Los 27 acusados de Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna -colectivos de apoyo a presos etarras- prestaron declaración ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el marco del sumario 33/01 que arrancó ayer. Bajo un patrón idéntico y sometidos a una misma disciplina, los responsables del llamado «frente de makos» desafiaron al tribunal desde el primer momento.

Fue el máximo dirigente del grupo, Juan María Olano (en libertad desde el 7 de marzo) quien rompió el hielo negándose en vascuence a contestar tanto a las preguntas del fiscal Carlos Bautista -le acompañó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza- como a las de la acusación popular, ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Sólo a interpelación de su defensa, Olano, que reconoció haber actuado como «cara visible» de Gestoras, aprovechó su intervención para exigir «diálogo y negociación» y lanzarle un mensaje al lendakari, Juan José Ibarretxe: «¿Quién tiene miedo al ejercicio del derecho a la autodeterminación? Nosotros no», dijo. Acto seguido, se ensañó con el tribunal, que estuvo presidido por la magistrada Teresa Palacios, y señaló que «la Audiencia Nacional está a miles de kilómetros de la imparcialidad». «La sentencia ya está escrita, por lo que renuncio a mi defensa y a participar en esta farsa», concluyó.

La línea estratégica de prescindir de sus abogados, marcada por Olano, fue seguida por el resto de acusados sin cortapisas. Así, el responsable del área de bases democráticas de Gestoras, Joseba Gotzon Amaro (imputado por colaboración con banda armada en 2005 y miembro del PCTV), también atacó la independencia de este órgano judicial y afirmó que su «castigo ya lo tiene firmado el PSOE». La Fiscalía solicita en su escrito de calificación para cada uno de los 27 acusados diez años de cárcel como autores de un delito de integración en organización terrorista.

También se desmandó en cargar contra la Administración de Justicia y el Gobierno socialista (sin ser interrumpida por ello por parte del tribunal) María Teresa Díaz de Heredia, responsable de Gestoras en Álava y única procesada en prisión, tras su detención el pasado mes de octubre en la operación de Segura (Guipúzcoa) contra la cúpula de la ilegalizada Batasuna. Díaz de Heredia dijo que no contestaba a las preguntas del fiscal porque éste «representa al Estado que ahora nos juzga después de desaprovechar la oportunidad del «proceso»». Bautista salió al quite y le respondió que «esa función le corresponde al Abogado del Estado, ya que el Ministerio Público sólo defiende la legalidad». Previamente, la batasuna había manifestado que «la Audiencia Nacional da cobertura legal a una decisión política del Gobierno».

Advertencia del tribunal.

Después de mantener un tono tibio en el manejo de la vista, la presidenta del tribunal subrayó al final de la sesión que «no se está enjuiciando a la Audiencia Nacional, frente a lo que han venido manifestando los acusados». «No juzgamos ideologías, sino actividades presuntamente delictivas (…) y en función de las pruebas, se dictará la sentencia correspondiente», precisó.

Una resolución que podría llegar antes de lo previsto, ya que las defensas, en cumplimiento de la voluntad de sus clientes, anunciaron que reducirán la lista propuesta de más de 200 testigos a sólo una veintena. La vista oral se reanudará el próximo lunes con las declaraciones de los testigos solicitados por la Fiscalía y la AVT.

El portavoz de Nafarroa Bai y presidente de EA en Navarra, Maiorga Ramirez, acusó hoy al PSN de ‘incumplir su palabra y echarse en brazos de UPN’ tras registrar ayer una moción de censura en Barañáin para desalojar de la alcaldía al nacionalista Floren Luqui.

Los principales responsables de Nafarroa Bai comparecieron en rueda de prensa para recordar que en junio de 2007, tras las elecciones municipales, la coalición nacionalista y el PSN pactaron el Gobierno de varios ayuntamientos, entre ellos el de Barañáin. A juicio de NaBai, los socialistas han actuado ahora de forma ‘fraudulenta’ al posibilitar la salida de Floren Luqui de la alcaldía de Barañáin en favor de un edil de UPN.

