El Gobierno cumplió ayer sus reiteradas amenazas contra la izquierda abertzale y aprovechó la sesión del Consejo de Ministros para instar a la Abogacía del Estado a que impida la participación en las elecciones vascas del 1 de marzo de la plataforma Democracia 3 Millones (D3M) y de Askatasuna e ilegalice a este último partido. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado han encontrado vinculaciones entre D3M y Askatasuna con la ilegalizada Batasuna o sus marcas sucesoras, lo que debe impedir su participación electoral y favorece la ilegalización de Askatasuna, de acuerdo con la Ley de Partidos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la sentencia de ANV. En el caso de D3M existen numerosas vinculaciones con Batasuna ya que muchos de los integrantes de sus listas también lo fueron de anteriores marcas de Batasuna.

Más complejo resulta el caso de Askatasuna ya que la inmensa mayoría de sus candidatos no tienen vinculaciones con anteriores listas ilegalizadas. No obstante, el Ministerio del Interior sostiene que dispone de pruebas suficientes como para que se proceda contra ella. Son básicamente tres: la similitud de los estatutos de Askatasuna con Euskal Herritarrok (la marca con la que Batasuna participó en las elecciones autonómicas de 1998 y 2001), las vinculaciones con Batasuna de los promotores que registraron Askatasuna como partido en 1998, y las también vinculaciones con Batasuna de la candidatura que este mismo partido presentó a las elecciones vascas de 2001.

Los cinco artículos de los estatutos de Askatasuna -en los que hace referencia a quiénes pueden participar en el partido; su forma de organización; la forma interna de elección y los órganos rectores- son prácticamente un calco de los de Euskal Herritarrok.

Asimismo, dos de los promotores de Askatasuna, inscrita como partido en el registro del Ministerio del Interior en agosto de 1998, participaron en candidaturas de la marca Batasuna: Manuel García Centoira fue representante de Euskal Herritarrok en Llodio (Álava) e integrante de la candidatura Laudio Aurrera, ilegalizada en 2003; y Francisco Javier Arzuaga fue candidato de Herriaren Zerrenda, también anulada por los tribunales en las elecciones europeas de 2004.

En cuanto a las listas que presentó Askatasuna en las elecciones de 2001, figuran candidatos que lo fueron de candidaturas ilegalizadas en las elecciones municipales posteriores de 2003 y 2007. Uno de ellos es Jokin Aranalde, detenido en 2002, acusado de colaborar con ETA y promotor de Euskal Herritarrok. Otro integrante fue Goyo Acero, presentado 11 veces en distintas marcas de Batasuna.

Nafarroa Bai ha considerado ‘una decisión fundamentalmente política’ la resolución del Tribunal Constitucional, que ha confirmado hoy la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), por su relación con la banda terrorista ETA y Batasuna.

A través de un comunicado, el portavoz de NaBai Maiorga Ramírez ha expresado su postura ante la decisión del Constitucional, y ha afirmado que con ‘la teoría de la Ley de Partidos’, cualquier fuerza política, ‘incluso el propio PSOE a cuenta de los GAL, podría haber sufrido un proceso de ilegalización’.

Para Ramírez, decisiones como la del Tribunal Constitucional, ‘dejan a miles de ciudadanos sin representación, y eso genera un enorme problema de déficit democrático en cualquier sociedad’.

Asimismo, ha subrayado que la ilegalización de partidos ‘alienta además a los sectores más radicales de la sociedad e introduce problemas en la convivencia política y social, haciéndola más difícil’.

A juicio del parlamentario, la decisión tomada sobre ANV, ‘no es una solución ni una buena noticia para la democracia, sino todo lo contrario’.

