La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha absuelto a los cinco directivos del diario Egunkaria —el presidente del Consejo de Administración, Juan María Torrealday, los consejeros José María Auzmendi, Ignacio María Uría y Marcelo Otamendi y al último redactor jefe de la publicación, Javier Oleaga—, acusados de pertenecer a la organización terrorista ETA por impulsar la constitución del diario.

La orden de cierre del diario Egunkaria “no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal, especial y expresa que la autorizara”, concluye la Audiencia.

Más aún: el diario no era una herramienta de ETA, y el simple análisis de la línea informativa “permitía descartar que el periódico fuera instrumento para la comisión de delitos”. Las acusaciones fueron incapaces de acreditar “ni directa ni indirectamente” que Egunkaria defendiera los postulados de la banda terrorista, “haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado”. ” Esto último, además, no sería delictivo”, recuerda la sala.

El fallo desmonta las denuncias presentadas por las acusaciones populares Dignidad y Justicia (DyJ) y Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a los que la sala critica “lo artificioso” de sus hipótesis.

“La endeblez del punto de partida en la acusación es evidente, pues en el ámbito del derecho penal no basta con que una organización criminal utilice a personas físicas o jurídicas en su proyecto criminal, sino que es preciso que se demuestre que los utilizados (…) eran conscientes y actuaron voluntariamente en auxilio de la banda terrorista para favorecer la consecución de sus fines”, indica.

Entre las conclusiones sobresale las implicaciones que tuvo la clausura del periódico: “De entre las diversas formas y modos de injerencia en la libertad de prensa, el cierre supone la mayor restricción, la suspensión o cancelación radical de todos los derechos relacionados con la emisión y recepción de información y opinión, de manera sistemática, afectando masivamente a derechos e intereses de múltiples personas -editores, profesionales de la información, escritores de prensa, colaboradores, suscriptores, lectores habituales y esporádicos- y de la propia sociedad”, raza la sentencia.

No hubo intervención de ETA.

El rotativo fue clausurado en febrero de 2003 por orden del juez Juan del Olmo. El 6 de diciembre de 1990 se vendió el primer número del periódico Euskaldunon Egunkaria, editado íntegramente en euskera con un capital de 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros. Cuando el rotatitvo se intervino judicialmente ascendía a 1.670.000 euros.

“No se ha acreditado que parte alguna del capital social u otros recursos fueran de procedencia ilícita”, aclara la sentencia, en la que se recalca que “tampoco consta envío o desvío de fondos o activos de clase alguna desde la sociedad editora o el diario a la banda terrorista ETA”.

La sala, de hecho, desmonta los argumentos a los que se aferró el juez del Olmo para ordenar el cierre. Los editoriales de Egunkaria ni  defendían “los postulados de ETA” ni mucho menos se escribían por “órdenes de ésta”. En conclusión:  no cabe interpretar que los procesados “fueran designados, estuvieran vinculados, colaboraran u obedecieran consignas” de la banda armada.

La sentencia aborda también a las denuncias de malos tratos formuladas por los acusados y señala que “no hubo un control judicial suficiente e eficiente de las condiciones de incomunicación” a las que se les sometió tras ser detenidos.

Satisfacción

“Es una de las mejores noticias que ha recibido en los últimos años”, ha declarado tras conocer el fallo el director del periódico, Martxelo Otamendi.

“Por fin se ha hecho justicia con un caso que nunca debió ir a los tribunales”, se ha felicitado el coordinador general de Ezker Batua-Berdeak (EB), Mikel Arana.

“Tras el largo y tortuoso proceso judicial que termina hoy, la FAPE exige a las autoridades competentes que reparen el daño ocasionado por el cierre del diario”, ha reclamado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Durante el juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 1 de febrero, las acusaciones populares de Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitaron penas de entre 12 y 14 años de prisión para los directivos del periódico Juan María Torrealdai, José María Auzmendi, Iñaki Uría, Martxelo Otamendi y Xabier Oleaga, al entender que ETA estaba detrás de la constitución del diario.

