España retrocede casi diez puestos en la clasificación mundial sobre el estado de la libertad de prensa que elabora cada año la organización Reporteros Sin Fronteras.

Este año, la organización llama la atención sobre el retroceso de la libertad de prensa en Europa y advierte sobre los abusos que se cometen en países como Italia o España, que ha pasado de ocupar el puesto 36º al 44º. Reporteros Sin Fronteras denuncia, en particular, el hecho de que en nuestro país los periodistas todavía se vean amenazados físicamente.

Europa fue durante mucho tiempo ejemplar en materia de respeto a las libertades públicas, pero cada año tiene que lamentar una constante pérdida de posiciones, a pesar de que los trece primeros puestos siguen ocupados por países europeos. Las jóvenes democracias africanas (Mali, Gana) y latinoamericanas (Uruguay) ganan el terreno perdido por Europa.

“¿Cómo denunciar las violaciones cometidas en el mundo si no actúan de forma irreprochable en su propio terreno?”, se pregunta Jean-François Julliard, Secretario General de Reporteros Sin Fronteras.

El efecto Obama en Estados Unidos.

La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca da un impulso a Estados Unidos, que ha remontado 20 puestos, pasando del 40º al 20º.

El informe señala que la actitud menos belicosa de Obama con respecto a la prensa ha tenido mucho que ver en este ascenso. Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras hace una crítica velada a la concesión a Obama del premio Nobel de la Paz, ya que recuerda que su país sigue participando en dos guerras.

Además, a pesar de una ligera mejora de la situación, la actitud de Estados Unidos respecto a los medios de comunicación en Irak y Afganistán es calificada como “preocupante”. Varios periodistas fueron heridos o detenidos por el ejército estadounidense.

Israel: operación capa de plomo para la prensa.

La operación militar “Plomo fundido” en la que Israel bombardeó la Franja de Gaza tiene su reflejo en la prensa.

Israel pierde 47 puestos y llega a ser el 93º de la clasificación, lo que hace hace que deje de ser el primer país de Oriente Medio, quedándose detrás de Kuwait (60º) y de los Emiratos Árabes Unidos (86º).

Reporteros Sin Fronteras denuncia que, en territorio de Israel, se han producido este año cinco arrestos, a veces fuera de cualquier marco legal, y tres encarcelamientos de periodistas. Además, la censura militar ha sido aplicada a todos los medios de comunicación.

El balance de la guerra es desolador: unos 20 periodistas fueron heridos en la Franja de Gaza por las fuerzas armadas israelíes y tres fallecieron mientras cubrían el conflicto.

Irán a las puertas del trío infernal.

Contrarrestando el primer puesto que ostenta Dinamarca, Turkmenistán (173º), Corea del Norte (174º), y Eritrea (175) siguen aferrados al final de la lista.

Este año, Irán se une a ellos. Los periodistas han sufrido más que nunca la política represiva del presidente iraní,  Mahmud Ahmadineyad. Su discutida reelección sumió el país en una auténtica crisis en la que periodistas y blogueros sufrieron persecuciones constantes.

El panorama de la libertad de prensa de Irán durante 2009 podría resumirse en censura previa y automática, vigilancia de los periodistas por el Estado, malos tratos, periodistas obligados a huir del país, arrestos ilegales y encarcelamientos.

La etarra Maite Aranalde ha abandonado la cárcel de Soto del Real (Madrid) pasadas las 20,15 horas de hoy después de haber abonado la fianza de 12.000 euros que ayer le impuso el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, han informado la fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Aranalde Ijurco, extraditada por Francia el pasado martes para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al “comando Donosti” de ETA, deberá comparecer semanalmente en comisaría y no podrá abandonar el territorio nacional, por lo que el juez le ha retirado el pasaporte.

Pese a estar acusada en España en varios procesos judiciales, la etarra ha abandonado la prisión madrileña ya que Francia de momento sólo ha concedido su extradición por la causa en la que se la imputa el delito de tenencia de explosivos, por la que previsiblemente será absuelta, ya que la Audiencia Nacional declaró inocente en 2007 a un coimputado, Iker Olabarrieta, al que se atribuían los mismos hechos.

Esa es la razón por la que Velasco rechazó ayer adoptar contra ella una medida cautelar más contundente como sería la prisión provisional, que sí podría haberse acordado en otra de las causas en las que está imputada -la colocación de varios artefactos explosivos en gasolineras de Madrid en plena operación salida del puente de la Constitución en 2004- de haber llegado la documentación de Francia.

