Gabriel Ginés, de 36 años, natural de Zaragoza y afiliado al PP, se recupera en el hospital de las heridas provocadas por el fuego desatado por la explosión de una bomba-lapa colocada bajo su coche. La deflagración ha sido atribuida a ETA y podría suponer en consecuencia el primer atentado directo contra un escolta, aunque otros cinco habían sido heridos en los últimos años en acciones contra las personas a las que custodiaban.

En un primer momento se interpretó que la acción tenía como objetivo al concejal del PSE en Galdakao Juan Carlos Domingo, del que Ginés es guardaespaldas, aunque pasadas las horas casi todos los portavoces políticos afirmaban que el destinatario sería el escolta. La tesis se fundamenta en datos como que la explosión se produjo en el vehículo del guardaespaldas y no en el del concejal, que además se encontraba de vacaciones, al parecer en Valencia. El propio Domingo explicó ayer tarde que si bien él ha utilizado a veces ese coche, considera que la explosión iba dirigida contra el guardaespaldas.

Por contra, el secretario general del PSE, Patxi López, indicó que es pronto para confirmar si el objetivo era el escolta o el concejal. Y al igual que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, indicó que la localización del artefacto coincide con el lugar -la parte trasera derecha- en que se suele sentar el edil protegido.

Tras no pocas contradicciones en los datos iniciales, a media tarde fuentes del Departamento de Interior de Lakua manifestaron que Ginés viajaba en un Renault Megane gris perteneciente a Seguriber, la empresa de seguridad privada a la que presta sus servicios. La bomba-lapa estaba colocada en el exterior, junto al depósito de gasolina; aparentemente, esto fue lo que hizo que al estallar se desatara el incendio que calcinó el coche.

Los primeros datos de la investigación hablan de un artefacto «de escasa potencia». Se sospecha que podía ser amosal en una cantidad de entre medio kilo y un kilo, según avances de fuentes policiales.

El escolta pudo abandonar el vehículo antes del incendio, por su propio pie según confirmaron testigos, y al parecer fue él mismo quien avisó de lo sucedido. Las imágenes de televisión mostraban que, tras ser evacuado inicialmente a un bar, el escolta entraba a la ambulancia andando y aparentemente tranquilo. Pese a todo ello, apenas media hora después, en el caos inicial, fueron muchos los medios madrileños que difundieron que había muerto. La información fue corregida minutos después, sin aportar explicaciones sobre el origen del error.

Gabriel Ginés sufre quemaduras en el 4% de su cuerpo. La lesión más grave está en una de sus manos. El parte médico emitido en torno a las 16.00 desde la Unidad de Quemados del Hospital de Gurutzeta dejó claro que no sólo no existe riesgo para su vida, sino que el nivel de consciencia resulta «absolutamente normal».

La deflagración se produjo en torno a las 13.25, cuando la víctima del atentado llevaba unos 400 metros recorridos en su vehículo y circulaba por la calle Zamakola del barrio bilbaíno de Abusu. Se dirigía a su domicilio y, según se afirmó, no iba armado ya que ayer tenía día libre.

Alarma entre los escoltas.

La acción no sólo provocó una catarata de reacciones entre los partidos (con condenas generalizadas junto a algunas apelaciones a retomar un proceso de negociación), sino también alarma entre las asociaciones de guardaespaldas. La Asociación Unificada de Escoltas emplazó a todos ellos a «extremar las pre- cauciones» y añadió en una nota que «parece ser, y todo apunta a ello, que el acto criminal iba dirigido al colectivo profesional de los escoltas».

La mayoritaria Asociación Española de Escoltas (ASES), a través de su presidente, Vicente de la Cruz, añadió que los guardaespaldas ya se sentían directamente amenazadas por ETA debido a que «ocurren cosas que antes no ocurrían, como pintadas dirigidas a los escoltas, mensajes directos desde el mundo de Batasuna o dianas en los buzones».

