Varios desconocidos han lanzado bombas lacrimógenas al interior de la Embajada de España en Caracas y han pintado las fachadas con leyendas de apoyo al Pais Vasco.

La emisora venezolana Unión Radio ha afirmado que los agresores han lanzado gases lacrimógenos al interior de la sede diplomática española, ubicada en el este de Caracas, y que en sus paredes han pintado mensajes en apoyo a la “resistencia del pueblo vasco”. Además, han lanzado panfletos firmados por simpatizantes del Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, entre ellos la llamada Coordinadora Simón Bolívar.

Figuras de Zapatero y el Rey.

Las fachadas de los edificios cercanos también han resultado dañadas con pintadas en las que exigen al Gobierno español que cese la “situación represiva” que vive el País Vasco, así como con la detención de representantes políticos de Batasuna.

Cerca de la sede diplomática, los manifestantes han colocado figuras que representan al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al rey Juan Carlos y al director del local canal de noticias Globovisión, Alberto Federico Ravell, según ha indicado la agencia de noticias Notimex.

España resta importancia al acto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores considera que las protestas contra la Embajada española en Caracas no son más que un “acto de vandalismo” protagonizado por un grupo de descontrolados y en el que no ha habido víctimas, por lo que no se le quiere dar “mayor importancia”.

Fuentes de la Dirección General de Comunicación Exterior han explicado que, aunque la seguridad de la sede diplomática corresponde en parte al Gobierno venezolano, este tipo de situaciones son imprevisibles e incontrolables.

La reacción del Ejecutivo suramericano.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha emitido un comunicado donde ha expresado su solidaridad con España. “Consecuentes con su tradición histórica de respeto a la soberanía y amor a la paz, repudiamos este acto delictivo perpetrado por los grupos minoritarios que actúan a contrasentido del ideario bolivariano”, ha asegurado el comunicado emitido por la Cancillería venezolana.

Caracas afirma que ha “activado los mecanismos que conducirán al esclarecimiento de los hechos y al consecuente castigo de este acto”, según ha informado Unión Radio.

La policía detuvo en la madrugada de este lunes a 14 miembros de Batasuna, formación ilegalizada en 2003, en una nueva operación contra el movimiento independentista vasco vinculado a ETA, que la semana pasada se saldó con la prohibición a ANV y el PCTV de presentarse a las elecciones del 9 de marzo.

Las detenciones se efectuaron por orden del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, por ‘pertenencia y colaboración con organización terrorista’ y ‘actividad ilegal’, y comparecerán ante el juez el miércoles en Madrid, indicó la Audiencia Nacional.

El juez Garzón dirigió la operación en San Sebastián. Tras 13 las detenciones, en varias localidades del País Vasco y la vecina Navarra, varios locales de Batasuna y otros dos partidos independentistas, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV), en Bilbao y Pamplona fueron registrados. Otra persona fue detenida en Córdoba.

Los detenidos son miembros de la mesa nacional de Batasuna, órgano de dirección del partido, más de la mitad de cuyos miembros se encuentran actualmente en la cárcel. Entre los arrestados se encuentran Karmelo Landa y Mikel Etxaburu, miembros de la dirección de Batasuna, que el domingo llamaron a una huelga general en el País Vasco el jueves en protesta por la ofensiva judicial contra su partido.

Se trata de una operación ‘importante’ contra ‘estas personas que pretenden continuar el trabajo de dirección’ de Batasuna y contra los que ‘colaboran directamente en la financiación’ de esta organización ilegal, declaró el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.

Los partidos nacionalistas vascos criticaron la ofensiva de la Justicia contra estas formaciones independentistas. Batasuna está prohibida en España desde 2003 por sus vínculos con la banda ETA, cuya violencia no condena explícitamente. La Justicia considera que Batasuna forma parte del entorno de ETA, que está considerada responsable de la muerte de 819 personas en 40 años de atentados en favor de la independencia del País Vasco y figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea junto a Batasuna.

