El ilegalizado grupo de EHAK en el Parlamento vasco, Ezker Abertzalea, se ha querellado contra la Mesa del Parlamento, presidida por Izaskun Bilbao (PNV), por no pagarle medio millón de euros de subvenciones correspondientes a los últimos diez meses.

El órgano de dirección de la Cámara recibió un oficio del Tribunal Supremo el pasado mes de febrero por el que se acordaba la suspensión de la entrega a EHAK de fondos procedentes de la financiación pública, “cualquiera que fuera su tipo y naturaleza”. Sin embargo, la portavoz del grupo abertzale, Nekane Erauskin, consideró que el auto “no tomaba medida alguna contra el grupo parlamentario de Ezker Abertzalea” y considera que Ezker Abertzalea y el partido político EHAK son “jurídicamente diferentes” y que las medidas que se adoptan contra la formación “no afectan al grupo parlamentario”.

En declaraciones a Radio Euskadi, Erauskin afirmó que la acusación va dirigida, en concreto, contra Izaskun Bilbao, “por haber desoído los requerimientos para que realizara esos pagos”. Según el diario Gara, la denuncia presentada por Ezker Abertzalea afirma que los miembros de la Mesa del Parlamento de Vitoria han podido incurrir en un delito de prevaricación.

El portavoz del PSE-EE, Juan Antonio Pastor, respaldó la suspensión de las subvenciones y aventuró que la denuncia “no tendrá recorrido jurídico”. Su homólogo del PP vasco, Leopoldo Barrera, aseguró que “no se entiende la base legal de la denuncia”.

Una bomba explotó el día 25 en una agencia de bienes raíces y otro artefacto explosivo fue desactivado en un centro europeo de rehabilitación deportiva en el suroeste de Francia, dijeron fuentes locales.

La explosión ocurrió antes del amanecer en la oficina de una agencia de bienes raíces en Anglet, región vasca de Francia, dijo la policía local. Nadie resultó herido. La frase “Vasco no está a la venta” fue pintada con pintura en aerosol a través del edificio.

En Carbreton, a 20 kilómetros de Anglet, otro artefacto explosivo armado con una botella llena de líquido flamable con un detonador fue descubierto alrededor del mediodía de hoy.

Nadie ha reclamado la responsabilidad de los hechos. Se lanzó una investigación, pero sigue sin aclararse si los incidentes involucraron “terrorismo” o no.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó hoy en la Audiencia Nacional una querella criminal contra el ex portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi por defender en una entrevista concedida el domingo al diario ‘Gara’ “los principios de la declaración de Anoeta”, la misma, según este colectivo, que “apoyó la banda terrorista ETA el 16 de enero de 2005″.

La AVT, que acusa a Otegi de un delito de enaltecimiento del terrorismo, justifica su petición argumentando que en la entrevista, el dirigente de Batasuna defiende la existencia de “cuatro territorios” en Euskal Herria y el derecho del pueblo vasco “a decidir libre y democráticamente” su futuro.

También constata que el diario ‘Gara’ presentaba a Otegi como “interlocutor de la izquierda abertzale con el Estado Español” y que éste acusaba al Estado de “utilizar prácticas represivas contra los independentistas como él, no respetando las reglas del juego democrático pero imputando un delito a las instancias del Estado”.

“Las mismas acusaciones que vierte la banda terrorista ETA en todos sus comunicados”, señala la AVT antes de acusar a Otegi de justificar la “lucha armada” al afirmar: “Todos tenemos que huir de las recetas fáciles porque no es cierto que el cese ni tampoco la persistencia de la lucha armada resuelvan todos los problemas”.

De igual modo, la AVT recuerda que Otegi califica de “presos políticos” a los etarras que están “condenados por múltiples asesinatos” y añade que su liberación es “un deber ético, político y humano que tiene la izquierda abertzale”.

