proceso de ilegalización’.

Para Ramírez, decisiones como la del Tribunal Constitucional, ‘dejan a miles de ciudadanos sin representación, y eso genera un enorme problema de déficit democrático en cualquier sociedad’.

Asimismo, ha subrayado que la ilegalización de partidos ‘alienta además a los sectores más radicales de la sociedad e introduce problemas en la convivencia política y social, haciéndola más difícil’.

A juicio del parlamentario, la decisión tomada sobre ANV, ‘no es una solución ni una buena noticia para la democracia, sino todo lo contrario’.

Por ello han instado al PSOE a que ‘deje de jugar con los derechos civiles y políticos de la ciudadanía’, y le ha recordado que en las elecciones de 2007, ‘que por su actitud interesada y junto a la Judicatura las listas de ANV fueron aceptadas en unas localidades sí y otras no’, lo que se llevó a cabo fue ‘una situación totalmente atípica e inaceptable en una verdadera democracia’.

“Son las instancias judiciales las que tienen que valorar estas vinculaciones, pero puedo afirmar que Policía y Guardia Civil han encontrado vinculaciones entre las dos candidaturas [y las formaciones ilegalizadas]“, resaltó el ministro en un acto oficial en el cuartel del instituto armado en Las Rozas (Madrid).

Rubalcaba insistió en que la investigación, que se está realizando “a fondo”, no ha concluido todavía, por lo que “es probable que haya más vinculaciones”, hasta el momento no conocidas.

El Boletín Oficial del País Vasco publicó ayer la relación de las 39 candidaturas presentadas a los comicios (16 en Vizcaya, 12 en Álava y 11 en Guipúzcoa). Un repaso de las mismas permite comprobar que las listas de Democracia 3 Millones (D3M) -que en cada una de las tres provincias concurre con un nombre ligeramente diferente- se hallan cuajadas de candidatos que han tenido en el pasado relación con listas o cargos públicos de las formaciones ilegalizadas de la izquierda abertzale. Incluso figuran personas detenidas por su vinculación con ETA. Frente a estas relaciones claramente contaminadas, los nombres de Askatasuna son menos conocidos.

La lista de D3M en Vizcaya lleva como primera candidata a Itziar Lopategi, portavoz de varias plataformas electorales anuladas por los tribunales en comicios precedentes. El siguiente en la papeleta es Julen Aginako, histórico dirigente de HB, de cuya Mesa Nacional llegó a formar parte. Y el tercer puesto corresponde a Olatz Caminos Uribe, detenida en noviembre de 2000 por colaboración con el comando Vizcaya que encabezaron los liberados (a sueldo) de ETA Asier Carrera e Igor Martínez de Osaba. Entre los 22 nombres restantes de la papeleta, sin contar a los suplentes, al menos seis tienen vínculos constatables y de diferentes tipos con la izquierda abertzale.

En Guipúzcoa, abren su papeleta Idoia Ibero, candidata de una lista anulada de ANV en las pasadas forales; Juan Manuel Erasun, ex alcalde de Zizurkil por EH, e Itziar Aizpurua, histórica dirigente de HB. Otros once nombres están contaminados, incluyendo a la actual alcaldesa de ANV en Bergara, Agurne Barruso; una ex presa de ETA y Álvaro Reizabal, conocido abogado de presos de ETA, entre ellos Iñaki de Juana Chaos.

Finalmente, la lista de D3M en Álava está encabezada por Amparo Lasheras, encarcelada por orden del juez Garzón en la última operación contra la reconstrucción de Batasuna. Le siguen Iñaki Ullibarri, concejal de HB en Vitoria hace una década, y Elixabete Etxebarria, candidata de una lista de la izquierda abertzale en las últimas elecciones municipales.

Al menos otros 13 de los 22 nombres restantes tienen relación evidente con formaciones ilegalizadas, incluyendo dos actuales concejales de ANV, un ex miembro de la Mesa Nacional de HB y una detenida en una operación contra colaboradores de ETA.

Los cabezas de lista de Askatasuna, sin vínculos tan evidentes con las formaciones ilegalizadas, son Daniel Campo Urquidi (Vizcaya), José Manuel Leunda (Guipúzcoa) y Juan José Basterra Respaldiza (Álava).

Los plazos legales establecen que la Fiscalía y la Abogacía del Estado podrán impugnar las listas los días 4 y 5 de febrero. El Supremo debe resolver entre el 6 y el 7. Las candidaturas impugnadas podrán recurrir al Constitucional, que deberá dictar sentencia antes del inicio de la campaña electoral el 12 de febrero.