La Justicia le ha asestado varios golpes recientemente. En octubre de 2007, 19 miembros de la dirección del partido fueron detenidos en plena ‘asamblea clandestina’. Otros miembros emblemáticos del movimiento han sido detenidos, entre ellos Arnaldo Otegi, en prisión desde junio. El lunes pasado fueron arrestados otros dos dirigentes del partido, uno de ellos, Pernando Barrena, el último miembro de la cúpula de la formación que quedaba en libertad.

Estas operaciones coinciden con el fin de la tregua de ETA, en junio de 2007. Durante esta tregua de algo más de un año, el Gobierno intentó sin éxito negociar con ETA el fin de la violencia. Tras el fin de la tregua, la banda reanudó sus atentados y el 1 de diciembre mató a dos guardias civiles en Francia. También desde entonces, la policía española y la francesa han llevado a cabo numerosos operativos contra la banda y han detenido a más de 20 de sus miembros.

Por su parte, la Justicia española comenzó al mismo tiempo las operaciones contra la cúpula de Batasuna y las investigaciones para determinar si ANV y PCTV, tenían vínculos con Batasuna y ETA. La semana pasada, la Justicia prohibió a estos dos partidos participar en las elecciones legislativas del 9 de marzo y el juez Garzón suspendió sus actividades durante tres años.

La decisión judicial de impedir que Acción Nacionalista Vasca concurra a las elecciones del 9 de marzo ha dividido a los partidos políticos, mientras que esta fuerza mantiene operativa su página web, desde la que llama a las ‘barricadas’.

Un día después de que en plena precampaña electoral el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictara la suspensión de las actividades de ANV y el PCTV durante tres años por su presunta vinculación con Batasuna, siguen sucediéndose las reacciones en contra y a favor de esta decisión judicial.

La sala del 61 del Tribunal Supremo (TS), que ayer rechazó suspender las actividades de estas dos fuerzas, ha argumentado hoy que ANV no puede presentarse a las próximas elecciones porque, si fuera finalmente ilegalizada, se habría creado una situación irreversible, ya que los cargos electos permanecerían en sus puestos.

Y es que, según ha dicho en un mitin en San Sebastián el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en democracia sólo caben las palabras y las ideas, por lo que aquellos que usan la violencia, la amparan o ’se humillan ante quien tiene una pistola’, por cobardía o sumisión, ‘no pueden estar en el juego democrático’.

Por eso, ha querido dejar claro que ’sólo aquellos que respetan las reglas y que tienen capacidad de defender sus ideas con las palabras’ pueden participar en ese juego.

‘No estamos más lejos del fin de la violencia, estamos más cerca’, ha vaticinado Zapatero, quien ha defendido el diálogo que mantuvo su Gobierno con ETA en busca de la paz, en el que puso ‘mucha energía y mucha paciencia’ y de cuyo fracaso ha culpado a ETA y a ’su locura criminal’.

Pese a la suspensión de actividades ordenada por Garzón, la página web de esta fuerza sigue operativa en la red, y desde ella llama ‘a levantar barricadas’ contra lo que califica de ‘agresiones fascistas’.

ANV envía un mensaje contra la suspensión de sus actividades y advierte en euskera de que ‘por encima de todas las ilegalizaciones, el pueblo unido jamás será vencido …ni ilegalizado’.

Durante la presentación del programa electoral del PP para las elecciones de marzo, el líder de este partido, Mariano Rajoy, ha dado la ‘bienvenida’ al proceso de ilegalización de ANV, pese a lo cual no ha ahorrado críticas al Gobierno y a su presidente.

‘Tarde, mal y a rastras’; así considera Rajoy que ha iniciado el Ejecutivo este procedimiento, de lo que ha culpado a Zapatero, por ser ‘débil’ en la lucha contra ETA, por ‘engañar’ a los españoles y por dejar que se presentaran a las elecciones grupos políticos que eran ‘referentes’ de la banda terrorista.

Contra los procesos de ilegalización de ANV y el PCTV se ha mostrado la portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, quien ha calificado que se trata de medidas ‘estériles’ y ‘recetas del pasado’.

