Los servicios jurídicos del Gobierno vasco han remitido hoy mismo una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por un artículo en prensa del vocal para el País Vasco, Juan Pablo González, en el que acusaba al Ejecutivo de Ibarretxe de ser ‘connivente con ETA’.

La pasada semana, el Gobierno Vasco anunció que presentaría una querella criminal contra González por su artículo publicado en el diario ‘La Razón’ el 24 de enero, en el que se refería a la reacción contraria del Ejecutivo de Vitoria a varias sentencias judiciales, como la de los casos Atutxa y Ekin.

Hoy, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Miren Azkarate, ha anunciado que esta querella criminal contra el citado vocal está en fase de elaboración y previsiblemente se presentará la próxima semana.

En el texto, el vocal del CGPJ dijo que la penetración de ETA en la sociedad vasca ‘no se hubiera producido sin la connivencia y la tolerancia de un Gobierno cada vez más radicalizado’. ‘Dicha situación (…) les hace, aunque les pese, responsables en el plano ético y político de sus crímenes’.

El artículo provocó que los siete vocales de la minoría progresista del CGPJ, más el elegido a propuesta de CiU, remitieran una carta al lehendakari en la que rechazaban las críticas al Gobierno vasco vertidas por su compañero Juan Pablo González.

A la querella anunciada por el Gobierno Vasco se suma la queja enviada hoy al CGPJ porque, según Azkarate, sus manifestaciones ‘exceden el legítimo derecho a la crítica razonable y razonada y tienen la evidente intención de difamar y denigrar ante la opinión pública al Gobierno Vasco’.

Según la portavoz, González ‘muestra un desconocimiento absoluto de la labor de este Gobierno a favor de la paz, la convivencia y la lucha contra el terrorismo’.

Azkarate ha añadido que el vocal ‘muestra su absoluta animadversión a la institución del Gobierno Vasco’ y ha precisado que con su pensamiento ‘provoca un daño institucional’ al propio CGPJ y ‘contribuye a la propia deslegitimación en el País Vasco’.

La portavoz del Ejecutivo vasco ha insistido en que la acusación de Juan Pablo González ‘haciendo a este Gobierno responsable de los crímenes de ETA , así como de ser conniventes con esta organización, es susceptible de constituir un delito de calumnias e injurias previstos en el artículo 504 del Código Penal’.

En su opinión, un delito de calumnias ‘implica que el presunto delincuente imputa al calumniado la comisión de un delito’, y ‘en este caso al Gobierno Vasco se le imputaría un delito de colaboración y cooperación con banda armada’.

Los partidos aliados en el Gobierno vasco (PNV, EA y EB) han decidido expresar su rechazo al Tribunal Supremo mediante una manifestación de protesta en la calle por la condena del expresidente del Parlamento, Juan María Atutxa, y a los miembros de la Mesa de la Cámara vasca Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. La marcha se celebrará el sábado en Bilbao y los convocantes empezaron a calentar motores ayer tratando de “partisanos” a algunos jueces.

Ese fue el término utilizado en la nota que firmaron los convocantes de la iniciativa. En el escrito, se apuntó también que “determinados magistrados” actúan como “ariete de choque contra la voluntad” de la ciudadanía.

PNV, EA y EB reivindicaron la acción política e institucional “sin cortapisas” y justificaron la inusual iniciativa adoptada por la “gravísima situación política” que ha generado la decisión del Supremo por no disolver al grupo de Batasuna.

Los aliados en el tripartito afirman que Atutxa, Knörr y Bilbao defendieron “la autonomía” del Parlamento vasco. Por eso, consideran “imprescindible” que “se alce” la voz de los vascos para denunciar decisiones que pueden conducir a “un deterioro democrático sin precedentes”.

Los tres presidentes de los partidos comparecerán juntos el viernes para animar a la participación en la marcha.

La suspensión de actividades del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) que puede dictar el juez Baltasar Garzón tras la vista que ha fijado para el próximo 4 de febrero y su eventual ilegalización posterior por el Tribunal Supremo colocarán previsiblemente al Parlamento de Vitoria ante una nueva orden de disolución de un grupo parlamentario.