El País Vasco y Navarra se dan ahora la mano para favorecer la normalización lingüística después de muchos años de desencuentros. Ambos gobiernos habían llegado a anular por completo sus relaciones en la materia y mantenido varias disputas de calado. El Ejecutivo foral criticó en numerosas ocasiones las “injerencias” de sus vecinos en la política navarra, especialmente, por el tratamiento público al idioma.

Las divergencias más serias se mantuvieron durante unos ocho años, principalmente cuando el Gobierno navarro estuvo en manos de UPN y CDN, dos formaciones remisas a fomentar el uso de la lengua vasca. Esta tendencia fue girando a partir del apoyo de los socialistas en 2007 a la reelección de Miguel Sanz (UPN) como presidente foral. Fruto de esta nueva orientación política, en febrero pasado Azkarate y Pérez Nievas pudieron anunciar el fin de las hostilidades y el inicio de una nueva etapa de concordia.

La viceconsejería de Política Lingüística y el Instituto Navarro del Euskera (Euskarabidea), que dirigen Patxi Baztarrika y Xabier Azanza, respectivamente, se han encargado de trabajar en la sombra durante este último año y desbrozar el camino que ha permitido alumbrar ahora el primer gran acuerdo vasco-navarro a favor del euskera. No existe otro precedente en esta materia en las relaciones entre ambas comunidades. Hay que remontarse a 1996 para encontrar el último acuerdo sobre política general entre Euskadi y Navarra. Con el socialista Javier Otano en la presidencia foral y el apoyo de Juan Cruz Alli (CDN), se gestó entonces la creación de un órgano permanente de encuentro entre ambas comunidades, que nunca llegó a cristalizar.

Azkarate resaltó por ello que el convenio supone un hito, porque abre una nueva etapa de colaboración desde “el más escrupuloso respeto a las estructuras jurídico-administrativas” de cada comunidad autónoma. Para Pérez Nievas, las dos instituciones han demostrado su interés en “mantener relaciones fluidas” en el futuro.

El pacto viene a cumplir el compromiso adquirido por la Viceconsejería de Política Lingüística vasca en su proyecto 2005-2009, que recoge, entre sus líneas de actuación, “el impulso y fomento del uso del euskera encauzando la colaboración con las instituciones de Navarra con la voluntad de dar los pasos necesarios para concertar programas con el Gobierno navarro”. Azkarate opinó que esta cooperación se debe producir en adelante “por encima de colores políticos y de estructuras administrativas legítimas”.

En sus apariciones, Otegi mantiene sus tesis habituales: hay que reabrir el escenario de diálogo con el Estado y es posible avanzar hacia la soberanía por vías pacíficas. Lo sorprendente de su regreso es que haya tenido tanta presencia en Gara, cuando Otegi no representa a la izquierda abertzale oficial y, sobre todo, porque su discurso es distinto.

Mientras Otegi estuvo en la cárcel, de junio de 2007 a agosto de 2008, la dirección de ETA y de la izquierda abertzale cambió de manos. En octubre de 2007 fue detenida la Mesa Nacional de Batasuna que dirigió el proceso de negociación -Rufi Etxeberria, Pernando Barrena, Olatz Dañobeitia…- y sustituida por otra dirección más radical, que opera en la clandestinidad, ligada a Segi, Haika, Gestoras pro Amnistía… Esta dirección estuvo al margen del proceso y, a ratos, lo obstaculizó, como también lo hizo Juan María Olano, ex líder de Gestoras.

En junio de 2008, la asamblea de ETA consagró el cambio de orientación operado tras la ruptura de la tregua, un año antes, y apostó por un “ciclo largo” de terrorismo contra todos los objetivos, incluido el entorno del PNV. No faltó en ese debate interno una crítica a la nueva dirección -encabezada por Garikoitz Aspiazu Txeroki- contra el proceso de paz y su líder José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por “no haber puesto muertos sobre la mesa” antes de las conversaciones. ETA anunció la tregua, en marzo de 2006, después de tres años sin muertos.

Otegi, que en prisión mantuvo contactos con relevantes políticos vascos -como el ex secretario general de LAB Rafael Diez Usabiaga- y conocía la pérdida absoluta de su poder, optó por pasar a segundo plano. Y así lo hizo desde agosto, cuando salió de prisión, al 30 de noviembre en que reapareció. En su cambio de opinión tienen mucho que ver Diez Usabiaga, y el ex dirigente de ETA y negociador en el proceso de paz de Argel Eugenio Etxebeste, Antxon. La explicación es que ante la clamorosa ausencia de la izquierda abertzale oficial de la vida pública, por su radicalismo y clandestinidad, el sector veterano y alternativo al oficial trata de aprovechar el tirón mediático de Otegi para no desaparecer.