Azkarate ha negado la validez de enfrentarse a la violencia a través de la Ley de Partidos y de ‘dejar sin voz política a una parte de esta sociedad’ y ha abogado por un futuro político ‘basado exclusivamente en los acuerdos a los que democráticamente sean capaces de llegar los partidos’.

‘Puentes abiertos para la paz’ ha pedido en Salamanca el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, contrario a la ilegalización de ANV porque ‘no es más eficaz’ en materia terrorista ilegalizar partidos políticos ni ‘limitar garantías’.

Desde Bayona, el portavoz de Batasuna en Francia, Xabi Larralde, ha tildado de ‘extrema gravedad’ la decisión de Garzón y ha sostenido: ”Si esa gente es terrorista, el Estado español tiene un gran problema’.

El presidente de EA, Unai Ziarreta, ha calificado la decisión judicial de ‘política’, ‘antidemocrática’ que ‘ha sido tomada en los despachos del PSOE y que es absolutamente contraria a lo que son principios asumidos en la UE’.

También en contra de este proceso está el candidato al Congreso y portavoz de ERC, Joan Ridao, para quien se trata de un ‘error garrafal’ que ‘contribuirá a perpetuar el sufrimiento, el dolor y probablemente también el fenómeno de la violencia en el País Vasco’.

Fuera del ámbito de la política, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) cree que la ‘improvisación’ del Gobierno en relación a ANV y PCTV ha provocado ‘un desconcierto judicial que beneficia a los herederos de Batasuna’.

Una jornada de infarto en los tribunales logró ayer dejar a ANV sin altavoz político y fondos públicos. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón suspendió las actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en euskera) por un periodo de tres años al considerar a ambos partidos sucesores de la ilegalizada Batasuna. El Tribunal Supremo no fue tan lejos, pero sí anuló las subvenciones que reciben e impidió a ANV (única sigla aberzale que había presentado candidaturas) concurrir el 9-M. El alto tribunal seguirá dirimiendo en los próximos meses sobre la ilegalización de ambas.

La situación de ayer recuerda, en parte, a la ocurrida en agosto del 2002, cuando Garzón decidió la suspensión de Batasuna tan solo unas horas antes de que el Congreso instara su ilegalización. Ayer, la noticia de que el magistrado había paralizado a ANV y EHAK se conoció por boca del abogado del Estado, Manuel Pacheco, cuando pronunciaba sus alegatos a favor de esta medida no en la Audiencia, sino en las vistas celebradas en el Supremo para dirimir también sobre esta posibilidad. La fiscalía había recurrido en los últimos días a las dos alternativas posibles, la Sala del 61 del Supremo, a través de la ley de partidos, y a Garzón, por la vía penal, para impedir que los sucesores de Batasuna se presentasen a las legislativas.

LA DELIBERACIÓN.

El abogado del Estado introdujo una novedad respecto a su demanda inicial. Solicitó al Supremo la expulsión total de ANV y EHAK, de forma que se paralice a los partidos y también a sus grupos en el Parlamento y los ayuntamientos, a lo que el fiscal y finalmente los magistrados se opusieron. La deliberación de estos comenzó al termino de las vistas. En un principio, un grupo de jueces era partidario de no acceder a las suspensiones puesto que ya lo había acordado Garzón. Pero tras un receso, se votaron una a una las peticiones y, por nueve votos frente a siete, se acordó impedir que sigan recibiendo subvenciones y que ANV se presente a las elecciones, según fuentes del tribunal.

Después de todo, estas eran las únicas medidas urgentes. A partir de ahora, el Supremo seguirá con el proceso de ilegalización, pero sin las prisas impuestas por los inminentes comicios. Las mismas fuentes añadieron que la Sala del 61 hará hoy públicos sus argumentos.