La Fiscalía pidió en diciembre de 2006 el archivo del proceso al no poderse acreditar “ni que el periódico sea fuente de financiación de ETA, ni que sea instrumento de blanqueo de capitales ilícitos procedentes de la banda”. “No puede acreditarse que bajo la forma de un periódico legal estuviera ETA”, abundó.

El ex presidente del Gobierno vasco Carlos Garaikoetxea menciono que el cierre del diario suponía “uno de los ataques más escandalosos a los derechos fundamentales, como la libertad de opinión, expresión y comunicación”.

“Se nos hace difícil entender que estemos en el banquillo de los acusados por haber fundado desde la sociedad civil y dirigido el primer periódico diario en euskera, el sueño de los euskaltzales (impulsores de la lengua vasca) de las diferentes generaciones del siglo XX, un sueño muy anterior a la existencia de ETA”, escribió por su parte, también en este diario, Joan Mari Torrealdai, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, académico de la Lengua Vasca.

Movilizaciones.

La causa fue interpretada por gran parte de la sociedad en Euskadi como una agresión al euskera, la cultura vasca y la libertad de expresión. No pasó desapercibido: la causa ha suscitado un sinfín de movilizaciones.

Tras su cierre, desencadenó una de las mayores manifestaciones celebradas en Euskadi. Ante el inicio del juicio, el diario y los imputados han recibido también estas semanas la solidaridad de más de un centenar de escritores, de Euskadi y Catalunya especialmente, de la mayoría sindical del País Vasco, de representantes del deporte y de profesionales de distintos medios de comunicación, entre otros sectores.

España retrocede casi diez puestos en la clasificación mundial sobre el estado de la libertad de prensa que elabora cada año la organización Reporteros Sin Fronteras.

Este año, la organización llama la atención sobre el retroceso de la libertad de prensa en Europa y advierte sobre los abusos que se cometen en países como Italia o España, que ha pasado de ocupar el puesto 36º al 44º. Reporteros Sin Fronteras denuncia, en particular, el hecho de que en nuestro país los periodistas todavía se vean amenazados físicamente.

Europa fue durante mucho tiempo ejemplar en materia de respeto a las libertades públicas, pero cada año tiene que lamentar una constante pérdida de posiciones, a pesar de que los trece primeros puestos siguen ocupados por países europeos. Las jóvenes democracias africanas (Mali, Gana) y latinoamericanas (Uruguay) ganan el terreno perdido por Europa.

“¿Cómo denunciar las violaciones cometidas en el mundo si no actúan de forma irreprochable en su propio terreno?”, se pregunta Jean-François Julliard, Secretario General de Reporteros Sin Fronteras.

El efecto Obama en Estados Unidos.

La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca da un impulso a Estados Unidos, que ha remontado 20 puestos, pasando del 40º al 20º.

El informe señala que la actitud menos belicosa de Obama con respecto a la prensa ha tenido mucho que ver en este ascenso. Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras hace una crítica velada a la concesión a Obama del premio Nobel de la Paz, ya que recuerda que su país sigue participando en dos guerras.

Además, a pesar de una ligera mejora de la situación, la actitud de Estados Unidos respecto a los medios de comunicación en Irak y Afganistán es calificada como “preocupante”. Varios periodistas fueron heridos o detenidos por el ejército estadounidense.

Israel: operación capa de plomo para la prensa.

La operación militar “Plomo fundido” en la que Israel bombardeó la Franja de Gaza tiene su reflejo en la prensa.

Israel pierde 47 puestos y llega a ser el 93º de la clasificación, lo que hace hace que deje de ser el primer país de Oriente Medio, quedándose detrás de Kuwait (60º) y de los Emiratos Árabes Unidos (86º).

Reporteros Sin Fronteras denuncia que, en territorio de Israel, se han producido este año cinco arrestos, a veces fuera de cualquier marco legal, y tres encarcelamientos de periodistas. Además, la censura militar ha sido aplicada a todos los medios de comunicación.

El balance de la guerra es desolador: unos 20 periodistas fueron heridos en la Franja de Gaza por las fuerzas armadas israelíes y tres fallecieron mientras cubrían el conflicto.