Este grupo veterano, que tiene mucha audiencia en las bases de la izquierda abertzale, sabe que cuatro años sin presencia pública, lo que sucederá con la prohibición de las listas en las elecciones vascas, es su desaparición como generación política.

Con el discurso que encarna Otegi -final dialogado y avance hacia la soberanía sin violencia- trata de visualizar que existe otro enfoque al de la línea oficial -cuyo discurso hace énfasis en la confrontación con el Estado, incluido el PNV- aunque hace equilibrios para no enfrentarse con la actual dirección de ETA.

Pero la división de líneas afecta a todos los ámbitos de la izquierda abertzale, incluido Gara, lo que explica la presencia en el diario del discurso alternativo al oficial que, además, cuenta con el aval del sector de ETA que perdió la tregua, que lideró Josu Ternera, según fuentes abertzales. Este líder de ETA no ha sido señalado para nada en la cadena de detenciones de etarras de estos meses, lo que demuestra su desvinculación de la actual dirección, según fuentes de Interior.

El discurso de Otegi tiene la ventaja para la izquierda abertzale en su conjunto, la oficial y la alternativa, de que puede impedir que sus votantes más desencantados, por la actitud de ETA en la tregua, les abandone por un partido nacionalista en las próximas elecciones autonómicas. Y tiene el inconveniente de que viene a constatar grietas internas.

En todo caso, Otegi tiene muy difícil materializar su sueño de un nuevo proceso. El presidente Rodríguez Zapatero, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han reiterado que no habrá otro proceso similar a los conocidos. Para hablar de diálogo, ETA tendrá que dejar definitivamente las armas.

La presentación de la plataforma supone un punto de inflexión, después de cuatro meses de continuas hipótesis sobre cuál podía ser la vía elegida por la izquierda abertzale tradicional para estar en los comicios, una vez que el Tribunal Supremo ilegalizó en septiembre a EHAK y ANV.

Según las fuentes consultadas en su seno, D3m “no es una lista blanca”, como se ha llamado a una formada por personas no relacionadas con siglas ilegalizadas: “La cuestión es ya si el Estado tiene voluntad. Si no quiere que estemos en las urnas, buscará cualquier excusa, en el último miembro, para ilegalizarnos”.

El secretario general del PSOE en el Congreso, Ramón Jáuregui, opinó que la izquierda abertzale busca con la plataforma la ilegalización para, según la “estrategia de ETA”, ahondar en el “victimismo” y “justificar” el fin de la tregua.

La izquierda abertzale ha acelerado su plan para constituir D3m (Demokrazia 3.000.000) -número de habitantes que viven en Euskadi, Navarra y el País Vasco francés-, ya que no contaba con que el lehendakari convocara las elecciones el 1 de marzo, después de haber barajado fechas posteriores. De hecho, hoy sólo se presentará la plataforma, que comenzará el trabajo propio para confeccionar las candidaturas el lunes. Las listas con los candidatos por Vizcaya, Guipúzcoa y Álava no se conocerán hasta el 26 de enero, según las mismas fuentes. Así, la izquierda abertzale ha pisado ya el acelerador para intentar estar presente en las urnas y no desaparecer del Parlamento vasco por primera vez en los últimos 30 años.

La presentación de D3m coincide en el tiempo, precisamente, con la reaparición de Arnaldo Otegi, después de haber mantenido un silencio casi absoluto desde que salió de prisión, el pasado agosto.

El inicio este jueves del juicio por las reuniones con el lehendakari y los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, en el proceso de paz, le ha servido de trampolín para saltar a la arena política. La misma víspera del inicio de la vista celebró su primera rueda de prensa en meses para anunciar que iba a aprovechar el juicio para reivindicar el diálogo y denunciar la Ley de Partidos. Ayer, se presentó de nuevo ante los medios, junto al diputado del Sinn Féin Alex Maskey.

El líder de la ilegalizada Batasuna manifestó que “difícilmente en este país se puede habilitar un escenario de paz y democracia sin el concurso de la izquierda abertzale, de los socialistas, del PNV, de UPN e, incluso, del PP, que se autoexcluye de este tipo de dinámicas”. “Todos saben, incluido el Estado, que no habrá solución pacífica y democrática sin la izquierda abertzale”, agregó. El dirigente del Sinn Féin instó, por su parte, al Gobierno a favorecer un proceso de paz: “Hay dos caminos a seguir, el de Gaza o el de Sudáfrica”.

