Acción Nacionalista Vasca (ANV) asumió ayer públicamente, por primera vez, que va a ser ilegalizada en breve. Sus portavoces comparecieron en rueda de prensa para reconocerlo: “Nos ha llegado la hora”. La razón que les llevan a esperar esta decisión judicial es la sucesión de golpes contra la izquierda aberzale en los últimos tiempos, desde el encarcelamiento de la cúpula de Batasuna hasta las últimas sentencias de la Audiencia Nacional.

Los miembros de ANV Arantza Urkaregi y Galder Olibares afirmaron que el PSOE ha puesto en marcha “toda su maquinaria judicial, mediática y policial” para ilegalizar el partido en breve y “sea como sea”, pero advirtieron de que no van a impedir su “trabajo político”. En concreto, Urkaregi y Olibares acusaron al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba.

El PSOE es, para el partido aberzale, el único responsable de su próxima ilegalización. “Estamos en la diana”, aseguraron los portavoces de ANV, para lamentar a continuación que se esté aplicando una estrategia “de acoso y represión” desde el Gobierno central. De hecho, Urkaregi aseguró que si son proscritos, será por una decisión “absolutamente política”. Pese a temer que quedarán fuera de la ley antes de las legislativas de marzo, ANV intentó lanzar un mensaje de confianza a sus propios simpatizantes: seguirán en las instituciones para favorecer “un marco democrático en el que todas las opciones, incluida la independencia, se puedan defender”.

CONDENAS.

Urkaregi acusó de “hipocresía” a la clase política vasca y española por pedirles que condenen las últimas acciones terroristas, como el atentado contra la Casa del Pueblo de Balmaseda (Vizcaya), “el mismo día” en que murió una familiar de un preso de ETA en un accidente de tráfico cuando iba a visitarlo a la cárcel de Teruel. Este suceso fue valorado por ANV como una muerte causada por la política “criminal” del PSOE y el PP. También aludió a las “torturas” que afirmó haber sufrido recientemente un presunto miembro de ETA en los calabozos de la Audiencia Nacional.

Sin apartarse una coma de su discurso oficial, ANV siguió sin condenar la violencia etarra y se limitó a reiterar que prueba la necesidad de una solución política al conflicto vasco. A quienes reclaman su inmediata ilegalización, Urkaregi les replicó que ANV está legitimada por los votos de sus simpatizantes: “Podrán anular candidaturas, pero no se puede ilegalizar el deseo de independencia de este pueblo”.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó la prohibición de las marchas previstas para ayer por la tarde en todos los municipios vascos contra la política penitenciaria del Gobierno. El magistrado aclara en su auto, hecho público ayer, que la «perentoriedad de la situación», provocada por el escaso margen de tiempo disponible hasta el inicio de las marchas, convocadas para las ocho de la tarde, obligaba a «poner en conocimiento de la Consejería de Interior y de la Ertzaintza» que las manifestaciones auspiciadas «directa o indirectamente» por una organización terrorista «son ilícitas».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer por la mañana informes «urgentísimos» a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que le informaran sobre la convocatoria de estas concentraciones con objeto de comprobar si su desarrollo podría incurrir en actos delictivos. Las manifestaciones, convocadas por representantes de Etxerat, se organizaron en protesta por el fallecimiento, el pasado sábado, de la suegra de un preso de ETA en accidente de tráfico cuando se dirigía a visitar al encarcelado que se encuentra en una prisión de Teruel.

Además de los actos previstos para la tarde de ayer, el movimiento pro-amnistía ha llamado a celebrar el próximo día 31 a las doce de la mañana nuevas manifestaciones en todas las localidades del País Vasco.

«Medidas oportunas»

El juez enumera en su auto a las organizaciones Segi, Ekin, Gestoras Pro-Amnistía, Askatasuna y Batasuna y ordena que se tomen «las medidas oportunas» en el caso de que las concentraciones «estén auspiciadas, instrumentalizadas, apoyadas o dirigidas por alguna de estas organizaciones o personas vinculadas con las mismas».

Menciona en concreto una de las marchas de las que tiene conocimiento, la organizada en la localidad de Algorta, Getxo (Vizcaya) y extiende la prohibición a cualquier otro municipio «del que se tenga constancia».

Garzón ordena, además, a la Ertzaintza que proceda a adoptar las medidas necesarias para prevenir incidentes y que persiga a aquellos que quebranten esta orden. Indica a la policía autonómica que requiera a los convocantes para que se abstengan de instar dichas movilizaciones.

La asociación Dignidad y Justicia pidió ya el jueves por la tarde al magistrado que solicitara informes a Policía y Guardia Civil sobre estos hechos al considerar que las concentraciones están avaladas por Segi, ilegalizada por sentencia del 19 de enero del 2007 del Tribunal Supremo, y que por ello su celebración constituiría una actuación ilícita y vulneraría la suspensión de actividades impuesta. Según el escrito de Dignidad y Justicia estas convocatorias han recibido el apoyo de los sindicatos Lab, Ehne, Stee-Eilas y Ela, además de la citada organización.