Irán a las puertas del trío infernal.

Contrarrestando el primer puesto que ostenta Dinamarca, Turkmenistán (173º), Corea del Norte (174º), y Eritrea (175) siguen aferrados al final de la lista.

Este año, Irán se une a ellos. Los periodistas han sufrido más que nunca la política represiva del presidente iraní,  Mahmud Ahmadineyad. Su discutida reelección sumió el país en una auténtica crisis en la que periodistas y blogueros sufrieron persecuciones constantes.

El panorama de la libertad de prensa de Irán durante 2009 podría resumirse en censura previa y automática, vigilancia de los periodistas por el Estado, malos tratos, periodistas obligados a huir del país, arrestos ilegales y encarcelamientos.

La etarra Maite Aranalde ha abandonado la cárcel de Soto del Real (Madrid) pasadas las 20,15 horas de hoy después de haber abonado la fianza de 12.000 euros que ayer le impuso el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, han informado la fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Aranalde Ijurco, extraditada por Francia el pasado martes para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al “comando Donosti” de ETA, deberá comparecer semanalmente en comisaría y no podrá abandonar el territorio nacional, por lo que el juez le ha retirado el pasaporte.

Pese a estar acusada en España en varios procesos judiciales, la etarra ha abandonado la prisión madrileña ya que Francia de momento sólo ha concedido su extradición por la causa en la que se la imputa el delito de tenencia de explosivos, por la que previsiblemente será absuelta, ya que la Audiencia Nacional declaró inocente en 2007 a un coimputado, Iker Olabarrieta, al que se atribuían los mismos hechos.

Esa es la razón por la que Velasco rechazó ayer adoptar contra ella una medida cautelar más contundente como sería la prisión provisional, que sí podría haberse acordado en otra de las causas en las que está imputada -la colocación de varios artefactos explosivos en gasolineras de Madrid en plena operación salida del puente de la Constitución en 2004- de haber llegado la documentación de Francia.

La Audiencia Nacional está ahora a la espera de que las autoridades francesas resuelvan la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada contra la etarra por estos hechos, momento en el que sería citada de nuevo ante el juez y previsiblemente la Fiscalía pedirá su ingreso en prisión.

Prohíben el acto de bienvenida en Ibarra.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha prohibido el acto de bienvenida convocado para esta tarde en Ibarra con motivo de la puesta en libertad de la etarra Maite Aranalde, extraditada por Francia el pasado martes y que hoy quedará en libertad tras abonar una fianza de 12.000 euros.

Moreno, que se encuentra de guardia esta semana, ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que esta mañana ha pedido la prohibición del acto al considerar que estaba organizado por la formación ilegalizada Askatasuna y que “se enmarca en el objetivo de la directriz de ETA de tributar homenajes a sus militantes con ocasión de su excarcelación”. El magistrado asume los argumentos del Ministerio Público y considera que de celebrarse dicho acto se estaría cometiendo un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Según el escrito de la Fiscalía, del informe aportado por la Policía se desprende que el homenaje convocado en la localidad natal de la etarra supera los fines constitucionales de los actos de reunión y manifestación puesto que tienen, “como única pretensión”, enaltecer a personas que han cometido delitos terroristas, lo que supone un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado al juez Moreno que prohibiera este acto de bienvenida para la etarra Maite Aranalde convocado para esta tarde en Ibarra. En un escrito dirigido al Juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, la fiscal Susana Landeras explicaba que este acto de homenaje había sido organizado por la formación ilegalizada Askatasuna.

En la petición se entendía que esta convocatoria “se enmarca en el objetivo de la directriz de ETA de tributar homenajes a los militantes de ETA con ocasión de su excarcelación, homenajeándoles por su contribución a la ‘lucha’”. Según la fiscal, del contenido del informe aportado por las fuerzas de seguridad se desprende que el homenaje convocado para esta tarde en la localidad natal de la etarra supera los fines constitucionales de los actos de reunión y manifestación puesto que tienen, “como única pretensión”, enaltecer a personas que han cometido delitos terroristas.