El órgano de dirección de la Cámara recibió un oficio del Tribunal Supremo el pasado mes de febrero por el que se acordaba la suspensión de la entrega a EHAK de fondos procedentes de la financiación pública, “cualquiera que fuera su tipo y naturaleza”. Sin embargo, la portavoz del grupo abertzale, Nekane Erauskin, consideró que el auto “no tomaba medida alguna contra el grupo parlamentario de Ezker Abertzalea” y considera que Ezker Abertzalea y el partido político EHAK son “jurídicamente diferentes” y que las medidas que se adoptan contra la formación “no afectan al grupo parlamentario”.

En declaraciones a Radio Euskadi, Erauskin afirmó que la acusación va dirigida, en concreto, contra Izaskun Bilbao, “por haber desoído los requerimientos para que realizara esos pagos”. Según el diario Gara, la denuncia presentada por Ezker Abertzalea afirma que los miembros de la Mesa del Parlamento de Vitoria han podido incurrir en un delito de prevaricación.

El portavoz del PSE-EE, Juan Antonio Pastor, respaldó la suspensión de las subvenciones y aventuró que la denuncia “no tendrá recorrido jurídico”. Su homólogo del PP vasco, Leopoldo Barrera, aseguró que “no se entiende la base legal de la denuncia”.

La explosión ocurrió antes del amanecer en la oficina de una agencia de bienes raíces en Anglet, región vasca de Francia, dijo la policía local. Nadie resultó herido. La frase “Vasco no está a la venta” fue pintada con pintura en aerosol a través del edificio.

En Carbreton, a 20 kilómetros de Anglet, otro artefacto explosivo armado con una botella llena de líquido flamable con un detonador fue descubierto alrededor del mediodía de hoy.

Nadie ha reclamado la responsabilidad de los hechos. Se lanzó una investigación, pero sigue sin aclararse si los incidentes involucraron “terrorismo” o no.

La AVT, que acusa a Otegi de un delito de enaltecimiento del terrorismo, justifica su petición argumentando que en la entrevista, el dirigente de Batasuna defiende la existencia de “cuatro territorios” en Euskal Herria y el derecho del pueblo vasco “a decidir libre y democráticamente” su futuro.

También constata que el diario ‘Gara’ presentaba a Otegi como “interlocutor de la izquierda abertzale con el Estado Español” y que éste acusaba al Estado de “utilizar prácticas represivas contra los independentistas como él, no respetando las reglas del juego democrático pero imputando un delito a las instancias del Estado”.

“Las mismas acusaciones que vierte la banda terrorista ETA en todos sus comunicados”, señala la AVT antes de acusar a Otegi de justificar la “lucha armada” al afirmar: “Todos tenemos que huir de las recetas fáciles porque no es cierto que el cese ni tampoco la persistencia de la lucha armada resuelvan todos los problemas”.

De igual modo, la AVT recuerda que Otegi califica de “presos políticos” a los etarras que están “condenados por múltiples asesinatos” y añade que su liberación es “un deber ético, político y humano que tiene la izquierda abertzale”.

MANIFESTACIÓN EN DURANGO

El colectivo presidido por Juan Antonio García Casquero también solicitó hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que prohíba la manifestación convocada por la izquierda abertzale el próximo sábado en Durango (Vizcaya) en protesta por el trigésimo aniversario de la aprobación de la Constitución, al considerar que tras la convocatoria se encuentra la ilegalizada Batasuna.

La manifestación, que tiene el lema de “Autodeterminazionaren bidetik, independentzia” (”Independencia por la vía de autodeterminación”), fue presentada ayer en rueda de pensa por los portavoces Miren Legorburu e Itziar Abellanal.

En este sentido, la AVT recuerda que Abellanal formó parte de Mesa Nacional de Batasuna y posteriormente se integró en la también ilegalizada Acción Nacionalista Vasca (ANV), mientras que Legorburu fue edil de esta formación en el Ayuntamiento de Hondarribia (Guipúzcoa) y cabeza de lista al Congreso de los Diputados.

Según el colectivo de víctimas, estos elementos son “más que suficientes” para entender que “detrás de la convocatoria, claramente contraria a la Constitución y a las leyes, se hayan las formaciones ilegalizadas”. “Las formaciones ilegalizadas pretenden seguir actuando impunemente dentro de la sociedad”, apunta.

El resto de los activos disponibles en poder de los partidos ilegalizados (1.946.625,52 euros) -hay otra parte embargada y por tanto bloqueada por la Audiencia Nacional-, deberá destinarse al pago de una pequeña parte de las deudas que éstos contrajeron con la Kutxa y con el BBK entre 1989 y 1991 y que ascienden, intereses incluidos, a 14.037.767,59 euros.