Por ello han instado al PSOE a que ‘deje de jugar con los derechos civiles y políticos de la ciudadanía’, y le ha recordado que en las elecciones de 2007, ‘que por su actitud interesada y junto a la Judicatura las listas de ANV fueron aceptadas en unas localidades sí y otras no’, lo que se llevó a cabo fue ‘una situación totalmente atípica e inaceptable en una verdadera democracia’.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer que las Fuerzas de Seguridad del Estado han hallado “vinculaciones claras” entre las dos candidaturas que la izquierda abertzale ha presentado para las elecciones vascas del 1 de marzo (D3M y Askatasuna) y la ilegalizada Batasuna y los partidos que intentaron sucederla (PCTV y ANV), también anulados por el Tribunal Supremo.

“Son las instancias judiciales las que tienen que valorar estas vinculaciones, pero puedo afirmar que Policía y Guardia Civil han encontrado vinculaciones entre las dos candidaturas [y las formaciones ilegalizadas]“, resaltó el ministro en un acto oficial en el cuartel del instituto armado en Las Rozas (Madrid).

Rubalcaba insistió en que la investigación, que se está realizando “a fondo”, no ha concluido todavía, por lo que “es probable que haya más vinculaciones”, hasta el momento no conocidas.

El Boletín Oficial del País Vasco publicó ayer la relación de las 39 candidaturas presentadas a los comicios (16 en Vizcaya, 12 en Álava y 11 en Guipúzcoa). Un repaso de las mismas permite comprobar que las listas de Democracia 3 Millones (D3M) -que en cada una de las tres provincias concurre con un nombre ligeramente diferente- se hallan cuajadas de candidatos que han tenido en el pasado relación con listas o cargos públicos de las formaciones ilegalizadas de la izquierda abertzale. Incluso figuran personas detenidas por su vinculación con ETA. Frente a estas relaciones claramente contaminadas, los nombres de Askatasuna son menos conocidos.

La lista de D3M en Vizcaya lleva como primera candidata a Itziar Lopategi, portavoz de varias plataformas electorales anuladas por los tribunales en comicios precedentes. El siguiente en la papeleta es Julen Aginako, histórico dirigente de HB, de cuya Mesa Nacional llegó a formar parte. Y el tercer puesto corresponde a Olatz Caminos Uribe, detenida en noviembre de 2000 por colaboración con el comando Vizcaya que encabezaron los liberados (a sueldo) de ETA Asier Carrera e Igor Martínez de Osaba. Entre los 22 nombres restantes de la papeleta, sin contar a los suplentes, al menos seis tienen vínculos constatables y de diferentes tipos con la izquierda abertzale.

En Guipúzcoa, abren su papeleta Idoia Ibero, candidata de una lista anulada de ANV en las pasadas forales; Juan Manuel Erasun, ex alcalde de Zizurkil por EH, e Itziar Aizpurua, histórica dirigente de HB. Otros once nombres están contaminados, incluyendo a la actual alcaldesa de ANV en Bergara, Agurne Barruso; una ex presa de ETA y Álvaro Reizabal, conocido abogado de presos de ETA, entre ellos Iñaki de Juana Chaos.

Finalmente, la lista de D3M en Álava está encabezada por Amparo Lasheras, encarcelada por orden del juez Garzón en la última operación contra la reconstrucción de Batasuna. Le siguen Iñaki Ullibarri, concejal de HB en Vitoria hace una década, y Elixabete Etxebarria, candidata de una lista de la izquierda abertzale en las últimas elecciones municipales.

Al menos otros 13 de los 22 nombres restantes tienen relación evidente con formaciones ilegalizadas, incluyendo dos actuales concejales de ANV, un ex miembro de la Mesa Nacional de HB y una detenida en una operación contra colaboradores de ETA.

Los cabezas de lista de Askatasuna, sin vínculos tan evidentes con las formaciones ilegalizadas, son Daniel Campo Urquidi (Vizcaya), José Manuel Leunda (Guipúzcoa) y Juan José Basterra Respaldiza (Álava).

Los plazos legales establecen que la Fiscalía y la Abogacía del Estado podrán impugnar las listas los días 4 y 5 de febrero. El Supremo debe resolver entre el 6 y el 7. Las candidaturas impugnadas podrán recurrir al Constitucional, que deberá dictar sentencia antes del inicio de la campaña electoral el 12 de febrero.