Reveló que hace ya «algunos meses» la ASES recomendó a sus afiliados que incrementaran las medidas de autoprotección y comprobaran la existencia de artefactos explosivos antes de montar en sus vehículos. De la Cruz se mostró convencido también de que el objetivo del atentado de ayer era Gabriel Ginés.

En este contexto, desde estas asociaciones se dio a conocer que ya en julio los escoltas que operan en Euskal Herria (su número puede estar en torno a los 3.000) solicitaron la licencia de tipo B, que les permite llevar su arma durante las 24 horas, aunque según la ASES aún no han obtenido respuesta afirmativa.

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de LSB-USO también criticó en una nota al Ministerio de Interior español y al Gobierno de Lakua por denegar «medidas de autoprotección que venimos solicitando hace mucho tiempo».

Militante del PP.

Mariano Rajoy, presidente del PP, no sólo confirmó la pertenencia de Ginés a su partido, sino que añadió algún otro dato: se estaba preparando para regresar a Zaragoza, su ciudad natal. Rajoy señaló que, de hecho, la madre del escolta se encontraba en Bilbo para ayudarle con la mudanza.

El herido fue visitado a lo largo de la tarde por personalidades políticas como el consejero de Interior de Lakua, Javier Balza, que estaba de viaje hacia París para participar en una cumbre policial y decidió darse la vuelta. Algunos de los que pasaron por el Hospital de Gurutzeta dieron a los medios datos sobre el estado del escolta. El alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, del PSE, apuntó por ejemplo que lo halló «cabreado, como estamos todos los demócratas».

En caso de confirmarse la autoría de ETA, el de ayer sería el segundo atentado que provoca heridos de los producidos después de la finalización del alto el fuego. La explosión de una furgoneta-bomba producida el 25 de agosto contra un cuartel de la Guardia Civil en Durango también dejó heridos leves a algunos agentes. ETA ha atentado también desde entonces en Castellón, en una carretera de La Rioja, en Zarautz -contra una comisaría de la Ertzaintza- y en Belagoa -al paso del Tour-.

El juez Baltasar Garzón ordenó ayer el ingreso en prisión de 17 de los 23 miembros de la mesa nacional de Batasuna, detenidos el jueves en Segura (Guipúzcoa) por integración en ETA o por reiteración delictiva. Además, impuso una fianza para otros cuatro detenidos, uno de ellos, Javier Urrutia, por estar enfermo, y comparecencia quincenal para otros dos. El magistrado justifica esta decisión para no conceder a la organización ilegal “una patente de corso” que le haga pensar que puede seguir alineada con la estrategia violenta de ETA.

El magistrado, en una resolución de 80 folios, revela que desde septiembre del 2006 investiga a la mesa nacional de Batasuna porque ETA “actúa con vocación fagocitadora y depredadora de todo el espectro conocido como izquierda aberzale”. Por ello, intenta aprovechar “el espacio político” y absorber al movimiento para anular “cualquier opción de discrepancia o independencia”.

SOBRE ANV.

Garzón atribuye esa “tendencia expansiva” a Batasuna a la que acusa de “colonizar” a otras fuerzas políticas, como EHAK o ANV. Por ello, advierte a esos partidos de que actuará contra ellos cuando “tenga suficientes indicios”, aunque puntualiza que no lo hará “antes”.

Asimismo, afirma que los dirigentes de Batasuna son expertos en rebelarse contra las resoluciones judiciales. Por ello, han optado por “desafiar” las órdenes que les impiden, desde el 2002, reunirse al haber sido suspendidas sus actividades antes de que el Tribunal Supremo, en el 2003, ilegalizara a la organización por ser un instrumento de ETA.

LA JUSTIFICACIÓN.

Garzón dedica una parte de su resolución a explicar a todos aquellos que han criticado su medida que ha actuado con proporcionalidad y que ha evitado ser arbitrario. “El juez instructor debe actuar, y así lo ha hecho, en el momento en el que ha dispuesto de los indicios suficientes en los que apoyar su decisión”, afirma. Y añade: “Ese momento es ahora, y no, desde luego, cualquier otro precedente en el que podían primar cuestiones de oportunidad”.