Para el pago de salarios e indemnizaciones de trabajadores (reconocido por sentencia y que asciende a 191.575,72 euros) no queda disponible ni un solo euro. Por su parte, al procurador José Manuel Dorremochea, que ha representado a los partidos ilegalizados en diversos procesos judiciales, se le reconoce el derecho a cobrar 321,31 euros del total de 9.576,07 que reclamaba, pues no acreditó documentalmente la diferencia. Pero, hecho el reparto con los otros acreedores, sólo percibirá 3,53 euros.

Ese es, en resumen, el resultado de la liquidación patrimonial realizada a propuesta de los tres peritos nombrados a tal fin por la «Sala del 61». El alto Tribunal declara de esta forma el archivo de este procedimiento, que sólo podrá reabrirse en el caso de que la Audiencia Nacional levante el embargo de las cuentas (decretado en el sumario 35/02 con el que el juez Baltasar Garzón investiga a cuarenta dirigentes batasunos por integración o colaboración con banda armada) o en el caso de que «se averigüe la existencia de otros bienes o derechos pertenecientes a dichos partidos».

En el auto, dictado el pasado 20 de noviembre, el Supremo contabiliza los activos y los pasivos de cada uno de los partidos ilegalizados para, acto seguido, determinar qué deudas siguen pendientes de pago y cuáles, por el contrario, han prescrito. En contra del criterio del fiscal, la «Sala del 61» entiende que es en el curso de este proceso de liquidación, consecuencia de la ilegalización, donde debe ordenarse el abono de las cantidades reclamadas por los acreedores de las formaciones ilegalizadas. Como tales figuran la Kutxa, la BBK, el procurador José Manuel Dorremochea y el Juzgado de lo Social número 2 de San Sebastián.

Veamos por partes cómo y por qué se saldan algunas de esas deudas, por qué otras se declaran prescritas y la razón por la que algunas quedan pendientes de pago.

Pasividad de los bancos con HB.

Entre 1989 y 1991, las dos entidades bancarias concedieron a Herri Batasuna dos créditos que ascendían a 60 millones de las antiguas pesetas en el caso de la Kutxa, y otros dos que sumaban 50 millones en el caso del BBK. Estas cantidades han experimentado un espectacular aumento debido los intereses moratorios generados por el transcurso del tiempo, por lo que la cifra pendiente de pago alcanza a día de hoy un total de 14.037.767,59 euros. Tanto la Kutxa como la BBK se quedarán sin cobrar una parte de la deuda (la correspondiente a los llamados intereses remuneratorios o compensatorios), cuya reclamación ha prescrito.

Según señalan los liquidadores en el informe aprobado por el Supremo, ambos bancos podrían haber incurrido en «una posible dejación de funciones en el seguimiento y exigencia de los créditos», pues no reclamaron por vía judicial a Herri Batasuna las cantidades que ésta dejó de pagar. Esta pasividad, sin embargo, no «descalifica» la reclamación hecha ahora por Kutxa y BBK, según señala el Supremo.

Entre ambas entidades, tiene preferencia la Kutxa. Ésta concedió el préstamo para que HB se presentara a las elecciones de 1989 y el contrato decía de forma específica que podría quedarse «en prenda» las subvenciones que el partido recibiera del Ministerio del Interior. Por eso, este banco cobrará los 1.812.308,18 euros que HB recibió tras la convocatoria electoral del 29 de octubre de 1989. Los 134.317,32 euros restantes (la subvención que recibió HB alcanzaba los 1.946.625,52 euros), correspondientes a los comicios celebrados el 6 de junio de 1993, se prorrateará entre los demás acreedores: 65.050 euros le corresponden a la BBK y 3,53 euros al procurador Dorremochea.

El Supremo entiende que la liquidación de los bienes de los tres partidos ilegalizados implica, en primer lugar, «la satisfacción de las deudas» que tenían con terceros

Euskal Herritarrok tiene activos por valor de 39.641,67 euros, pero sólo están disponibles 544,82. Como este partido no tiene acreedores, esos 544,82 euros son los que podrán ingresar las arcas del Estado para fines sociales, tal y como establece la Ley de Partidos Políticos. La diferencia (39.096,85 euros) está embargada por la Audiencia Nacional.

Finalmente, todo el activo de Batasuna (41.944,89 euros) está embargado por el juez Garzón, por lo que el Juzgado de lo Social número 2 de San Sebastián no ingresará ni un euro para pagar los salarios e indemnizaciones reconocidos por sentencia a los trabajadores de este partido, que suman un total de 191.575,72 euros.