Un año después de que firmasen un armisticio lingüístico inicial, los gobiernos de Euskadi y Navarra sellaron ayer en Pamplona un gran pacto institucional para trabajar en común a favor del euskera. Supone el primer acuerdo que ambos ejecutivos suscriben en materia de política lingüística en toda su historia y entierra décadas de peleas que los dos mantuvieron en este campo hasta el año pasado. La consejera de Cultura, Miren Azkarate, y su homólogo navarro de Educación, Carlos Pérez- Nievas, sellaron una “declaración de voluntades” para impulsar conjuntamente el uso del idioma cooficial y, más en concreto, para coordinar las actuaciones en el ámbito de la euskaldunización de adultos.

El País Vasco y Navarra se dan ahora la mano para favorecer la normalización lingüística después de muchos años de desencuentros. Ambos gobiernos habían llegado a anular por completo sus relaciones en la materia y mantenido varias disputas de calado. El Ejecutivo foral criticó en numerosas ocasiones las “injerencias” de sus vecinos en la política navarra, especialmente, por el tratamiento público al idioma.

Las divergencias más serias se mantuvieron durante unos ocho años, principalmente cuando el Gobierno navarro estuvo en manos de UPN y CDN, dos formaciones remisas a fomentar el uso de la lengua vasca. Esta tendencia fue girando a partir del apoyo de los socialistas en 2007 a la reelección de Miguel Sanz (UPN) como presidente foral. Fruto de esta nueva orientación política, en febrero pasado Azkarate y Pérez Nievas pudieron anunciar el fin de las hostilidades y el inicio de una nueva etapa de concordia.

La viceconsejería de Política Lingüística y el Instituto Navarro del Euskera (Euskarabidea), que dirigen Patxi Baztarrika y Xabier Azanza, respectivamente, se han encargado de trabajar en la sombra durante este último año y desbrozar el camino que ha permitido alumbrar ahora el primer gran acuerdo vasco-navarro a favor del euskera. No existe otro precedente en esta materia en las relaciones entre ambas comunidades. Hay que remontarse a 1996 para encontrar el último acuerdo sobre política general entre Euskadi y Navarra. Con el socialista Javier Otano en la presidencia foral y el apoyo de Juan Cruz Alli (CDN), se gestó entonces la creación de un órgano permanente de encuentro entre ambas comunidades, que nunca llegó a cristalizar.

Azkarate resaltó por ello que el convenio supone un hito, porque abre una nueva etapa de colaboración desde “el más escrupuloso respeto a las estructuras jurídico-administrativas” de cada comunidad autónoma. Para Pérez Nievas, las dos instituciones han demostrado su interés en “mantener relaciones fluidas” en el futuro.

El pacto viene a cumplir el compromiso adquirido por la Viceconsejería de Política Lingüística vasca en su proyecto 2005-2009, que recoge, entre sus líneas de actuación, “el impulso y fomento del uso del euskera encauzando la colaboración con las instituciones de Navarra con la voluntad de dar los pasos necesarios para concertar programas con el Gobierno navarro”. Azkarate opinó que esta cooperación se debe producir en adelante “por encima de colores políticos y de estructuras administrativas legítimas”.

Contra todo pronóstico, el ex portavoz de Batasuna y uno de los protagonistas del fallido proceso de final dialogado del terrorismo, Arnaldo Otegi, ha reaparecido en la política vasca, tras su detención en junio de 2007 y su salida de la cárcel en agosto. En los medios abertzales se daba por hecho que Otegi se retiraría de la política, tras haber perdido la confianza de la dirección de ETA. Sin embargo, el 30 de noviembre, reapareció con una entrevista a toda plana en Gara. En enero, volvía a la escena en una rueda de prensa en Bilbao, junto al diputado del Sinn Fein Alex Maskey. Ayer dio otra entrevista a los periodistas Carmen Liria, de La Jornada, de México; Giuliana Sgrena, periodista italiana secuestrada en Irak, e Iñaki Iriondo, de Gara, en un acto público en el Kursaal, de San Sebastián, tras anunciarse profusamente toda la semana en dicho diario.