Aranalde ha abonado su fianza en torno a las 12.00 horas, por lo que el magistrado ya ha dictado un auto en el que decreta la libertad de la terrorista. No obstante, Velasco le impone como medidas cautelares la obligación de comparecer semanalmente en la comisaría más próxima a su domicilio, la retirada de pasaporte y la prohibición de abandonar España.

Esta situación ha sido posible después de que este mismo juez decretase ayer la condición de prisión eludible bajo 12.000 euros de fianza para la etarra. La Audiencia Nacional se vio impedida a adoptar la prisión incondicional que solicitaba la Fiscalía debido a que, entre la información aportada por Francia, no se incluye su participación en un múltiple atentado sin víctimas en 2004. En cualquier caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá mañana la decisión del juez Eloy Velasco y ha propuesto que la Policía la vigile permanentemente.

En Francia ya cumplió condena.

Aranalde fue detenida hace cuatro años en Francia, donde fue condenada por asociación de malhechores (integración en organización terrorista). Una vez cumplida su condena, fue entregada de manera definitiva a España, donde la Audiencia Nacional la reclamaba por varias causas pendientes por las que se habían remitido al país galo las correspondientes Ordenes Europeas de Detención.

El juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el juez Baltasar Garzón, la reclamaba por el delito de tenencia de explosivos. Además, el Juzgado Central de Instrucción número 1 del que es titular el juez Santiago Pedraz, la solicitaba por un delito de estragos terroristas, concretamente, por su presunta colaboración en la colocación de varios artefactos explosivos en distintas gasolineras durante la ‘operación salida’ del puente de la Constitución de 2004.

Según fuentes jurídicas, su participación en aquel múltiple atentado de diciembre de 2004 ya sería suficiente para acordar la prisión incondicional de la terrorista, pero el problema estriba en el hecho de que Francia tan sólo ha remitido en sus respuestas a las Ordenes Europeas de Detención solicitadas la información relativa al delito de tenencia de explosivos sin hacer mención ninguna a los estragos.

La ausencia de esta información impidió al juez Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno (quien sustituye a Pedraz al encontrase de vacaciones) adoptar la situación de prisión incondicional para la terrorista al no haber sido entregada por esta causa.

De este modo, el juez Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco (quien sustituye a Garzón) tan sólo tuvo que decidir sobre la tenencia de explosivos por la que fue extraditada. En ese sentido, y en contra de la prisión incondicional que le solicitó la Fiscalía, el juez adoptó prisión eludible bajo 12.000 euros de fianza. Según fuentes jurídicas, Velasco ha tenido en cuenta que por la tenencia de explosivos ya fue absuelto en similares condiciones su compañero sentimental.

El recurso de la Fiscalía.

La Fiscalía recurrirá mañana la decisión del juez Velasco de imponer a Maite Aranalde 12.000 euros de fianza para eludir la prisión y además pedirá al juez que imponga mayores medidas de seguridad para garantizar que la miembro de la banda terrorista no huya del terroritorio español una vez que abandone hoy la prisión de Soto del Real.

El Ministerio Público pedirá al magistrado que ordene prisión provisional para la etarra por la comisión del delito de tenencia de explosivos que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 y sobre el que decidió ayer Velasco en sustitución de Baltasar Garzón, que se encuentra de vacaciones. Además, solicitará la imposición de vigilancia policial permanente para evitar la huída de Aranalde de España. La Fiscalía recuerda que la etarra fue detenida en Francia, adonde había escapado cuando formaba parte del comando K-Zelatun lo que podría facilitar que lo hiciera de nuevo. Pide también que las comparecencias impuestas sean diarias, en lugar de semanales.

Ambos recursos serán de reforma subsidiarios de apelación, por lo que es probable que la decisión final sea adoptada por la Sala de lo Penal.

El Tribunal Supremo de España ha anulado esta madrugada la candidatura de Iniciativa Internacionalista (II) a las elecciones al Parlamento Europeo por once votos a cinco, según informaron fuentes de este tribunal.

