Los partidos aliados en el Gobierno vasco (PNV, EA y EB) han decidido expresar su rechazo al Tribunal Supremo mediante una manifestación de protesta en la calle por la condena del expresidente del Parlamento, Juan María Atutxa, y a los miembros de la Mesa de la Cámara vasca Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. La marcha se celebrará el sábado en Bilbao y los convocantes empezaron a calentar motores ayer tratando de “partisanos” a algunos jueces.

Ese fue el término utilizado en la nota que firmaron los convocantes de la iniciativa. En el escrito, se apuntó también que “determinados magistrados” actúan como “ariete de choque contra la voluntad” de la ciudadanía.

PNV, EA y EB reivindicaron la acción política e institucional “sin cortapisas” y justificaron la inusual iniciativa adoptada por la “gravísima situación política” que ha generado la decisión del Supremo por no disolver al grupo de Batasuna.

Los aliados en el tripartito afirman que Atutxa, Knörr y Bilbao defendieron “la autonomía” del Parlamento vasco. Por eso, consideran “imprescindible” que “se alce” la voz de los vascos para denunciar decisiones que pueden conducir a “un deterioro democrático sin precedentes”.

Los tres presidentes de los partidos comparecerán juntos el viernes para animar a la participación en la marcha.

El cerco a ETA sigue estrechándose. La policía francesa detuvo ayer cerca de Bayona a Eneko Galarraga Godoy, que figura entre la veintena de etarras más buscados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, en virtud de una euroorden de detención dictada el año pasado por la Audiencia Nacional. Al cierre de esta edición el Ministerio del Interior todavía no había ofrecido información sobre sobre su papel concreto dentro en la banda. Fuentes de la lucha antiterrorista rebajaban su importancia y aseguraban que no ocupa un rol relevante en la cúpula militar actual dirigida por Txeroki.

Galarraga, natural de Villabona (Guipúzcoa) y de 28 años, fue detenido al mediodía en la localidad vasco-francesa de Urrenge, próxima a Bayona, por agentes de la policía francesa. Según fuentes de la investigación, no opuso resistencia ni llevaba armas o documentación falsa. Gara informó de que fue arrestado en su propio domicilio, dando a entender que la policía le tenía fichado desde hace tiempo y por tanto no es tan peligroso como a priori puede indicar que figure entre los terroristas más buscados. Además, el colectivo de apoyo a los presos etarras Askatasuna destacó que Galarraga pudo llamar desde la comisaría a su familia, concretamente a su madre.

ORDEN DE ARRESTO El Ministerio del Interior informó de que el arresto se produjo en virtud de una euroorden de detención dictada el año pasado por la Audiencia Nacional. Fuentes del ministerio subrayaban que, pese a que todavía se está analizando su cometido actual dentro de la estructura de la banda, lo que es indiscutible es que Galarraga lleva huido seis años de la justicia, trabajando como liberado (a sueldo) de la banda en Francia. La policía tiene constancia de que cruzó la frontera en 2002 tras la desarticulación del comando Zelatun, grupo integrado en el complejo Donosti, donde hacía labores de captación.

De hecho, entre los etarras captados por Galarraga, según fuentes policiales, estaría una de las detenidas en aquella desarticulación, Oihane Bakedano, quien recabó información sobre posibles objetivos. Fuentes de la lucha antiterrorista creen que Galarraga seguía llevando a cabo labores de captación y trabajos menores de logística al otro lado de la frontera.

EL LISTADO.

Las mismas fuentes apuntan que su inclusión en la lista de los miembros de ETA más buscados, que fue renovada en marzo pasado por la policía, obedece a que las fuerzas de seguridad incluyen a terroristas en busca y captura que se estima que podrían volver a España para formar parte de comandos activos, con el fin de que la ciudadanía los reconozca. En la lista aparecen también otros terroristas sin apenas antecedentes.

Galarraga se curtió como otros miembros de ETA en la kale borroka, en su localidad natal, Villabona. Aunque los integrantes de su grupo reconocieron los sabotajes, finalmente fueron liberados.

La suspensión de actividades del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) que puede dictar el juez Baltasar Garzón tras la vista que ha fijado para el próximo 4 de febrero y su eventual ilegalización posterior por el Tribunal Supremo colocarán previsiblemente al Parlamento de Vitoria ante una nueva orden de disolución de un grupo parlamentario.

Todo indica que el PNV no va a querer esta vez entrar en la dinámica de enfrentamiento con la justicia en que le sumió el proceso de ilegalización de 2002 y 2003 contra Batasuna. El enfrentamiento ha terminado con el fallo condenatorio del propio Supremo, conocido el pasado lunes, contra el anterior presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, y otros dos miembros de la Mesa. Los tres desobedecieron la orden del Tribunal Supremo de disolver Sozialista Abertzaleak, el grupo parlamentario que acogió a los diputados de Batasuna una vez ilegalizada.

La decisión para los grupos que apoyan al Gobierno de Juan José Ibarretxe (PNV, EA y EB) resulta molesta: mantener la doctrina Atutxa, y arriesgarse a una nueva condena por desobediencia o acatar la orden de disolución, con lo que ello tiene de desautorización a sus predecesores ahora condenados. Los parlamentarios de PCTV se adelantaron ayer a emplazar a la presidenta de la Cámara autonómica, la peneuvista Izaskun Bilbao, a “actuar en coherencia” con la decisión anterior y mantener su grupo.

Al Grupo Mixto.