Todo indica que el PNV no va a querer esta vez entrar en la dinámica de enfrentamiento con la justicia en que le sumió el proceso de ilegalización de 2002 y 2003 contra Batasuna. El enfrentamiento ha terminado con el fallo condenatorio del propio Supremo, conocido el pasado lunes, contra el anterior presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, y otros dos miembros de la Mesa. Los tres desobedecieron la orden del Tribunal Supremo de disolver Sozialista Abertzaleak, el grupo parlamentario que acogió a los diputados de Batasuna una vez ilegalizada.

La decisión para los grupos que apoyan al Gobierno de Juan José Ibarretxe (PNV, EA y EB) resulta molesta: mantener la doctrina Atutxa, y arriesgarse a una nueva condena por desobediencia o acatar la orden de disolución, con lo que ello tiene de desautorización a sus predecesores ahora condenados. Los parlamentarios de PCTV se adelantaron ayer a emplazar a la presidenta de la Cámara autonómica, la peneuvista Izaskun Bilbao, a “actuar en coherencia” con la decisión anterior y mantener su grupo.

Al Grupo Mixto.

Bilbao, quien acompañó el pasado lunes a Atutxa en la vista en el Tribunal Supremo y ayer pasó toda la tarde reunida con los letrados de la Cámara, se ha pronunciado con suma cautela: “Habrá que ver si los pasos que se dan son los mismos o no. Las situaciones no se repiten nunca de manera mimética”.

Lo más esperable es que, en esta ocasión, se opte por el envío de los parlamentarios de PCTV al Grupo Mixto, como ya aconsejaron en su día los propios servicios jurídicos de la Cámara vasca. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, hizo ayer una sugerencia en esa dirección. La responsabilidad, señaló, “es de la izquierda abertzale”. Los grupos del tripartito (PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua) convocaron ayer una manifestación de protesta para el próximo sábado en Bilbao, a la que acudirá el Ejecutivo autonómico.

El Museo Guggenheim Bilbao ha anunciado hoy que “no tiene intención” de retirar unas fotografías del artista navarro Clemente Bernad aunque puedan “suscitar malestar” porque “cumplen absolutamente con la legalidad”.

El director del museo, Juan Ignacio Vidarte, ha salido hoy al paso ante las críticas vertidas por las asociaciones de víctimas del terrorismo y el PP ante unas instantáneas del fotoperiodista Clemente Bernad al entender que son “humillantes para las víctimas” y hacen “apología del terrorismo”.

La polémica se ha visto reforzada por el hecho de que el artista hubiese pedido a la familia de Miguel Angel Blanco poder exhibir una imagen de la radiografía de su cráneo en la muestra sobre arte vasco contemporáneo “Cada uno a su gusto”, inaugurada ayer en Bilbao.

La familia del concejal asesinado por ETA rechazó no obstante la petición puesto que la imagen se quería incluir en una muestra en la que se daba una opinión “sesgada” del País Vasco.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha instado al museo a retirar las instantáneas por “hirientes y humillantes” para las víctimas, que aseguran sentirse “ofendidas” por las muestra.

Esta organización ha censurado que “con fondos públicos el Museo Guggenheim Bilbao esté posibilitando una exposición dolorosa e injusta hacia las víctimas del terrorismo” ya que ofrece una visión del País Vasco “parcial, sesgada y complaciente con los violentos”. “Dicha visión no guarda una proporción temática mínimamente razonable con la situación de nuestra tierra y no es representativa de la realidad de las víctimas vascas del terrorismo y del clima de persecución terrorista en el País Vasco”, advierte.

En respuesta a las críticas recibidas, Vidarte ha expresado su “sorpresa y tristeza” porque se haya cuestionado la actuación del museo en la intimidad de las personas, un terreno en el que, según ha dicho, “hemos sido siempre y los vamos a seguir siendo además, absolutamente respetuosos y exquisitos”.

El director del museo ha precisado que la polémica instantánea de Miguel ángel Blanco “nunca ha estado en esta exposición” y ha insistido en que el museo en su política expositiva está “absolutamente alejado de la política. “Nos parece además de una falta de escrúpulos bastante notable que justo cuando nosotros hemos hecho todos los esfuerzos posibles, y nos consta que también la comisaria y el artista por respetar la legalidad y dentro de la legalidad el derecho a la intimidad, haya otras personas y organizacioness que no tengan esa responsabilidad”, ha señalado.

Vidarte ha reconocido que puede que haya obras que “suscitan malestar” pero ha censurado la “tergiversación” que se ha hecho de la muestra. En este sentido, ha precisado que los pies de foto junto con la obra “forman parte del ámbito de independencia del comisario y del artista, siempre y cuando se respeten los límites de la legalidad”.