MANIFESTACIÓN EN DURANGO

El colectivo presidido por Juan Antonio García Casquero también solicitó hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que prohíba la manifestación convocada por la izquierda abertzale el próximo sábado en Durango (Vizcaya) en protesta por el trigésimo aniversario de la aprobación de la Constitución, al considerar que tras la convocatoria se encuentra la ilegalizada Batasuna.

La manifestación, que tiene el lema de “Autodeterminazionaren bidetik, independentzia” (”Independencia por la vía de autodeterminación”), fue presentada ayer en rueda de pensa por los portavoces Miren Legorburu e Itziar Abellanal.

En este sentido, la AVT recuerda que Abellanal formó parte de Mesa Nacional de Batasuna y posteriormente se integró en la también ilegalizada Acción Nacionalista Vasca (ANV), mientras que Legorburu fue edil de esta formación en el Ayuntamiento de Hondarribia (Guipúzcoa) y cabeza de lista al Congreso de los Diputados.

Según el colectivo de víctimas, estos elementos son “más que suficientes” para entender que “detrás de la convocatoria, claramente contraria a la Constitución y a las leyes, se hayan las formaciones ilegalizadas”. “Las formaciones ilegalizadas pretenden seguir actuando impunemente dentro de la sociedad”, apunta.

El Estado ingresará sólo 544,82 euros como consecuencia de la ilegalización de Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH) y Batasuna, partidos que, según la sentencia dictada por la «Sala del 61» del Tribunal Supremo el 29 de marzo de 2003, estaban al servicio de la banda terrorista ETA. Es el resultado de la liquidación patrimonial prevista en la Ley de Partidos Políticos, norma según la cual los bienes de las organizaciones disueltas se destinarán por el Tesoro Público «a actividades de interés social o humanitario».

El resto de los activos disponibles en poder de los partidos ilegalizados (1.946.625,52 euros) -hay otra parte embargada y por tanto bloqueada por la Audiencia Nacional-, deberá destinarse al pago de una pequeña parte de las deudas que éstos contrajeron con la Kutxa y con el BBK entre 1989 y 1991 y que ascienden, intereses incluidos, a 14.037.767,59 euros.

Para el pago de salarios e indemnizaciones de trabajadores (reconocido por sentencia y que asciende a 191.575,72 euros) no queda disponible ni un solo euro. Por su parte, al procurador José Manuel Dorremochea, que ha representado a los partidos ilegalizados en diversos procesos judiciales, se le reconoce el derecho a cobrar 321,31 euros del total de 9.576,07 que reclamaba, pues no acreditó documentalmente la diferencia. Pero, hecho el reparto con los otros acreedores, sólo percibirá 3,53 euros.

Ese es, en resumen, el resultado de la liquidación patrimonial realizada a propuesta de los tres peritos nombrados a tal fin por la «Sala del 61». El alto Tribunal declara de esta forma el archivo de este procedimiento, que sólo podrá reabrirse en el caso de que la Audiencia Nacional levante el embargo de las cuentas (decretado en el sumario 35/02 con el que el juez Baltasar Garzón investiga a cuarenta dirigentes batasunos por integración o colaboración con banda armada) o en el caso de que «se averigüe la existencia de otros bienes o derechos pertenecientes a dichos partidos».

En el auto, dictado el pasado 20 de noviembre, el Supremo contabiliza los activos y los pasivos de cada uno de los partidos ilegalizados para, acto seguido, determinar qué deudas siguen pendientes de pago y cuáles, por el contrario, han prescrito. En contra del criterio del fiscal, la «Sala del 61» entiende que es en el curso de este proceso de liquidación, consecuencia de la ilegalización, donde debe ordenarse el abono de las cantidades reclamadas por los acreedores de las formaciones ilegalizadas. Como tales figuran la Kutxa, la BBK, el procurador José Manuel Dorremochea y el Juzgado de lo Social número 2 de San Sebastián.

Veamos por partes cómo y por qué se saldan algunas de esas deudas, por qué otras se declaran prescritas y la razón por la que algunas quedan pendientes de pago.

Pasividad de los bancos con HB.

