El Gobierno de Navarra ha perdido el pulso. Ayer se conoció que el Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso presentado por el Ejecutivo que lidera Miguel Sanz y ha confirmado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) por la que se anularon varios artículos del Decreto Foral 29/2003 sobre el uso del vascuence en las Administraciones Públicas de Navarra. Así, se termina un largo proceso judicial que se inició hace cinco años y el euskera tendrá más uso e importancia en la Administración de lo que pretendía el Gabinete navarro.

El TS confirma que algunos contenidos de ese Decreto exceden la protección que se otorgó al euskera en la ley foral del vascuence de 1986. Más en concreto, el Supremo ratifica, entre otros, la nulidad del artículo que establecía que «las notificaciones dirigidas desde los servicios de la Administración foral con sede en la zona mixta a personas físicas y jurídicas de la zona vascófona se realizarán en castellano, salvo que los interesados soliciten expresamente la utilización del vascuence, en cuyo caso podrán realizarse en forma bilingüe».

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra expuso en sentencia dictada en junio de 2004 que la ley del vascuence era «clara» en el sentido de que los ciudadanos residentes en la zona vascófona debían recibir las comunicaciones tanto en euskera como en castellano y sostuvo que ello no debía depender del lugar en el que se ubicara la sede de la Administración foral.

En respuesta al recurso presentado por el Gobierno de Navarra, el Tribunal Supremo expone que el TSJN «se ha limitado a interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico pertinentes, concluyendo en la valoración sobre la legalidad del Decreto Foral impugnado, pronunciándose sobre el alcance y legalidad de los preceptos en cuestión y declarando los efectos correspondientes de nulidad».

Euskera en las oposiciones Otros de los artículos cuya nulidad confirma el Supremo hace referencia a la valoración del euskera como mérito en las convocatorias de la Administración en las zonas vascófona y mixta de Navarra. En concreto, se confirma la anulación del artículo que establecía que, en los casos en los que el conocimiento del vascuence fuera valorado como mérito cualificado entre otros, «el porcentaje que tal valoración suponga de incremento en relación con la puntuación que se aplique como mérito al conocimiento del francés, inglés o alemán, lenguas de trabajo en la Unión Europea, no podrá en ningún caso ser superior al 10 por ciento de la misma y se especificará la cuantificación concreta en la convocatoria correspondiente». Asimismo, el Tribunal Supremo también anula un artículo que establecía que «la valoración del conocimiento del vascuence como mérito en la zona mixta, cuando así sea considerado, en ningún caso será superior en un 5 por ciento a la puntuación que se aplique en la consideración de mérito para el conocimiento del francés, inglés o alemán, lenguas de trabajo en la Unión Europea, y se especificará la cuantificación concreta en la convocatoria correspondiente».

La izquierda abertzale ilegalizada, tal como se preveía, pidió ayer a sus seguidores que voten en las elecciones europeas a la candidatura de Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP), que ha podido concurrir después de que el Tribunal Constitucional revocara su anulación en primera instancia por el Supremo. Lo anunció ayer en San Sebastián el ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, acompañado de dos dirigentes de formaciones ilegalizadas, Itziar Lopategi (D3M) y Miren Legorburu (ANV).

Pese a puntualizar que la candidatura que encabeza el dramaturgo Alfonso Sastre “no es nuestra”, Otegi manifestó, eligiendo cuidadosamente las palabras, que “recoge buena parte de los planteamientos” del mundo de Batasuna sobre la “situación que vive Euskal Herria” y la necesidad de “una solución pacífica y democrática al conflicto”.

El esperado pronunciamiento de la izquierda abertzale ilegalizada pidiendo el voto para II-SP puede recrudecer la polémica por la sentencia garantista del Tribunal Constitucional, que consideró insuficientemente fundamentadas las pruebas estimadas por el Tribunal Supremo para impedir la concurrencia de esa candidatura a las elecciones. El Constitucional estimó el jueves que, pese a los indicios aportados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado sobre las relaciones entre la izquierda abertzale y el conglomerado de grupos extraparlamentarios de izquierda que impulsaron dicha lista, no quedaba acreditado de forma suficiente que hubiera, según marca la Ley de Partidos, una continuidad entre ésta y las organizaciones anteriormente anuladas por su integración en ETA.