Garzón, por su parte, en dos autos de más de 200 páginas cada uno, concluyó que tanto ANV como EHAK “se han convertido en un instrumento político en manos de Batasuna y en un medio económico para nutrir a sus dirigentes y cumplir con los fines de ETA”. Según el juez, el “objetivo último” era dotar a la banda de “una vía de legitimación y de un instrumento de desestabilización política e institucional”.

El juez acusa a los responsables de ANV y EHAK de colaborar pero no de pertenecer a ETA. En su opinión, pese a la “extrema gravedad” de sus actuaciones, no se ha podido acreditar que existan relaciones de subordinación y reparto de funciones propias de la organización terrorista. Aún así, advierte de que su instrumentalización por Batasuna “casi les hace poner el pie en el umbral de la integración” en la banda y avisa de que, si hasta ahora no lo habían hecho, ha sido por la presión judicial.

35 PRUEBAS.

Garzón resume en 35 pruebas los vínculos entre ANV y EHAK y Batasuna. Entre ellas, que tenían una caja única, que “la práctica totalidad” de la mesa nacional del partido ilegalizado percibía fondos de EHAK y que ANV no solo financió múltiples ruedas de prensa de Batasuna, sino que sus argumentos fueron “dictados” por dirigentes batasunas. Por último, el juez aseguró que no actúa por motivos electorales, sino para impedir que ambos partidos continúen delinquiendo.

El Gobierno puede respirar tranquilo, porque el PP ya no le podrá reprochar no haber hecho lo posible para impedir la presencia de ETA en los comicios. Fuentes del Gobierno se mostraron satisfechas con la decisión de Garzón y el Supremo.

ETA volvió a presionar ayer a los jueces con un atentado contra el juzgado de Vergara (Guipúzcoa), después de que el pasado diciembre colocara una bomba en el juzgado de paz de Sestao y el mes anterior otra en la sede judicial de Guecho. El atentado se atribuye al «comando Vizcaya», que se habría desplazado a Guipúzcoa una semana después de que la Ertzaintza localizara en Guecho, alertada por un ciudadano, un barril de cerveza que contenía 35 kilos de un explosivo que nunca antes había utilizado la banda terrorista, el amonitol, que es una mezcla de nitrato de amonio, polvo de aluminio y nitrometano.

Las Fuerzas de Seguridad consideran que uno de los componentes de ese explosivo, el nitrometano, proviene del robo perpetrado por ETA en Francia el pasado mes de octubre. Con el material sustraído, los terroristas podrían estar trabajando en una nueva fábrica de bombas, que habría sustituido o funcionado de forma simultánea a la desactivada el pasado mes de septiembre en la localidad francesa de Cahors.

El Departamento vasco de Interior no concretó ayer si ETA utilizó o no en Vergara ese nuevo explosivo. A la espera de determinarlo con exactitud, la Ertzaintza informó de que los terroristas habían utilizado quince kilos de explosivos. La bomba produjo importantes daños materiales. Testigos de la explosión relataron que las casas se movieron a varios metros de distancia de la sede del juzgado, en la calle de San Pedro, que quedó sembrada de cristales. La explosión destruyó varios coches aparcados en las inmediaciones del juzgado, desencajó decenas de ventanas de viviendas próximas y destruyó las lunas de los comercios.

No obstante, no hubo daños personales, ya que, doce minutos antes de las doce, una patrulla de la Ertzaintza detectó la presencia de las mochilas en el exterior del juzgado e inició el desalojo del edificio, en cuyo interior sólo se encontraban los vigilantes de seguridad. Dos minutos después de la medianoche, los bomberos de Oñate recibieron una llamada en nombre de ETA. Aunque se trataba de una voz grabada, que no se entendía bien, la persona que la escuchó creyó oír que la bomba estallaría a las doce y media, diez minutos después de cuando realmente lo hizo.

El sistema de videovigilancia de los juzgados grabó a un joven con la cara cubierta con una capucha que dejó, a las doce menos veinte, el explosivo repartido en dos mochilas. Las Fuerzas de Seguridad consideran que ese joven podría ser o Jurdan Martitegi o Arkaitz Goikoetxea, miembros del «comando Vizcaya».