Esta decisión se produce después de que el Gobierno español impugnara ante el Supremo esa candidatura por considerar que está vinculada a la organización terrorista ETA.

Dicha candidatura está encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre, ex candidato de Herri Batasuna (HB) y sus sucesoras (EH y ANV), formaciones políticas que la Justicia española vincula a ETA y que han sido ilegalizadas.

Tanto la Fiscalía como el Gobierno español sostienen que Alfonso Sastre es el “banderín de enganche” elegido por ETA para enviar “una clara señal a sus votantes” de cuál es la lista que deben apoyar para obtener un escaño en el Parlamento Europeo.

Iniciativa Internacionalista anunció hoy que recurrirá, de manera inmediata, ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que anula su candidatura a las elecciones europeas, que se celebrarán el próximo 7 de junio.

El Tribunal Constitucional tendrá que tomar la decisión definitiva sobre si esta lista puede o no concurrir a los comicios europeos antes de la medianoche del 22 de mayo, día en que comienza la campaña electoral.

Por ello la candidata de II Ángeles Maestro, que ocupa el número cinco de la lista, dijo hoy a EFE que su formación aprovechará esta semana para hacer un llamamiento de apoyo a organizaciones políticas, sociales y sindicatos, a nivel nacional e internacional.

“Se trata -aseguró- de buscar apoyos entre personalidades y organizaciones para que se pronuncien en contra” de la decisión del Tribunal Supremo, añadió.

Maestro reivindicó el derecho “a existir y a actuar legalmente” y agregó que los miembros de II sólo tienen una actividad “meramente política y ajustada a los principios democráticos elementales”.

El Gobierno y la Fiscalía General del Estado impugnarán hoy ante la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo la candidatura Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II) a fin de evitar que concurra a las Elecciones Europeas del próximo 7 de junio.

La Abogacía del Estado y el Ministerio Público, en un principio reacios a actuar contra esta lista que encabeza el dramaturgo y ex candidato de Acción Nacionalista Vasca (ANV) Alfonso Sastre, cambiaron de opinión tras recibir en las últimas 48 horas varios informes de Policía y Guardia Civil que apuntan que esta plataforma, en apariencia independiente, puede haberse convertido en una “sucesión fraudulenta del entorno ETA-Batasuna”.

A pesar de que el Ministerio de Justicia aseguró ayer que las “pruebas” para defender la anulación son “suficientes”, los responsables de la Fiscalía y del Gobierno son conscientes de que no será fácil conseguir que el Supremo saque de las elecciones a Iniciativa Internacionalista, ya que esta plataforma está compuesta por una coalición de partidos legales desde hace años y liderada por grupos nacionalistas castellanos.

Esta fórmula de “suma partidos”, reconocieron responsables del Ministerio Público, “complica” una posible impugnación ya que esta variante no figura como tal en la Ley de Partidos. La Fiscalía destaca que las estrategias de la izquierda abertzale por tratar de concurrir a los comicios son cada vez más “sofisticadas”: primero fueron partidos, luego agrupaciones electorales y a ahora coaliciones sin conexiones evidentes.

Pruebas más contundentes.

La Comisaría General de Información de la Policía y de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, que hasta la pasada semana no veían más que “vagos indicios” para actuar contra la lista, presentaron nuevos informes con pruebas más contundentes.

Entre ellas, un encuentro entre responsables de Batasuna y miembros de II para decidir el momento de la campaña electoral en el que la izquierda abertzale pedirá el voto para la plataforma. Según la Guardia Civil esta reunión tuvo lugar en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros el pasado 23 de abril, fiesta de Castilla y León.

Los atestados policiales también hacen hincapié en la “colonización” que ANV ha hecho de la lista. Nueve cargos públicos de este partido ilegalizado han sido fichados a última hora después de que siete cargos del PSOE de Castilla y León y dos del PP retiraran sus apoyos al conocer que la Fiscalía había ordenado investigar a esta candidatura.

Iniciativa Internacionalista mantiene los 19 avales de alcaldes y concejales de Izquierda Unida de la provincia de Sevilla, pertenecientes al Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT).