La Audiencia Nacional ha absuelto al acusado de colocar una bomba en noviembre de 2005 en los Juzgados de Paz de Zarautz (Guipúzcoa) porque, según la documentación de la Guardia Civil correspondiente a la declaración del sospechoso, hubo “un larguísimo lapso de tiempo” (55 horas) en el que no se practicó ninguna diligencia que justificara la detención, “y, aún menos, de la situación de incomunicación”. El artefacto, que llevaba adosado un cartel con la inscripción Peligro, bomba, no explotó porque fue desactivado por la Ertzaintza después de que un vecino localizara el explosivo cuando paseaba por la zona.

El tribunal afirma que poco antes de las 23.00 del 2 de noviembre de 2005, una “persona cuya identidad no consta, pero próxima” a ETA, colocó en la puerta trasera del juzgado un artefacto explosivo, compuesto por 500 gramos de amonal y 85 de cloratita, y con un temporizador programado para la 01.26.

Además, la Audiencia advierte “dudas” de que la declaración ante la Guardia Civil en la que reconoció los hechos se realizara con “libertad y espontaneidad”, por lo que la considera “inválida”. En una sentencia hecha pública hoy, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal absuelve a Arkaitz Agote Cillero, para el que la fiscalía pedía ocho años de cárcel por un delito de estragos terroristas, tras constatar que la única prueba que hay en su contra son unas declaraciones, en marzo de 2007, sobre las que no existe “certeza y convicción” de que fueran “total y absolutamente libres, espontáneas y voluntarias”.

Ausencia de prueba externa.

El tribunal, presidido por el juez Alfonso Guevara, recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, una declaración policial ha de estar verificada por alguna prueba externa para que pueda ser validada por un tribunal, lo que no sucede en este caso. En este caso, la única evidencia es una confesión del acusado tras su detención y de la que se desdijo ante el juez instructor.

La resolución judicial también recoge que Agote presentó una denuncia por malos tratos que fue archivada sin que se realizaran las pertinentes diligencias de investigación. En este sentido, la denuncia de Agote, que el tribunal considera elaborada en términos “muy detallistas y corroborados por cuanto consta en el procedimiento”, relataba que durante el tiempo en que se prolongó su detención la Guardia Civil le impidió dormir y le colocó una bolsa en la cabeza en cinco ocasiones, lo que le provocó síntomas de asfixia y dos pérdidas del conocimiento.

Agote fue detenido el 28 de marzo de 2007 en San Sebastián, acusado de integrar el comando Donosti de ETA, que fue desarticulado en esa fecha con su arresto y el de otras siete personas.

Durante el juicio, los agentes del instituto armado que participaron en el interrogatorio aseguraron que el detenido describió con todo detalle la composición de la bomba, con datos que sólo podía conocer en caso de haberla preparado y colocado. El tribunal, sin embargo, estima que el acusado “no da detalle alguno” a este respecto, “lo que choca con la minuciosa exhaustividad del procesado en sus declaraciones voluntarias”.

Dos inspectores de Interior se desplazaron ayer a Jaén para comunicarle personalmente a Francisco José Alcáraz, ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que a partir de hoy queda sin escolta. Para Alcaraz se trata de una represalia del Gobierno de España que deja expedito a ETA el camino hacia su nuca. «De lo que a partir de ahora me suceda a mí o a mi entorno hago responsable a Rubalcaba y, por extensión, a Zapatero», advierte el ex responsable de la ATV, quien ha solicitado infructuosamente al Ministerio de Interior que le comunique por escrito que la decisión de retirarle la escolta (dos policías) se deriva de que ha dejado de ser objetivo de la banda terrorista.

Alcaraz se sabe en el centro de la diana. No es un paranoico, sino un observador. La semana pasada estuvo en el País Vasco. En concreto en Amurrio y Llodio, con motivo del homenaje que le tributaron sus amigos a María San Gil. Allí percibió odio hacia su persona por parte de un sector de la población, que incluso le insultó. «Si llego a ir sin escoltas no duro ni un minuto».

