La «Sala del 61» del Tribunal Supremo ha habilitado la semana que va del 16 al 24 de junio para tomar declaración, en sesiones de mañana y tarde, a los más de cien testigos propuestos por el fiscal, el abogado del Estado, ANV y PCTV en el procedimiento abierto para determinar si ambos partidos deben ser ilegalizados como herederos de Batasuna /ETA. Según las previsiones del Tribunal, la sentencia podría dictarse en el mes de julio.

Fuentes de esta Sala especial han indicado que el Tribunal ha aplicado un criterio de «máxima generosidad» con las partes, de tal forma que, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los demandados, se han admitido todas las testificales propuestas. Los testigos sólo deberán cumplir un requisito, por lo demás habitual en todos los procedimientos judiciales: guardar relación con el objeto del proceso.

Son las formaciones demandadas las que mayor número de testigos proponen. En total, 62 (47 a petición del Partido Comunista de las Tierras Vascas y los quince restantes, de Acción Nacionalista Vasca). Entre ellos figura Joseba Egibar, máximo responsable del PNV en Guipúzcoa. El listado completo no se conocerá hasta la próxima semana, cuando la «Sala del 61» notifique mediante un auto las pruebas que finalmente han sido admitidas.

Los restantes testigos, medio centenar, son los policías y guardias civiles propuestos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, todos ellos relacionados con las investigaciones dirigidas a demostrar la vinculación de PCTV y ANV con la ya ilegalizada (en marzo de 2003) Batasuna/ETA.

Tal y como figura en los escritos de demanda y de proposición de prueba de la Fiscalía, entre estos agentes están los policías que el pasado mes de octubre practicaron los registros en la sede que el PCTV tiene en la localidad de Usúrbil (Guipúzcoa). El piso, ubicado en la segunda planta, era utilizado también por ANV; además, en él se detectaron reuniones clandestinas de la «mesa nacional» de Batasuna, cuyo local -situado en el tercer piso de ese mismo inmueble- está clausurado desde que esta formación fuera declarada ilegal.En dicho local, la Policía se incautó de numerosos documentos, entre otros las claves secretas para acceder a las cuentas bancarias de ANV y PCTV.

La Fiscalía sostiene en sus demandas que existe una íntima conexión entre ANV, PCTV y Batasuna. No sólo en la estrategia política (los demandados siguen consignas de la formación ilegal) sino también en la financiación. Las investigaciones detectaron una mutua cooperación económica entre los tres partidos.

Una de las pruebas, también fruto del registro de la sede de Usúrbil, es un documento fechado el 13 de junio de 2007 en el que se establecen las pautas para la creación de una «caja común o única»: el plan pasaba por centralizar los ingresos y los gastos de todas las estructuras de la llamada izquierda abertzale de tal manera que el dinero procedente de las subvenciones a los representantes electos del PCTV sirvieran para alimentar, entre otros, las arcas de Batasuna y financiar así sus actos públicos y su aparato propagandístico.

Otras pruebas clave son el auto con el que el juez Baltasar Garzón suspendió las actividades de ANV y los que se refieren a la alcaldesa de Hernani, María Ángeles Beitilarrangoitia (de ANV), imputada por enaltecimiento del terrorismo.

La primera edil proetarra dedicó unas palabras de apoyo a los etarras Igor Portu y Mattín Sarasola, imputados como presuntos autores del atentado contra la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas, en el que murieron dos personas. Beitilarrangoitia también está imputada por mantener en Hernani un parque con el nombre de un pistolero de ETA.

-Viernes 8 de febrero: Una bomba compuesta por 15 kilos de explosivo estalló en los juzgados de Bergara (Guipúzcoa), minutos después de que una llamada anónima avisara a los Bomberos de la explosión, que causó cuantiosos daños en la fachada y cuya onda expansiva afectó a varios locales y vehículos situados en las inmediaciones. El explosivo utilizado por los terroristas era amonitol, una mezcla de amosal y nitrometano.

-Sábado 23 de febrero: Una bomba, compuesta por tres o cuatro kilos de explosivo, estalló en las instalaciones de un repetidor de televisión situado en la cima del monte Arnotegi, de 426 metros, dentro del término municipal de Bilbao, y causó sólo algunos daños materiales.

-Viernes 29 de febrero: Un artefacto compuesto por entre dos y tres kilos de explosivo estalló de madrugada en la puerta de entrada a la ‘Casa del pueblo’, la sede del PSE-EE, en la localidad vizcaína de Derio y no causó víctimas, aunque sí daños materiales. La colocación del artefacto había sido anunciada en una llamada en nombre de ETA a las emergencias de Vizcaya (SOS-Deiak).

-Viernes 7 de marzo: El ex concejal socialista en Arrasate-Mondragón Isaías Carrasco fue asesinado a tiros en esta localidad guipuzcoana por un pistolero de ETA. El atentado se produjo dos días antes de las elecciones generales del 9 de marzo.

-Viernes 21 de marzo: Estalla un coche-bomba cargado con 70 kilos de explosivos junto al cuartel de la Guardia Civil de Calahorra (La Rioja) que causa contusiones a un agente, heridas leves (cortes por cristales) a cuatro personas e importantes daños materiales en el edificio e inmuebles cercanos.

-Domingo 30 de marzo: Explota un artefacto colocado por ETA en un repetidor del monte Izarraitz de la localidad guipuzcoana de Azpeitia, compuesto por tres kilos de amonal, causó daños materiales escasos.

-Sábado 12 de abril: Un artefacto de poca potencia estalla junto a la subestación de telefonía y televisión de Lapoblación (Navarra) y causa mínimos daños materiales. La Guardia Civil halló un segundo artefacto que no llegó a estallar.

-Jueves 17 de abril: Estalla una bomba, compuesta por cinco kilos de explosivo, en la Casa del Pueblo del PSE-EE del barrio bilbaíno de La Peña y causa heridas leves a siete ertzainas, cuantiosos daños materiales y el corte del suministro de agua en la zona.

-Domingo 20 de abril: Una bomba compuesta por unos tres kilos de explosivo estalla ante la sede socialista de Elgoibar (Guipuzcoa) y causa importantes daños materiales en vehículos y en los edificios colindantes, cuyos vecinos fueron desalojados por la Ertzaintza. Un comunicante había avisado en nombre de ETA a la de DYA de Vizcaya de que se produciría una explosión una hora después.

-Jueves 1 de mayo: ETA dos veces el mismo día. Hace explotar una bomba en un pabellón industrial del Ministerio de Trabajo en Arrigorriaga (Vizcaya), que sufrie importantes daños, y coloca otros dos artefactos en una oficina del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral en San Sebastián, que provocaron desperfectos escasos.

-Lunes 12 de mayo: ETA hice explotar en Hernani (Guipúzcoa) dos bombas en sendas excavadoras de la empresa constructora Amenábar, concesionaria de las obras del Tren de Alta Velocidad, a las que causa daños materiales.

-Miércoles 14 de mayo: Poco antes de las 3.00 horas, estalla una furgoneta-bomba colocada junto a la casa cuartel de Legutiano (Alava) que causa la muerte del guardia civil Juan Manuel Piñuel y heridas a otros cuatro agentes.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró ayer tajante con la resolución aprobada ayer por el Parlamento vasco en la que acusa al Gobierno de amparar torturas a etarras detenidos. Indicó que el texto dice “cosas inciertas” y “muy graves” ya que el Ejecutivo “no ampara nada, y mucho menos las torturas”. El secretario general del PSE-EE, Patxi López, calificó la resolución como “un ejercicio de irresponsabilidad enorme”, mientras que el consejero de Interior vasco, Javier Balza, consideró que “merece todo el respeto” al haber sido aprobado por la “mayoría” de la Cámara vasca.

El Parlamento vasco aprobó el viernes, con los votos a favor de todos los grupos de la cámara salvo PP y PSE, un texto en el que señala al Gobierno central por “amparar” a los ocho agentes de la guardia civil sospechosos de torturar a los etarras Igor Portu y Martín Sarasola, presuntos autores del atentado de la T-4, detenidos en enero en Mondragón.

Uno de los principales puntos que quiso dejar claros Rubalcaba es que estas denuncias han de ser acogidas siempre con cautela, aunque también se tomen en consideración. “Todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes de denunciar torturas inmediatamente después de ser detenidos”, indicó el responsable de la cartera de Interior. A pesar de ello, aseguró que “se investigan todas”.

Rubalcaba recalcó que las denuncias a las que se refiere la Cámara vasca “están investigándose en este momento en sede judicial”. Asimismo, el ministro reiteró que “los primeros y más interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo y en que el Estado de derecho actúe en este caso son la Guardia Civil y el Gobierno”.

El enfado del Ejecutivo pasó inadvertido para Balza, quien se limitó a reiterar la legitimidad de la resolución aprobada por el Parlamento regional. Balza insistió en que se trata de un texto “que merece todo el respeto, está aprobado por la mayoría y, por lo tanto, es la expresión de lo que piensa la mayoría de esta sociedad”.

Sin embargo, para el secretario general del PSE-EE, Patxi López, la aprobación de esta resolución, más que un ejercicio de democracia es de irresponsabilidad hacia el Estado de Derecho. López criticó “la imagen que dieron algunos partidos” cuando, “olvidando lo que acababa de pasar [el asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel], dando la espalda a un Estado de Derecho, asumieron el manual del terrorista detenido, asumieron sus argumentos y tuvieron la inmoralidad de decir que el Gobierno de España ampara torturas sistemáticas”. El dirigente socialista ofreció “unidad entre los demócratas para combatir a ETA y a los que todavía apoyan y sus acciones”.

Sus declaraciones, lejos de favorecer la unidad entre las formaciones, levantaron nuevas ampollas. El portavoz parlamentario de Ezker Batua, Antón Karrera, le respondió reclamando soluciones ante la presunta tortura a presos etarras. “En vez de acusar al legislativo autonómico y al tripartito de utilizar el manual del terrorista, pida al Gobierno del Estado que asuma compromisos efectivos contra la tortura, en coherencia con los planteamientos de Amnistía Internacional y organizaciones en defensa de los derechos humanos”.

Karrera solicitó al PSE-EE que reconozca la “legitimidad” de la Cámara vasca para denunciar “la práctica de la tortura como una violación de derechos fundamentales” y señaló que sentencias judiciales “confirman la existencia de malos tratos en comisarías, ratificadas también por Amnistía Internacional”.

ETA habría reorganizado la estructura que tenía en Francia para fabricar coches bomba y que quedó desmantelada con la captura el 1 de septiembre del 2007 de varios miembros de la organización terrorista en Cahors, según las investigaciones de la Guardia Civil sobre el atentado de Legutiano. La furgoneta Citroën Berlingo que contenía el explosivo fue robada en una localidad próxima a Limoges, el 16 de abril, de lo que los expertos policiales deducen que el coche bomba que hizo explosión esta semana había sido preparado en Francia.

Como es práctica habitual en los robos de coches en el país vecino, los etarras aprovecharon un descuido para apoderarse del vehículo con las llaves puestas. La furgoneta estaba aparcada en la calle, ya que el responsable del taller en el que debía ser revisada la había estacionado fuera mientras trabajaba en otro coche.

La furgoneta fue utilizada por los terroristas como coche bomba, pero las llaves del contacto, sujetas con un llavero con una publicidad de una caja de ahorros, fueron encontradas dentro del Peugeot 306 que emplearon los terroristas para huir de Legutiano y que abandonaron en una pista forestal del alto de Urkiola, donde la encontró la Ertzaintza. Esta circunstancia permitió averiguar la procedencia de la furgoneta, ya que su propietario reconoció su llavero en las fotografías que la Guardia Civil le hizo llegar a través de la policía francesa. Del interior del vehículo que el comando utilizó para huir, y que no hizo explosión debido a un fallo en el artefacto que prepararon, también se ha podido recuperar el pasamontañas con el que cubrió su rostro el terrorista que aparcó la furgoneta bomba a pocos metros de la casa cuartel.