Entre 1989 y 1991, las dos entidades bancarias concedieron a Herri Batasuna dos créditos que ascendían a 60 millones de las antiguas pesetas en el caso de la Kutxa, y otros dos que sumaban 50 millones en el caso del BBK. Estas cantidades han experimentado un espectacular aumento debido los intereses moratorios generados por el transcurso del tiempo, por lo que la cifra pendiente de pago alcanza a día de hoy un total de 14.037.767,59 euros. Tanto la Kutxa como la BBK se quedarán sin cobrar una parte de la deuda (la correspondiente a los llamados intereses remuneratorios o compensatorios), cuya reclamación ha prescrito.

Según señalan los liquidadores en el informe aprobado por el Supremo, ambos bancos podrían haber incurrido en «una posible dejación de funciones en el seguimiento y exigencia de los créditos», pues no reclamaron por vía judicial a Herri Batasuna las cantidades que ésta dejó de pagar. Esta pasividad, sin embargo, no «descalifica» la reclamación hecha ahora por Kutxa y BBK, según señala el Supremo.

Entre ambas entidades, tiene preferencia la Kutxa. Ésta concedió el préstamo para que HB se presentara a las elecciones de 1989 y el contrato decía de forma específica que podría quedarse «en prenda» las subvenciones que el partido recibiera del Ministerio del Interior. Por eso, este banco cobrará los 1.812.308,18 euros que HB recibió tras la convocatoria electoral del 29 de octubre de 1989. Los 134.317,32 euros restantes (la subvención que recibió HB alcanzaba los 1.946.625,52 euros), correspondientes a los comicios celebrados el 6 de junio de 1993, se prorrateará entre los demás acreedores: 65.050 euros le corresponden a la BBK y 3,53 euros al procurador Dorremochea.

El Supremo entiende que la liquidación de los bienes de los tres partidos ilegalizados implica, en primer lugar, «la satisfacción de las deudas» que tenían con terceros

Euskal Herritarrok tiene activos por valor de 39.641,67 euros, pero sólo están disponibles 544,82. Como este partido no tiene acreedores, esos 544,82 euros son los que podrán ingresar las arcas del Estado para fines sociales, tal y como establece la Ley de Partidos Políticos. La diferencia (39.096,85 euros) está embargada por la Audiencia Nacional.

Finalmente, todo el activo de Batasuna (41.944,89 euros) está embargado por el juez Garzón, por lo que el Juzgado de lo Social número 2 de San Sebastián no ingresará ni un euro para pagar los salarios e indemnizaciones reconocidos por sentencia a los trabajadores de este partido, que suman un total de 191.575,72 euros.

“Este PNV [el de Urkullu] no puede ser parte integrante de un bloque independentista como el que están intentando articular algunas fuerzas políticas y sindicales vascas”. Este es el dictamen del ex portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, en una larga entrevista en el diario Gara, la primera que concede tras salir hace tres meses de prisión.

La opinión de Otegi sobre el PNV se suma a los ataques que le ha dirigido ETA en sus últimos comunicados y que la izquierda abertzale repite. La última vez, ANV el pasado sábado en Mondragón, cuya alcaldesa, Inocencia Galparsoro, proclamó que el partido de Urkullu “ha de ser aparcado definitivamente de cualquier intento de conjunción soberanista”.

Otegi indica que ve la situación en Euskadi bloqueada y que el movimiento abertzale parece estar “gripado políticamente”, por lo que ha percibido síntomas de “frustración y escepticismo”. A pesar de ello, mantiene las tesis habituales del mundo de Batasuna sobre el que llaman conflicto vasco y, evitando nombrar a ETA y cualquier término comprometedor, aboga por retomar la negociación con el Estado en el punto en que quedó rota, “en la última etapa”. Asimismo, afirma que, a pesar de las ilegalizaciones, la izquierda abertzale “tiene que hacer un esfuerzo por estar en las elecciones” autonómicas, aunque no dice cómo podrá conseguirlo.