Las fuerzas de seguridad del Estado ya tenían indicios de que el mundo de Batasuna podría volcar sus votos en la candidatura encabezada por Alfonso Sastre y Doris Benegas si lograba salir adelante. De hecho, esta convicción pesó en la decisión del Gobierno de instar la ilegalización de la lista, pese a ser consciente de que las pruebas reunidas no eran tan consistentes como en los procesos anteriores.

Sin embargo, el hecho de haber conseguido concurrir a las urnas el 7-J no asegura que II-SP obtenga un escaño en el Parlamento Europeo, que ocuparía en ese caso Doris Benegas. Aunque la baja participación podría favorecer sus intereses, se estima que tendría que recibir un mínimo de 250.000 votos, una cifra difícil de conseguir con el desfondamiento de la izquierda abertzale que no condena a ETA.

En su comparecencia de ayer en un hotel de San Sebastián, Otegi vino a sugerir que Batasuna realizó gestiones con otras “formaciones independentistas” de toda España para ir con ellas a las elecciones europeas “para cambiar la relación de fuerzas con respecto a los dos Estados [España y Francia]“. Al no encontrar eco en esta propuesta y tener la “puerta cerrada” a la participación descubierta y sin disfraces, han decidido apoyar la lista de II-SP. No obstante, con el fin de evitar cualquier indicio de instrumentalización previa, Otegi puntualizó que el respaldo de la izquierda abertzale se ha decidido tras la invitación expresa hecha el viernes por los representantes de II-SP, que aseguraron que la coalición estaría “completamente satisfecha” de recibir el apoyo de los votantes de la ilegalizada Batasuna.

La portavoz del grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer que el apoyo de Otegi a la lista de Sastre “es la prueba más clara” de la vinculación de esta lista con la banda terrorista ETA.

El Tribunal Supremo de España ha anulado esta madrugada la candidatura de Iniciativa Internacionalista (II) a las elecciones al Parlamento Europeo por once votos a cinco, según informaron fuentes de este tribunal.

Esta decisión se produce después de que el Gobierno español impugnara ante el Supremo esa candidatura por considerar que está vinculada a la organización terrorista ETA.

Dicha candidatura está encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre, ex candidato de Herri Batasuna (HB) y sus sucesoras (EH y ANV), formaciones políticas que la Justicia española vincula a ETA y que han sido ilegalizadas.

Tanto la Fiscalía como el Gobierno español sostienen que Alfonso Sastre es el “banderín de enganche” elegido por ETA para enviar “una clara señal a sus votantes” de cuál es la lista que deben apoyar para obtener un escaño en el Parlamento Europeo.

Iniciativa Internacionalista anunció hoy que recurrirá, de manera inmediata, ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que anula su candidatura a las elecciones europeas, que se celebrarán el próximo 7 de junio.

El Tribunal Constitucional tendrá que tomar la decisión definitiva sobre si esta lista puede o no concurrir a los comicios europeos antes de la medianoche del 22 de mayo, día en que comienza la campaña electoral.

Por ello la candidata de II Ángeles Maestro, que ocupa el número cinco de la lista, dijo hoy a EFE que su formación aprovechará esta semana para hacer un llamamiento de apoyo a organizaciones políticas, sociales y sindicatos, a nivel nacional e internacional.

“Se trata -aseguró- de buscar apoyos entre personalidades y organizaciones para que se pronuncien en contra” de la decisión del Tribunal Supremo, añadió.

Maestro reivindicó el derecho “a existir y a actuar legalmente” y agregó que los miembros de II sólo tienen una actividad “meramente política y ajustada a los principios democráticos elementales”.

El Gobierno y la Fiscalía General del Estado impugnarán hoy ante la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo la candidatura Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II) a fin de evitar que concurra a las Elecciones Europeas del próximo 7 de junio.

La Abogacía del Estado y el Ministerio Público, en un principio reacios a actuar contra esta lista que encabeza el dramaturgo y ex candidato de Acción Nacionalista Vasca (ANV) Alfonso Sastre, cambiaron de opinión tras recibir en las últimas 48 horas varios informes de Policía y Guardia Civil que apuntan que esta plataforma, en apariencia independiente, puede haberse convertido en una “sucesión fraudulenta del entorno ETA-Batasuna”.

A pesar de que el Ministerio de Justicia aseguró ayer que las “pruebas” para defender la anulación son “suficientes”, los responsables de la Fiscalía y del Gobierno son conscientes de que no será fácil conseguir que el Supremo saque de las elecciones a Iniciativa Internacionalista, ya que esta plataforma está compuesta por una coalición de partidos legales desde hace años y liderada por grupos nacionalistas castellanos.