Bilbao, quien acompañó el pasado lunes a Atutxa en la vista en el Tribunal Supremo y ayer pasó toda la tarde reunida con los letrados de la Cámara, se ha pronunciado con suma cautela: “Habrá que ver si los pasos que se dan son los mismos o no. Las situaciones no se repiten nunca de manera mimética”.

Lo más esperable es que, en esta ocasión, se opte por el envío de los parlamentarios de PCTV al Grupo Mixto, como ya aconsejaron en su día los propios servicios jurídicos de la Cámara vasca. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, hizo ayer una sugerencia en esa dirección. La responsabilidad, señaló, “es de la izquierda abertzale”. Los grupos del tripartito (PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua) convocaron ayer una manifestación de protesta para el próximo sábado en Bilbao, a la que acudirá el Ejecutivo autonómico.

La diputada en el Congreso de los Diputados de Nafarroa Bai (Na-Bai), Uxue Barcos, considera que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debió reconocer los contactos con ETA tras el atentado de la T-4 “previamente” y “en sede parlamentaria”, sobre todo, según afirmó, por “respeto” hacia los grupos parlamentarios que apoyaron la propuesta de negociación con la banda terrorista presentada por el PSOE.

No obstante, la parlamentaria puntualizó en declaraciones a TVE , que “instancias internacionales y contactos no quiere decir negociación del Gobierno español”. “Me hubiera parecido más lógico y razonable, habida cuenta de que fuimos la mayor parte de los grupos en el Congreso, a excepción del PP, los que avalamos en el 2005 una resolución por la que afirmábamos, y hemos continuado afirmando, que dándose las condiciones por descontado, era absolutamente deseable iniciar un proceso de diálogo, siempre como herramienta complementaria, en un intento de terminar con este drama”.

Ley de partidos, “no efectiva”.

Asimismo, Uxue Barcos reiteró hoy su rechazo a la Ley de Partidos al considerar que una normativa que tiene por objeto “echar para atrás una sigla” no es propia de “democracias sólidas”. Según Barcos, la Ley tampoco es “efectiva”, tal y como, dijo, ha quedado patente en sus seis años de vigencia.

Asimismo, defendió que el Código Penal es “capaz” y ataca “perfectamente” a las personas que cometen delitos de terrorismo. Dicho esto, insistió en que la Ley de Partidos se creó “expresamente en contra de una formación muy determinada”. “Entendemos que la vía contra el terrorismo es la de: más democracia, vía judicial y también, en el caso de que sea posible, el diálogo a la hora de poder resolver de manera definitiva este problema”, subrayó.

Preguntada sobre las supuestas torturas denunciadas por el presunto miembro de ETA, Igor Portu, la dirigente de Na-Bai remarcó que es “absolutamente” fundamental “despejar cualquier tipo de dudas”, al tiempo que destacó la necesidad de “una investigación interna, además de la investigación judicial”.

A pesar de que el próximo jueves finaliza la suspensión de actividades de Batasuna que el juez de la Audiencia Nacional dictó en 2002, al cumplirse el plazo de cinco años máximo previsto por la ley, el magistrado advirtió en un auto publicado hoy a los dirigentes de la formación abertzale que Batasuna sigue siendo ilegal en virtud de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en marzo de 2003. Es decir, que aunque haya vencido a suspensión judicial, Arnaldo Otegi y el resto de dirigentes de Batasuna no pueden realizar ningún tipo de actividad en nombre de esta formación.

La Fiscalía tiene base suficiente para pedir la ilegalización del PCTV y ANV

En su auto, Garzón da por finalizado el plazo legal de suspensión de actividades de Batasuna pero recuerda a los 40 procesados en el sumario 35/02, en el que el magistrado investiga la presunta relación de esta formación con ETA y que tiene previsto cerrar en febrero, que no pueden realizar ningún tipo de actuación ya que la sentencia de la Sala del 61 del Supremo dictada en marzo de 2003 declara la ilegalidad de Batasuna, Euskal Herritarok y Herri Batasuna.

Una sentencia que constituye, según el magistrado un “dato esencial” y que es “de aplicación general” y “vincula a todas las instituciones y, particularmente, a la autoridad judicial”. Además, Garzón recuerda que en la actualidad se están investigando las conductas de los dirigentes de Batasuna como “parte de conglomerado o complejo terrorista liderado por ETA”, aspecto que también abordaba la sentencia dictada el pasado mes de diciembre por la Audiencia Nacional contra entramado de las organizaciones EKIN, KAS y XAKI.

La sentencia de ilegalización supone para Batasuna y sus dirigentes, recuerda Garzón, la imposibilidad de realizar cualquier actividad “de índole orgánica, institucional, política, social, mediática” además cualquier otra que directa o indirectamente como organización o a través de sus responsables, procesados o no, tenga como objetivo “realizar iniciativas que no pierden el carácter de ilicitud”.

Mantiene las medidas cautelares.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 señala en su auto que incumplimiento de esta disposición “podría dar lugar a responsabilidad penal” y mantiene las medidas cautelares adoptadas en la causa en lo relativo a “personas, bienes y entidades”, entre las que cita las de “índole económico-financiero y bancario, los embargos, la administración judicial y la prohibición de disponer”.

De la misma manera, acuerda alzar parcialmente el secreto parcial de la presente causa y remite testimonio de esta actuación a la Sala Especial de artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) del Tribunal Supremo, que dictó la sentencia de ilegalización.