La Audiencia Nacional está ahora a la espera de que las autoridades francesas resuelvan la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada contra la etarra por estos hechos, momento en el que sería citada de nuevo ante el juez y previsiblemente la Fiscalía pedirá su ingreso en prisión.

Prohíben el acto de bienvenida en Ibarra.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha prohibido el acto de bienvenida convocado para esta tarde en Ibarra con motivo de la puesta en libertad de la etarra Maite Aranalde, extraditada por Francia el pasado martes y que hoy quedará en libertad tras abonar una fianza de 12.000 euros.

Moreno, que se encuentra de guardia esta semana, ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que esta mañana ha pedido la prohibición del acto al considerar que estaba organizado por la formación ilegalizada Askatasuna y que “se enmarca en el objetivo de la directriz de ETA de tributar homenajes a sus militantes con ocasión de su excarcelación”. El magistrado asume los argumentos del Ministerio Público y considera que de celebrarse dicho acto se estaría cometiendo un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Según el escrito de la Fiscalía, del informe aportado por la Policía se desprende que el homenaje convocado en la localidad natal de la etarra supera los fines constitucionales de los actos de reunión y manifestación puesto que tienen, “como única pretensión”, enaltecer a personas que han cometido delitos terroristas, lo que supone un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado al juez Moreno que prohibiera este acto de bienvenida para la etarra Maite Aranalde convocado para esta tarde en Ibarra. En un escrito dirigido al Juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, la fiscal Susana Landeras explicaba que este acto de homenaje había sido organizado por la formación ilegalizada Askatasuna.

En la petición se entendía que esta convocatoria “se enmarca en el objetivo de la directriz de ETA de tributar homenajes a los militantes de ETA con ocasión de su excarcelación, homenajeándoles por su contribución a la ‘lucha’”. Según la fiscal, del contenido del informe aportado por las fuerzas de seguridad se desprende que el homenaje convocado para esta tarde en la localidad natal de la etarra supera los fines constitucionales de los actos de reunión y manifestación puesto que tienen, “como única pretensión”, enaltecer a personas que han cometido delitos terroristas.

Aranalde ha abonado su fianza en torno a las 12.00 horas, por lo que el magistrado ya ha dictado un auto en el que decreta la libertad de la terrorista. No obstante, Velasco le impone como medidas cautelares la obligación de comparecer semanalmente en la comisaría más próxima a su domicilio, la retirada de pasaporte y la prohibición de abandonar España.

Esta situación ha sido posible después de que este mismo juez decretase ayer la condición de prisión eludible bajo 12.000 euros de fianza para la etarra. La Audiencia Nacional se vio impedida a adoptar la prisión incondicional que solicitaba la Fiscalía debido a que, entre la información aportada por Francia, no se incluye su participación en un múltiple atentado sin víctimas en 2004. En cualquier caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá mañana la decisión del juez Eloy Velasco y ha propuesto que la Policía la vigile permanentemente.

En Francia ya cumplió condena.

Aranalde fue detenida hace cuatro años en Francia, donde fue condenada por asociación de malhechores (integración en organización terrorista). Una vez cumplida su condena, fue entregada de manera definitiva a España, donde la Audiencia Nacional la reclamaba por varias causas pendientes por las que se habían remitido al país galo las correspondientes Ordenes Europeas de Detención.

El juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el juez Baltasar Garzón, la reclamaba por el delito de tenencia de explosivos. Además, el Juzgado Central de Instrucción número 1 del que es titular el juez Santiago Pedraz, la solicitaba por un delito de estragos terroristas, concretamente, por su presunta colaboración en la colocación de varios artefactos explosivos en distintas gasolineras durante la ‘operación salida’ del puente de la Constitución de 2004.

Según fuentes jurídicas, su participación en aquel múltiple atentado de diciembre de 2004 ya sería suficiente para acordar la prisión incondicional de la terrorista, pero el problema estriba en el hecho de que Francia tan sólo ha remitido en sus respuestas a las Ordenes Europeas de Detención solicitadas la información relativa al delito de tenencia de explosivos sin hacer mención ninguna a los estragos.