En sus apariciones, Otegi mantiene sus tesis habituales: hay que reabrir el escenario de diálogo con el Estado y es posible avanzar hacia la soberanía por vías pacíficas. Lo sorprendente de su regreso es que haya tenido tanta presencia en Gara, cuando Otegi no representa a la izquierda abertzale oficial y, sobre todo, porque su discurso es distinto.

Mientras Otegi estuvo en la cárcel, de junio de 2007 a agosto de 2008, la dirección de ETA y de la izquierda abertzale cambió de manos. En octubre de 2007 fue detenida la Mesa Nacional de Batasuna que dirigió el proceso de negociación -Rufi Etxeberria, Pernando Barrena, Olatz Dañobeitia…- y sustituida por otra dirección más radical, que opera en la clandestinidad, ligada a Segi, Haika, Gestoras pro Amnistía… Esta dirección estuvo al margen del proceso y, a ratos, lo obstaculizó, como también lo hizo Juan María Olano, ex líder de Gestoras.

En junio de 2008, la asamblea de ETA consagró el cambio de orientación operado tras la ruptura de la tregua, un año antes, y apostó por un “ciclo largo” de terrorismo contra todos los objetivos, incluido el entorno del PNV. No faltó en ese debate interno una crítica a la nueva dirección -encabezada por Garikoitz Aspiazu Txeroki- contra el proceso de paz y su líder José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por “no haber puesto muertos sobre la mesa” antes de las conversaciones. ETA anunció la tregua, en marzo de 2006, después de tres años sin muertos.

Otegi, que en prisión mantuvo contactos con relevantes políticos vascos -como el ex secretario general de LAB Rafael Diez Usabiaga- y conocía la pérdida absoluta de su poder, optó por pasar a segundo plano. Y así lo hizo desde agosto, cuando salió de prisión, al 30 de noviembre en que reapareció. En su cambio de opinión tienen mucho que ver Diez Usabiaga, y el ex dirigente de ETA y negociador en el proceso de paz de Argel Eugenio Etxebeste, Antxon. La explicación es que ante la clamorosa ausencia de la izquierda abertzale oficial de la vida pública, por su radicalismo y clandestinidad, el sector veterano y alternativo al oficial trata de aprovechar el tirón mediático de Otegi para no desaparecer.

Este grupo veterano, que tiene mucha audiencia en las bases de la izquierda abertzale, sabe que cuatro años sin presencia pública, lo que sucederá con la prohibición de las listas en las elecciones vascas, es su desaparición como generación política.

Con el discurso que encarna Otegi -final dialogado y avance hacia la soberanía sin violencia- trata de visualizar que existe otro enfoque al de la línea oficial -cuyo discurso hace énfasis en la confrontación con el Estado, incluido el PNV- aunque hace equilibrios para no enfrentarse con la actual dirección de ETA.

Pero la división de líneas afecta a todos los ámbitos de la izquierda abertzale, incluido Gara, lo que explica la presencia en el diario del discurso alternativo al oficial que, además, cuenta con el aval del sector de ETA que perdió la tregua, que lideró Josu Ternera, según fuentes abertzales. Este líder de ETA no ha sido señalado para nada en la cadena de detenciones de etarras de estos meses, lo que demuestra su desvinculación de la actual dirección, según fuentes de Interior.

El discurso de Otegi tiene la ventaja para la izquierda abertzale en su conjunto, la oficial y la alternativa, de que puede impedir que sus votantes más desencantados, por la actitud de ETA en la tregua, les abandone por un partido nacionalista en las próximas elecciones autonómicas. Y tiene el inconveniente de que viene a constatar grietas internas.

En todo caso, Otegi tiene muy difícil materializar su sueño de un nuevo proceso. El presidente Rodríguez Zapatero, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han reiterado que no habrá otro proceso similar a los conocidos. Para hablar de diálogo, ETA tendrá que dejar definitivamente las armas.