Los responsables de la lucha antiterrorista sospechan que miembros de ETA en Francia fabricaron y montaron la bomba, y una vez preparada la furgoneta la entregaron al comando Vizcaya para que perpetrara el atentado.

Este modo de operar fue observado en septiembre del 2007 en el atentado fallido que se registró en Logroño. El vehículo cargado de explosivos fue colocado el día 9 delante de la delegación del Ministerio de Defensa, pero no llegó a estallar y la policía pudo desactivarlo. La colocación de ese coche bomba se atribuyó al comando Vizcaya, pero fue fabricado en Francia, ya que tenía las huellas de Aitzol Iriondo, Gurbitz,uno de los lugartenientes del jefe de los comandos de ETA Garikoitz Azpiazu, Txeroki.

El 1 de septiembre, con la captura de varios miembros de la organización terrorista en Cahors, la estructura para fabricar coches bomba que ETA tenía en Francia quedó desmantelada. Entre los detenidos se encontraba Luis Ignacio Iruretagoyena, Suni,un veterano miembro de ETA considerado el máximo experto de la banda armada. A esa célula se atribuye la fabricación de la furgoneta bomba que estalló en la T4 de Barajas el 30 de diciembre del 2006 y la furgoneta bomba con la que ETA pretendía atentar en la zona turística de Marina d´Or, en Castellón, en agosto del pasado año. En Cahors la policía francesa se incautó, además, de 400 kilos de explosivo.

La desarticulación de esa fábrica de bombas tuvo importantes efectos en el funcionamiento de ETA, ya que en los meses siguientes disminuyó sustancialmente la cantidad de explosivos que tenían los comandos a su disposición y, además, los artefactos mostraron deficiencias técnicas. El coche bomba de Logroño, por ejemplo, no estalló por problemas del material utilizado, igual que las dos bombas trampa colocadas contra la Ertzaintza ante el Palacio de Justicia de Getxo. En los últimos artefactos ese tipo de fallos han sido corregidos.

Fuentes de la investigación señalaron que los etarras que perpetraron el atentado contra el cuartel alavés de Legutiano estuvieron a punto de tener un accidente enfrente de este edifico, cuando el Peugeot 306 con el que emprendían la huida se vio obligado a dar un frenazo brusco, bien porque el suelo estaba mojado por la lluvia o por exceso de velocidad, lo que le llevó a invadir parte del carril contrario, sin otras consecuencias.

La Audiencia Nacional ha absuelto por cuarta vez al etarra «liberado» del «comando Vizcaya» Gorka Lupiáñez, acusado junto a otras 13 personas de protagonizar una decena de actos de «kale borroka» durante la fiestas del municipio vizcaíno de Galdácano celebradas en septiembre del año 2000.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal, presidida por Ángela Murillo, basa la absolución en que «no consta dato alguno de corroboración» de la participación de Lupiáñez en los hechos «más allá de la declaración inculpatoria» del coprocesado Jon Crespo. Según la sentencia, éste último vino a decir en el juicio que la declaración policial en la que inculpó al etarra «fue prestada bajo coacciones». Sin embargo, el informe forense «no constató anomalía alguna en la conducta del entonces detenido».

Lupiáñez, actualmente en prisión incondicional ordenada por el juez Ismael Moreno por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia ilícita de armas y falsificación de documento oficial, ya fue absuelto antes en tres ocasiones por la Audiencia Nacional. En su último arresto (diciembre de 2007), se le incautó un revólver de la partida de 350 pistolas que ETA robó en la localidad francesa de Vauvert.