La ausencia de esta información impidió al juez Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno (quien sustituye a Pedraz al encontrase de vacaciones) adoptar la situación de prisión incondicional para la terrorista al no haber sido entregada por esta causa.

De este modo, el juez Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco (quien sustituye a Garzón) tan sólo tuvo que decidir sobre la tenencia de explosivos por la que fue extraditada. En ese sentido, y en contra de la prisión incondicional que le solicitó la Fiscalía, el juez adoptó prisión eludible bajo 12.000 euros de fianza. Según fuentes jurídicas, Velasco ha tenido en cuenta que por la tenencia de explosivos ya fue absuelto en similares condiciones su compañero sentimental.

El recurso de la Fiscalía.

La Fiscalía recurrirá mañana la decisión del juez Velasco de imponer a Maite Aranalde 12.000 euros de fianza para eludir la prisión y además pedirá al juez que imponga mayores medidas de seguridad para garantizar que la miembro de la banda terrorista no huya del terroritorio español una vez que abandone hoy la prisión de Soto del Real.

El Ministerio Público pedirá al magistrado que ordene prisión provisional para la etarra por la comisión del delito de tenencia de explosivos que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 y sobre el que decidió ayer Velasco en sustitución de Baltasar Garzón, que se encuentra de vacaciones. Además, solicitará la imposición de vigilancia policial permanente para evitar la huída de Aranalde de España. La Fiscalía recuerda que la etarra fue detenida en Francia, adonde había escapado cuando formaba parte del comando K-Zelatun lo que podría facilitar que lo hiciera de nuevo. Pide también que las comparecencias impuestas sean diarias, en lugar de semanales.

Ambos recursos serán de reforma subsidiarios de apelación, por lo que es probable que la decisión final sea adoptada por la Sala de lo Penal.

El Tribunal Supremo de España ha anulado esta madrugada la candidatura de Iniciativa Internacionalista (II) a las elecciones al Parlamento Europeo por once votos a cinco, según informaron fuentes de este tribunal.

Esta decisión se produce después de que el Gobierno español impugnara ante el Supremo esa candidatura por considerar que está vinculada a la organización terrorista ETA.

Dicha candidatura está encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre, ex candidato de Herri Batasuna (HB) y sus sucesoras (EH y ANV), formaciones políticas que la Justicia española vincula a ETA y que han sido ilegalizadas.

Tanto la Fiscalía como el Gobierno español sostienen que Alfonso Sastre es el “banderín de enganche” elegido por ETA para enviar “una clara señal a sus votantes” de cuál es la lista que deben apoyar para obtener un escaño en el Parlamento Europeo.

Iniciativa Internacionalista anunció hoy que recurrirá, de manera inmediata, ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que anula su candidatura a las elecciones europeas, que se celebrarán el próximo 7 de junio.

El Tribunal Constitucional tendrá que tomar la decisión definitiva sobre si esta lista puede o no concurrir a los comicios europeos antes de la medianoche del 22 de mayo, día en que comienza la campaña electoral.

Por ello la candidata de II Ángeles Maestro, que ocupa el número cinco de la lista, dijo hoy a EFE que su formación aprovechará esta semana para hacer un llamamiento de apoyo a organizaciones políticas, sociales y sindicatos, a nivel nacional e internacional.

“Se trata -aseguró- de buscar apoyos entre personalidades y organizaciones para que se pronuncien en contra” de la decisión del Tribunal Supremo, añadió.

Maestro reivindicó el derecho “a existir y a actuar legalmente” y agregó que los miembros de II sólo tienen una actividad “meramente política y ajustada a los principios democráticos elementales”.

El Gobierno y la Fiscalía General del Estado impugnarán hoy ante la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo la candidatura Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II) a fin de evitar que concurra a las Elecciones Europeas del próximo 7 de junio.

La Abogacía del Estado y el Ministerio Público, en un principio reacios a actuar contra esta lista que encabeza el dramaturgo y ex candidato de Acción Nacionalista Vasca (ANV) Alfonso Sastre, cambiaron de opinión tras recibir en las últimas 48 horas varios informes de Policía y Guardia Civil que apuntan que esta plataforma, en apariencia independiente, puede haberse convertido en una “sucesión fraudulenta del entorno ETA-Batasuna”.