Maiorga Ramirez afirmó que ‘no ha habido problemas de gestión’ en el Ayuntamiento de Barañáin durante el mandato de Luqui y aseguró que, detrás de la decisión de los socialistas, existe un intento de ‘blindar las fórmulas de poder tradicional y abandonar las posibilidades de cambio político’.

No obstante, Ramirez afirmó que Nafarroa Bai ‘no dará una respuesta igual al PSN’ y se comprometió a facilitar la gobernabilidad en aquellos ayuntamientos en los que la posición de Nafarroa Bai pueda ser determinante. Se trata principalmente de los consistorios de Beriáin, Berriozar y Burlada.

En la comparecencia ante los medios también estuvo presente el todavía alcalde de Barañáin, Floren Luqui, quien criticó la ‘oposición destructiva’ que, a su juicio, han desempeñado desde el inicio de su mandato los grupos municipales de UPN y PSN.

Frente a las acusaciones de ‘incapacidad’ en la gestión del Ayuntamiento, Floren Luqui presentó un documento con todas las iniciativas que ha llevado a cabo su equipo y destacó, además, que en estos nueve meses se han recortados gastos de representación y de dietas y se ha fortalecido la participación ciudadana.

El edil nacionalista criticó, en cambio, que ‘el PSN no ha presentado ninguna propuesta, porque si las presentaba se las aceptábamos’, y mostró su compromiso de trabajar desde la oposición para presentar nuevas iniciativas.

Por su parte, el coordinador general de Aralar y portavoz de Nafarroa Bai, Patxi Zabaleta, dio ‘todo el respaldo’ a Floren Luqui y a los ediles nacionalistas de Barañáin por haber realizado un ‘trabajo digno’ al frente del Ayuntamiento.

Criticó a PSN y UPN por decir en su moción de censura que Luqui gestiona el poder al mismo tiempo de manera ‘personalista y asambleísta’. ‘Esto es una contradicción, es irrisorio, no han sabido hacer una moción de censura’, dijo.

También dio su apoyo a Floren Luqui la diputada de Nafarroa Bai en el Congreso, Uxue Barkos, quien valoró que el Gobierno municipal ha puesto en marcha ‘proyectos propios de una enorme envergadura’ sin que ninguno solo de sus concejales estuviera liberado.

De hecho, Barkos criticó que Luqui ‘ha estado trabajando nueve meses sin poder cobrar la Seguridad Social, porque UPN y PSN se lo han vetado uno y otro pleno’, y se mostró ‘orgullosa’ de que, pese a todo, el equipo de Gobierno municipal haya hecho el ‘esfuerzo’ de seguir trabajando. ‘Floren Luqui se ha sacrificado por trabajar. Ahora nos queda saber cuál será el contrato que tenga el nuevo alcalde’, dijo Barkos.

Por contra, la coalición nacionalista recordó que los concejales de NaBai en Pamplona apoyaron que el edil de UPN José Iribas pudiera tener la condición de exclusividad en el Ayuntamiento para desempeñar sus funciones.

El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, pondrá en marcha, de inmediato, «los mecanismos» para presentar en las instituciones vascas en las que esté representada ANV mociones pidiendo la dimisión de sus cargos, después de que la formación ‘abertzale’ se haya negado a condenar el último comunicado de ETA de «amenaza generalizada». Además, aseguró que no ha habido «nunca» una decisión de la dirección de su partido contra la moción de censura de Mondragón y denunció «el linchamiento» al que ha sido sometido su partido por «la proximidad de las elecciones autonómicas».

En una entrevista, Urkullu consideró que el presidente del Gobierno en funciones «no quiere sus votos», y mostró su esperanza en que se sienten bases de la normalización, aunque no sea posible antes de la investidura. No obstante, precisó que su partido no admitirá «dilaciones» y advirtió de que, si se comprueba «el inmovilismo» del Ejecutivo del PSOE, el PNV «no se quedará quieto» y liderará con Ibarretxe la iniciativa de la normalización.

El dirigente del PNV señaló que, tras la negativa de los representantes de ANV a rechazar el último comunicado de ETA, su formación promoverá iniciativas en las instituciones contra sus representantes.

En este sentido, precisó que su planteamiento es progresivo para «poner la pelota en el tejado de ANV», y reiteró que comenzará con mociones pidiendo la dimisión de sus cargos y, tal como afirmó el pasado miércoles el EBB en un comunicado, en caso de que resulte «infructuoso», estará dispuesto al encuentro con el resto de partidos para impulsar «las iniciativas institucionales necesarias», sin excluir «la reprobación política o la moción de censura».

Radicalidad.

Tras destacar que el PNV «es radical en sus principios éticos» y asegurar que no rechaza una moción de censura en Mondragón, instó a realizar «una reflexión en profundidad sobre los pasos a dar» también en otros municipios para asegurar su gobernabilidad y propuso «un planteamiento gradual».

El líder del PNV aseveró que «no ha existido nunca una decisión» de la dirección peneuvista de oponerse a la iniciativa contra la alcaldesa de ANV, Inocencia Galparsoro, y advirtió de que «la utilización» del caso de Mondragón puede abrir «una brecha» entre partidos «que redunde en la convivencia política».

Asimismo, instó a realizar «una lectura serena y muy profunda sobre todo lo que se está trasladando estos días a la opinión pública» en torno a la moción de Arrasate. A su juicio, es necesario gestionar de forma «inteligente» esta cuestión, junto con el comunicado de ETA, en el que la banda «amenaza al universo».

«Tras el comunicado de ETA, vemos que, para casi toda la gente, incluso para Zapatero, todo se reduce a Mondragón, y a nosotros nos preocupa ésto, pero nos preocupa muchísimo la situación que se pueda generar de una gestión poco inteligente de este tipo de situaciones, que obvie la amenaza generalizada de ETA», subrayó.

A su juicio, esto «va mucho más allá» de la iniciativa planteada en la localidad guipuzcoana y lamentó que, tanto Zapatero como Patxi López, «estén haciendo referencia única y exclusivamente» al caso.

Tras señalar que no tiene «ningún problema en hacer autocrítica» en torno a la postura de su partido sobre esta iniciativa, dijo que no entrará «en conceptos de rectificación». «He hecho autocrítica diciendo que tampoco nosotros lo hemos gestionado bien. Lo que me duele profundamente es el linchamiento al que se está sometiendo al PNV», añadió.

Varios cientos de personas se manifestaron ayer por las calles del centro de Bilbao en protesta por la izada de la bandera española en la fachada del Ayuntamiento de Bilbao. Simpatizantes de la izquierda abertzale recorrieron el trayecto entre la plaza Arriaga y el Consistorio bilbaíno precedidos por una enorme ikurriña. El grupo, entre los que se encontraba la representante de ANV Arantza Urkaregi, profirió gritos en contra de la enseña española y del alcalde Iñaki Azkuna.

«PNV español» y «Española no, ikurriña sí», fueron algunas de las proclamas que se sucedieron durante todo el recorrido. La marcha concluyó frente al Ayuntamiento, donde el colectivo permaneció concentrado varios minutos. Algunos de los presentes intentaron pegar varias ikurriñas de papel en la fachada consistorial, aunque fueron conminados por los policías locales que custodian el edificio a abandonar el lugar.

No es el único acto de protesta previsto para censurar la decisión tomada por el alcalde de la capital vizcaína. Diversos colectivos sociales han convocado una concentración similar para mañana a las 19.30 horas. Además, el movimiento antifascista ha llamado a la movilización el próximo sábado día 12 para lograr retirar «los símbolos fascistas y los de sus herederos».

San Sebastián.

Por otra parte, el portavoz parlamentario del PSE-EE y secretario general de los socialistas vizcaínos, José Antonio Pastor, anunció ayer que el Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por su compañero Odón Elorza, colocará «pronto» la bandera de España. La administración donostiarra seguirá, de este modo, el criterio del resto de municipios regidos en la actualidad por un alcalde socialista -como Vitoria, Portugalete o Barakaldo-. El propio Pastor se refirió a ello al advertir que la Corporación de la ciudad guipuzcoana va a exhibir públicamente la bandera «como lo hacen los demás» consistorios regidos por su partido.

