El consejero del Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, se escudó ayer en que el PSE negoció con el PNV y la ilegal Batasuna durante el denominado «proceso de paz» cuestiones como la autodeterminación, para justificar que en el conjunto de la Comunidad Autónoma no se cumpla la legalidad en materia de uso de las banderas con la ausencia de la enseña de España.

Así, según recordó Balza, el PSOE, «hasta hace 15 días, ha estado negociando con el PNV y con la izquierda abertzale cuestiones como las nuevas relaciones con Navarra, las modificaciones estatutarias, el derecho de autodeterminación». Balza se refería así a las reuniones mantenidas en el Santuario de Loyola, en las que socialistas, nacionalistas y proetarras abordaron asuntos referentes a la autodeterminación, un órgano común vasco navarro y una eurorregión que incluyera además a las tres provincias del sur de Francia. Es más, recordó que durante el «proceso», el Ejecutivo de Zapatero contó con el apoyo del Gobierno vasco. Balza cree que el PSOE no puede hacer ahora «bandera de la legalidad».

De esta manera, el consejero del Interior respondía al delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, quien el jueves advirtió de que, si no se cumple con la sentencia que obliga a izar la bandera española en la academia de la Ertzaintza de Arcaute, está habilitado para dirigirse al Tribunal Supremo con objeto de que éste determine su cumplimiento.

Para Balza, el incumplimiento de la ley en materia de uso de bandera en el País Vasco es, sin más, una «culebra de verano» que «resurge 25 años después» de que el escándalo estallara a principio de los años ochenta. En efecto, significa que, un cuarto de siglo después, el respeto a la legalidad sigue siendo una asignatura pendiente en esta Comunidad Autónoma gobernada desde siempre por los nacionalistas.

Aplicando literalmente el principio de que la mejor defensa es un buen ataque, Balza optó por arremeter contra Paulino Luesma y negarle el papel de garante de la legalidad. Así, le recordó el «nulo papel» que tiene en el ámbito del País Vasco. «No tiene papel y hay que buscarlo, se atribuye funciones que no le corresponden», añadió el consejero vasco, que no hace mucho montó en cólera porque el Ministerio del Interior no le había informado inmediatamente y con detalle del coche que ETA abandonó en Ayamonte, provincia de Huelva. Y en su batería de descalificaciones hacia lo que representa la Delegación del Gobierno, Balza se preguntó dónde figura entre las responsabilidades de esta institución «ese papel de garante de la legalidad que quiere representar».

Y en su intento de desviar la atención, enfatizó que la sentencia referida a la colocación de enseñas en la academia de la Ertzaintza «ya ha sido cumplida hace dos años». Pero de Ajuria Enea, o de la sede del Ejecutivo vasco, o del Parlamento autonómico, nada.

El delegado contrarreplicó para insinuar que ni en Arcaute se cumple la normativa, ya que la bandera española está «oculta» dentro del edificio, pero no en el exterior, en lugar preferente. De hecho, Luesma comentó que el supuesto acatamiento de la Ley en la Academia «tendrá su contraste» y serán los tribunales quienes determinen «la adecuación o no a derecho de lo realizado».