Sagarzazu libertad.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado la puesta en libertad del etarra Ramón Sagarzazu, de 71 años, detenido ayer en Irún, ante la posibilidad de que el delito que se le imputaba por el cobro del impuesto revolucionario en 1993 haya prescrito, según informaron fuentes jurídicas.

Pedraz adoptó esta decisión a instancias del fiscal y se lo comunicó a Sagarzazu a través de un exhorto remitido al juez de Irún, localidad donde fue detenido ayer.

Los delitos de los que se le acusaba eran pertenencia a ETA y amenazas en relación con el cobro del llamado “impuesto revolucionario”, por lo que la condena que se le podría imponer por estos hechos podría ser de 10 años de cárcel.

Según las mismas fuentes, estos delitos podrían haber prescrito conforme a la legislación vigente en 1993, año en el que se cometieron los hechos.

Ramón Sagarzazu, considerado un histórico de la organización terrorista ETA, fue detenido ayer por agentes de la Policía en la localidad guipuzcoana de Irún cuando acudía a renovar su Documento Nacional de Identidad.

El etarra había quedado en libertad bajo fianza el pasado mes de octubre, después de que fuera detenido en junio de 2006 y se le relaciona también con el hallazgo de los “papeles de Sokoa” sobre financiación de la banda terrorista en los años 80.

Quizá influidos por la unidad que PP y PSOE hicieron visible brevemente en la protesta de repulsa a ETA en Madrid, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, protagonizaron ayer sendas ruedas de prensa, tras el acto de conmemoración de la Constitución, en las que el tono moderado fue dominante. Zapatero se comprometió a trabajar por “el entendimiento sincero” con el PP, especialmente en materia antiterrorista, aunque advirtió que “llevará su tiempo”, porque “las distancias han sido muy fuertes”. Por su parte, Rajoy garantizó que apoyará “incondicionalmente” al Gobierno siempre que sea para “la derrota” de ETA a pesar de que no le oiga decir que no volverá a negociar con la banda, y a este respecto destacó: “Me gustaría escucharlo, pero no lo voy a exigir”.

En su discurso, Zapatero comprometió toda “su voluntad” y “capacidad de diálogo” para lograr el consenso y la “unidad” con el PP frente a ETA si bien admitió que el apoyo no puede conseguirse “de la noche a la mañana”. Por ello, aseguró que la vuelta a la unidad “llevará su tiempo”.

El jefe del Ejecutivo, que no adelantó si habrá un próximo encuentro con el líder del PP, explicó que desde que se produjeron los atentados han hablado en tres ocasiones, siendo la última el pasado miércoles, cuando le comunicó las últimas detenciones. “Tengo la voluntad de que no nos marquemos citas”, dijo en referencia a una futura reunión.

El otro asunto que dominó la comparecencia de Zapatero fue la lucha policial contra ETA. “El Gobierno va a luchar contra ETA”, remarcó Zapatero ante la pregunta de que si una futura negociación con la banda estaba totalmente descartada. Zapatero señaló que los “hechos” contra la banda son “indiscutibles e inequívocos” y que se “imponen” a las impresiones que puedan tener desde el partido de la oposición.

Con respecto a la ilegalización de ANV, otro de los requisitos que exige el PP para apoyar al Gobierno contra ETA, Zapatero tampoco precisó si será ilegalizada pronto aunque reiteró que la situación del partido, que no ha condenado el asesinato del pasado sábado de dos guardia civiles en Francia es “más frágil hoy que ayer”.

Para la ilegalización de ANV “falta lo que dé de sí” la tarea policial que sigue investigando nexos entre la formación vasca y Batasuna, según reveló el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. “Dejemos que los trámites sean respetados y en función de eso veremos”, manifestó Zapatero.

El presidente fue recibido en los aledaños del Congreso en medio de abucheos y silbidos de los ciudadanos, que también se reprodujeron a la llegada de otros miembros del Gobierno. “Yo respeto todas las opiniones, incluso las más duras”, añadió al respecto. En cuanto a la concentración del pasado martes en repulsa a ETA a la que no acudió, Zapatero aclaró que es “presidente del Gobierno y no he acudido a ninguna manifestación”.

Mientras, el líder del PP insitió en que la unidad pasa por la ilegalización de ANV y el PCTV. “Yo estoy donde siempre he estado, no me he movido y he dicho siempre lo mismo”, respondió cuando fue preguntado por su disposición a entrevistarse con Zapatero, al tiempo que recordó que “he ofrecido hasta la saciedad consenso”. “Si a lo que se me llama es a ir contra la nación o a negociar, mi obligación es defender las posiciones de los españoles”, dijo Rajoy.