“Entrar en otro tipo de análisis sería entrar en un ámbito político por parte del museo, el censurar o condicionar lo que el artista refleja en su obra”, ha indicado.

Asimismo, ha insistido en que el museo es “especialmente sensible al dolor de las víctimas” y ha recordado en este sentido el reciente homenaje realizado al ertzaina Txema Aguirre -organizado por amigos y familiares del agente-, asesinado por ETA hace ahora diez años coincidiendo con la inauguración del museo.

El director del museo ha explicado que solicitó a la comisaria Rosa Martínez una exposición sobre arte vasco contemporáneo con motivo del décimo aniversario de la institución museística. Una vez planteado el encargo, fue la comisaria quien presentó un proyecto “con el que hemos intentado ser absolutamente respetuosos”. “Es función de Rosa definir el concepto de la exposición, seleccionar a los artistas y sus obras con un criterio que es subjetivo suyo, pero no arbitrario”, ha precisado Vidarte.

Vidarte ha reconocido que la “única restricción” del museo fue que las obras expuestas “cumplan con la legalidad, como de hecho lo hacen en esta exposición”, aunque ha admitido que el museo conocía que el artista se había puesto en contacto con los familiares de las personas que aparecían reflejadas en las fotografías para conseguir su aprobación a pesar de que las instantáneas seleccionadas finalmente “cumplen absolutamente con la legalidad en el sentido de respetar la intimidad de las personas”.

Por todo ello, Vidarte ha explicado que el museo no tiene intención de retirar las imágenes salvo que haya un acto judicial que les obligue a ello. “Nosotros cumpliremos con la ley y con las órdenes de los tribunales”, ha añadido.

La comisaria Rosa Martínez, por su parte, ha precisado que las fotos mostradas fueron elegidas de entre un total de 1.400 y que todas ellas “muestran un enorme respeto por las víctimas”. A su juicio, la selección se ha hecho “con el máximo respeto a las víctimas y la lectura e interpretación de las imágenes no está en las imágenes sino que en el ojo de quien las mira, y ese ojo a veces es ideológico”. “La lectura interesada que se hace de ellas habla más de la ideología de las personas que las interpretan”.

La Mesa Nacional de Batasuna admite que con la detención y encarcelamiento de 19 de sus componentes ‘nos han hecho daño’, pero asegura que va a ‘responder y seguir adelante con mayor iniciativa política’. La dirección del partido ilegalizado hace este diagnóstico de su situación en un escrito fechado el pasado lunes, un día después de que el juez Baltasar Garzón dispusiera el ingreso en prisión de los dirigentes detenidos durante una reunión que celebraban en la localidad guipuzcoana de Segura.

‘Nos han golpeado, nos han golpeado duro, nos han hecho daño’ con la captura de los dirigentes, reconoce Batasuna en el inusual texto y que fue divulgado este domingo por el diario `Gara¿. Pero este hecho, agrega la nota interna, no va a ‘amedrentar’ su actuación porque ‘tenemos un pueblo que nos arropa y el compromiso con ese pueblo nos hará seguir adelante’.

La Mesa Nacional del partido ilegal afirma que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la ruptura del alto el fuego de ETA, ofrece a la izquierda abertzale ’sólo un único camino: la Constitución española y la represión’. Batasuna se dirige en concreto al jefe del Ejecutivo, al que advierte que ‘tiene enfrente un pueblo que no va a poder doblegar, y si se empeña ello, al igual que sus antecesores, fracasará’.

La formación proscrita considera que la detención de sus dirigentes es consecuencia de la negativa gubernamental a aceptar su propuesta política durante el alto el fuego, que incluía el ejercicio del derecho de autodeterminación y la anexión de Navarra a Euskadi. También hay para el PNV, al que Batasuna reprocha que su objetivo sea ‘pactar con el Estado para mantener sus cuotas de poder y así seguir haciendo negocio’, en contrapartida, el partido que lidera Josu Jon Imaz ofrece ‘un pacto en donde se cierren todas las vías hacia la independencia de Euskal Herria’.

El partido ilegalizado se jacta además de ser la fuerza política que ‘ha llevado a este país a las coordenadas de cambio político’. La solución ‘democrática’, agrega Batasuna, pasa por que se acepte que ’somos una nación y nos corresponde la palabra y la decisión’.