Esta fórmula de “suma partidos”, reconocieron responsables del Ministerio Público, “complica” una posible impugnación ya que esta variante no figura como tal en la Ley de Partidos. La Fiscalía destaca que las estrategias de la izquierda abertzale por tratar de concurrir a los comicios son cada vez más “sofisticadas”: primero fueron partidos, luego agrupaciones electorales y a ahora coaliciones sin conexiones evidentes.

Pruebas más contundentes.

La Comisaría General de Información de la Policía y de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, que hasta la pasada semana no veían más que “vagos indicios” para actuar contra la lista, presentaron nuevos informes con pruebas más contundentes.

Entre ellas, un encuentro entre responsables de Batasuna y miembros de II para decidir el momento de la campaña electoral en el que la izquierda abertzale pedirá el voto para la plataforma. Según la Guardia Civil esta reunión tuvo lugar en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros el pasado 23 de abril, fiesta de Castilla y León.

Los atestados policiales también hacen hincapié en la “colonización” que ANV ha hecho de la lista. Nueve cargos públicos de este partido ilegalizado han sido fichados a última hora después de que siete cargos del PSOE de Castilla y León y dos del PP retiraran sus apoyos al conocer que la Fiscalía había ordenado investigar a esta candidatura.

Iniciativa Internacionalista mantiene los 19 avales de alcaldes y concejales de Izquierda Unida de la provincia de Sevilla, pertenecientes al Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT).

La web www.gobiernodecambioeneuskadi.org sólo ha tenido un día de vida. El ‘lehendakari’ Patxi López, que el martes la presentó para abrir las políticas de su Ejecutivo a la sociedad junto a otras medidas tras su primer Consejo de Gobierno, ordenó que se desactivase. Lo hizo después de que el PNV se estrenase en la oposición con la denuncia de que la web era “ilegal” por estar registrada en las Islas Caimán, y por incumplir tres decretos relacionados con la imagen corporativa de las administraciones públicas y la presencia de Euskadi en Internet.

El Gobierno vasco explicó en una nota que la nueva web “no es la página oficial” de la institución y que, por tanto, “no ha sido sufragada con fondos públicos”. Aclaró, además, que en ningún caso va a sustituir al sitio oficial de www.euskadi.net y que se trataba de “un ensayo que recoge diferentes propuestas de participación ciudadana” en la vida política.

El Ejecutivo de Vitoria, sin referirse a las acusaciones del PNV, señala que “antes de que se malogre algo que es positivo, y que se va a seguir fomentando, el ‘lehendakari’ pide que se desactive”. Tras lamentar la confusión creada y pedir disculpas, avanza que mantendrá la iniciativa “de acuerdo a la normativa vigente”.

El portavoz del PNV en el Parlamento de Vitoria, Joseba Egibar, registró horas antes en la Cámara autonómica una interpelación a la consejera vasca de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendía, para que diese cuenta de la nueva web del Gobierno vasco. Egibar consideró que es “absolutamente inadmisible que se cambie el nombre de una institución por un eslogan político, muy respetable en campaña electoral”. Y apuntó que con el cambio de Gobierno cada uno puede optar por tener la imagen corporativa que quiera, pero manteniendo el “respeto a lo institucional”.

Por su parte, el diputado del PNV, Ricardo Gatzagaetxebarria explicó que la apertura de la nueva web se llevó a cabo en un “paraíso fiscal” y con el soporte informático en una empresa danesa, por lo que según señaló se infringe “clara y absolutamente” la normativa vasca en lo referente a la regulación de la imagen corporativa de las administraciones públicas o la presencia de Euskadi en Internet. En este sentido, recordó que el Gobierno Vasco tiene una sociedad informática para hacerse cargo de este soporte, EJIE, y destacó que un dominio informático es algo “intangible” pero que forma parte del “patrimonio” de la comunidad autónoma.

De momento, el PNV desea que esta polémica se trate en el ámbito político, por lo que en principio descartó acudir a los tribunales.

La nueva web no fue la única víctima de las críticas del PNV, Egibar también arremetió contra las medidas económicas anunciadas por el lehendakari al considerar que son meras “expectativas” y “envoltorios sin contenido”.