La medida llegará después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya forzado al máximo edil bilbaíno, Iñaki Azkuna, a instalar la enseña. Quedó colocada el viernes sólo cuatro días antes de que expirara el plazo otorgado por los jueces para cumplir la resolución. «Esto no es ninguna imposición», matizó el dirigente del PSE en declaraciones a Radio Euskadi. «Es una ley, como muchas otras, y en un Estado de Derecho las leyes se respetan, porque de la misma forma podemos decir que se nos impide no matar al vecino o no cruzar los semáforos en rojo», argumentó José Antonio Pastor para ilustrar su tesis.

El líder de los socialistas vizcaínos se mostró, en este sentido, partidario de respetar en todo momento la legislación vigente. Cree que «hay que cumplir las leyes» por encima de otras consideraciones. «Otra cosa es que a uno le gusten y las quiera cambiar pero, de momento, se cumplen y lo demás es hacer juego sucio», ahondó sin citar expresamente a nadie.

La bandera española ondeará a partir de hoy diariamente en la fachada del Ayuntamiento de Bilbao, un hecho único desde de la restauración de la democracia, ya que hasta ahora la enseña sólo se izaba temporalmente en el Día Grande de las fiestas de agosto y provocaba la conocida como ‘guerra de las banderas’.

La bandera española fue izada esta madrugada junto al reloj de la casa consistorial en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de noviembre de 2007, que daba de plazo hasta el próximo lunes, 7 de abril, para que ésta fuera colocada diariamente en la fachada del ayuntamiento.

El tribunal argumentaba que la ley obliga a que la bandera de España sea izada en un ‘lugar preferente’ del exterior de los edificios de la administración central, autonómica, provincial o municipal del Estado con ‘carácter de permanencia y no coyuntural’, como se venía haciendo en Bilbao desde la restauración de la democracia.

En el caso de la capital vizcaína, la izada de las banderas ha estado siempre vinculada con las fiestas de la Semana Grande o Aste Nagusia, que se celebra desde 1978 la tercera semana de agosto.

Aunque en los primeros años no se solía izar ninguna bandera con motivo del Día Grande de Bilbao, la Policía Nacional colocó en varias ocasiones la bandera española en cumplimiento de la Ley de Banderas de 1981, lo que provocó el inicio de la conocida como ‘guerra de las banderas’.

En 1988 el consistorio trató de regular la situación a través de un acuerdo municipal que determinó que la enseña española fuera izada sólo el viernes de la Semana Grande, hecho que no mitigó los enfrentamientos que ese día se solían producir entre manifestantes de la izquierda abertzale y las fuerzas de seguridad.

Estos enfrentamientos fueron decreciendo en intensidad a lo largo de los años 1990 y 2000, cuando la bandera española era colocada en los mástiles de la balconada del ayuntamiento junto a la ikurriña y las enseñas de Bilbao y Vizcaya apenas unos minutos en el Día Grande de las fiestas locales.

El pasado año las banderas estuvieron en la balconada del consistorio unos 20 minutos, una media de tiempo habitual en los últimos años.

A partir de hoy la bandera española y la ikurriña ondearán todos los días en la parte superior de la fachada y no en la balconada, ya que, según han explicado fuentes municipales, los técnicos han determinado que ésta se encuentra dañada y por ello se ha buscado una ubicación alternativa.

Por su parte, la bandera de Bilbao está situada en un lateral del consistorio.

Tanto el PP como el PSE-EE se han mostrado hoy satisfechos por que el alcalde, Iñaki Azkuna, haya ejecutado la sentencia, aunque el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Antonio Basagoiti, ha reprochado al primer edil su ubicación ‘vergonzante’, casi ‘detrás de una columna para que no se vea’.

El portavoz socialista, Txema Oleaga, ha calificado de ‘digno’ el lugar elegido y ha acusado al PP de querer buscar tres pies al gato y de pretender el enfrentamiento.

Por su parte, la portavoz de EB, Julia Madrazo, ha asegurado que a su juicio no había en Bilbao una demanda social para colocar la bandera española y ha indicado que la decisión se ha tomado ‘desde arriba’ en clave puramente judicial.

Desde el consistorio no se ha querido hacer hoy ningún comentario al respecto, pero Azkuna aseguró el día en el que se hizo pública la sentencia que iba a colocar la bandera rojigualda ‘por obligación y no por devoción’.