A pesar de que el Ministerio de Justicia aseguró ayer que las “pruebas” para defender la anulación son “suficientes”, los responsables de la Fiscalía y del Gobierno son conscientes de que no será fácil conseguir que el Supremo saque de las elecciones a Iniciativa Internacionalista, ya que esta plataforma está compuesta por una coalición de partidos legales desde hace años y liderada por grupos nacionalistas castellanos.

Esta fórmula de “suma partidos”, reconocieron responsables del Ministerio Público, “complica” una posible impugnación ya que esta variante no figura como tal en la Ley de Partidos. La Fiscalía destaca que las estrategias de la izquierda abertzale por tratar de concurrir a los comicios son cada vez más “sofisticadas”: primero fueron partidos, luego agrupaciones electorales y a ahora coaliciones sin conexiones evidentes.

Pruebas más contundentes.

La Comisaría General de Información de la Policía y de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, que hasta la pasada semana no veían más que “vagos indicios” para actuar contra la lista, presentaron nuevos informes con pruebas más contundentes.

Entre ellas, un encuentro entre responsables de Batasuna y miembros de II para decidir el momento de la campaña electoral en el que la izquierda abertzale pedirá el voto para la plataforma. Según la Guardia Civil esta reunión tuvo lugar en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros el pasado 23 de abril, fiesta de Castilla y León.

Los atestados policiales también hacen hincapié en la “colonización” que ANV ha hecho de la lista. Nueve cargos públicos de este partido ilegalizado han sido fichados a última hora después de que siete cargos del PSOE de Castilla y León y dos del PP retiraran sus apoyos al conocer que la Fiscalía había ordenado investigar a esta candidatura.

Iniciativa Internacionalista mantiene los 19 avales de alcaldes y concejales de Izquierda Unida de la provincia de Sevilla, pertenecientes al Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT).

El pacto PSE-PP para apoyar a Patxi López en su investidura como lehendakari y para gobernar la CAV los próximos cuatro años ya ha comenzado a visualizarse a través de iniciativas conjuntas y concretas, sin ir más lejos, ayer, en las Juntas Generales de Araba. Ambos partidos defendieron en el Pleno de la institución foral una enmienda en la que instan a la Diputación a modificar algunos de los artículos del Plan de Normalización del Uso del Euskera para eliminar la obligatoriedad del bilingüismo. El Plan de Desarrollo del Euskera que está en vigor hasta 2012 establece que las contrataciones de la Diputación se harán en las dos lenguas oficiales y de forma complementaria se fijan los requisitos lingüísticos de aquellos que accedan a un contrato. Para PP y PSE este artículo y otro referido a la concesión de subvenciones son “una discriminación y una traba para la mayoría de las empresas alavesas”.

El grupo popular dirigido por Antonio Basagoiti comienza así a poner negro sobre blanco su marcaje, por no decir ataque directo, a todo lo que huela a euskera y a promoción de esta lengua. Asunto de tal gravedad que requeriría algún tipo de iniciativa conjunta del resto de formaciones que sí creen en la lengua del país. Ayer se visualizó de forma meridianamente clara el frente formado por los partidos llamados a gobernar ante la perplejidad del resto de formaciones en las Juntas de Araba. Pero también quedó clara la postura en relación al euskera. Ya no valen giros vasquistas defendidos por el partido de López hace apenas un año con la única e insana intención de conseguir votos de indecisos. Y la coherencia del PP sólo se reafirma con este tipo de ataques directos a una lengua -habrá que recordarles que es oficial- que necesita protección, medidas concretas de promoción y cariño… para que no desaparezca.

El tortazo al euskera en Araba fue refrendado desde Madrid por el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, quien descargó toda su furia contra el PSOE al que calificó de “rehén de las políticas lingüísticas de los nacionalistas” al analizar un caso aparecido en un medio de comunicación afín. La estrategia tiene doble filo, en Euskadi y en Madrid. Lo que una amplísima mayoría de la población vasca temía ha llegado. De las palabras ya se pasa a los hechos. El PP siempre ha tenido clara su animadversión hacia todo lo que sonara a euskera. Y el PSE se está dejando manipular en este asunto no se sabe si por comodidad o por convencimiento. Unos y otros advierten ahora de lo que van a ser capaces en un futuro muy próximo y cuando ocupen el Gobierno. El hecho diferencial de 30 años de proyección internacional del euskera puede venirse abajo si el nuevo Ejecutivo carece de la sensibilidad mínima necesaria. Y si se atiende a los hechos… carece.