Por este motivo entiende que la decisión del Ministerio no parte de la lógica, sino del rencor. «Este Gobierno ni perdona ni olvida», explica Alcaraz, para quien dejarle sin seguridad le convierte en un blanco fácil de otra organización que tampoco utiliza la memoria para el bien. «ETA sabe que su pacto con Zapatero no siguió adelante porque la AVT se opuso frontalmente a la negociación».

La marcha ha estado encabezada por Arnaldo Otegui, miembro de la ilegalizada Batasuna y por representantes de los también ilegalizados ANV y el PCTV.

Miles de partidos de la izquierda abertzale se han dado cita para recorrer la calles de Bilbao, en una manifestación convocada por el movimiento Pro Amnistía. Entre ellos, Arnaldo Otegui, que es la primera vez que se deja ver desde que salió de la cárcel.

La marcha ha discurrido bajo la vigilancia de un fuerte dispositivo policial, aunque no se han producido incidentes.

La organización Dignidad y Justicia había solicitado que se impidiera el desarrollo de la manifestación, pero el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska archivó el viernes la petición al descubrir que otro juez había resuelto ya sobre el asunto, dato que la asociación había “omitido”.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reactivado la causa contra el ex dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi por el mitin que la formación ilegal celebró en noviembre de 2004 en el velódromo donostiarra de Anoeta. Un proceso que permanecía paralizado desde febrero de 2006, un mes antes de que ETA anunciara el alto el fuego, y en el que Otegi está imputado, junto a los también dirigentes de Batasuna Joseba Permach y Joseba Álvarez, por enaltecimiento del terrorismo, desobediencia grave y reunión ilegal.

«Si hemos llegado hasta aquí, que nadie tenga duda de que no vamos a desaprovechar la ocasión de ganar un espacio de paz», afirmó Otegi en su discurso en Anoeta.

Tras quince meses preso por un delito de enaltecimiento del terrorismo, Otegi tiene otras tres causas pendientes. El juez Garzón le ha procesado junto con otros 39 dirigentes de Batasuna en un caso cuyo juicio oral se iniciará en pocas semanas. Un proceso en el que se enfrenta a una pena que podría llegar hasta los 15 años por un delito de integración en organización terrorista en grado de dirigente.

Por otra parte, el Parlamento vasco rechazó ayer la propuesta de PSE y PP para que la radiotelevisión pública vasca deje de entrevistar a dirigentes de partidos ilegalizados, como ANV y el PCTV, por «formar parte del entramado terrorista de ETA». El PNV tumbó el texto, acordado por PSE y PP en base a una propuesta inicial de los populares, con el apoyo de EA, EB, Aralar y el PCTV. La Cámara también desbarató otra iniciativa para exigir al tripartito que prohíba todos los homenajes a etarras.

Por último, la Audiencia valoró el «muy escaso» riesgo de fuga de la responsable de comunicación del aparato internacional de ETA (Xaki), Elena Beloki, condenada a 13 años de cárcel, para mantener su situación de libertad bajo fianza. Así lo ha estimado en un auto la sección tercera de la Sala de lo penal, tras la vista a puerta cerrada celebrada el jueves para determinar si Beloki, excarcelada en julio para un tratamiento de fecundación, debía volver a prisión, como solicitaban la Asociación Víctimas del Terrorismo y el fiscal, al considerar que existe riesgo de que se dé a la fuga.

El tribunal destaca que este tratamiento de fertilidad, aunque era el motivo aducido por Beloki, no fue la razón «sustancial» por la que se le concedió la libertad provisional, sino que la decisión se asentó en el «muy escaso riesgo de fuga», que ahora se reitera y rechaza que en las cárceles haya medios para el tratamiento.

El portavoz de justicia del PP Federico Trillo tachó de «incomprensible, antiejemplar y decepcionante» la decisión de la Audiencia, de la que dijo que «no puede ser más dañina» en cuanto al cumplimiento íntegro de penas. El PP denunciará por prevaricación a quien pague o colabore en el tratamiento de la etarra.