El magistrado agrega que se ha visto obligado a tomar una medida tan grave para actuar “ante la flagrancia delictiva” de los arrestados por su “voluntad rebelde” a cumplir los mandatos judiciales. También sostiene que mientras duró la tregua de ETA, desde marzo del 2006 hasta junio del 2007, permitió las reuniones de Batasuna porque “equivocada o interesadamente” buscaban el fin de la violencia. Esa actividad política, sostiene el magistrado, “no puede considerarse como un hecho delictivo”.

Sin embargo, ETA cambió el escenario el pasado 5 de junio cuando anunció que volvía a su actividad terrorista. Desde ese momento, a los dirigentes de Batasuna no se les “ha atisbado la mínima intención de separarse de esa línea”, afirma el juez. Por ello, asegura que sus reuniones han pasado a ser “delictivas”, ya que en ellas “planifican su actuación de acuerdo a la estrategia de ETA”.

El magistrado insiste en esa tesis, ya que considera que los dirigentes de la organización ilegal “tienen la opción de desvincularse de ETA”. Sin embargo, no lo hacen porque prefieren “apoyar los fines” de la banda. Por ese motivo, Batasuna “ha interiorizado” y transmite a su base social que “no hay condiciones para la negociación política”. Y prepara a sus bases para una “fase de enfrentamiento”, según uno de los documentos incautados a una de las detenidas, Maite Fernández de Labastida.

Esa estrategia, según el juez, demuestra que la organización ilegal, “de cara al exterior” mantiene “una cierta apariencia de autonomía funcional” al hacer creer a la sociedad que existe la posibilidad de que retorne “un periodo de distensión”. Por ello, el juez afirma que no puede permanecer impasible y que debe “neutralizar” esa actividad que está dirigida a “coadyuvar” a ETA.

El magistrado detalla, en su resolución, las renovaciones de la mesa nacional del Batasuna desde octubre del 2005. También revela que las reuniones mantenidas por los dirigentes de la organización se han llevado a cabo con “un plus de seguridad” para evitar que fueran detectadas por la policía, ya que no se anunciaban públicamente y se organizaban por teléfono o por correo electrónico.

El juez también revela algunos de los documentos intervenidos a los detenidos. En el domicilio de Ana Lizarralde, coordinadora de Vizcaya, se ha localizado una carta dirigida a ETA. En esa misiva, la detenida confiesa que ha mantenido una reunión con la organización terrorista y que le han planteado una propuesta que no puede aceptar por tener otros compromisos.

Las declaraciones de los 23 detenidos duraron tres horas. Fuentes conocedoras de las comparecencias han revelado que el coordinador nacional de Batasuna, Joseba Permach, estaba completamente “derrumbado y hundido”. Sin embargo, Rufino Etxebarría, encargado de relaciones exteriores, se mantuvo firme. Los otros arrestados expresaron preocupación o mostraron indiferencia. Solo tres de ellos dieron explicaciones al juez. Egoitz Apaolaza negó ser miembro de ANV.

Apenas doce horas después del descabezamiento de la mesa nacional de Batasuna en la redada de la localidad guipuzcoana de Segura, dos miembros de Sinn Fein - la europarlamentaria Barbre De Brun y Pat Rice- acudieron a la cárcel de Martutene para visitar a Arnaldo Otegi, quien desde junio cumple una condena de quince meses por su participación en un homenaje al etarra Argala. La delegación irlandesa, fruto de las gestiones de la izquierda abertzale para recabar apoyos internacionales a su ex portavoz, estuvo acompañada por Pernando Barrena, Jone Goirizelaia, Rafa Díez Usabiaga (LAB) y un centenar de simpatizantes.

Barbre De Brun mostró su «preocupación» por los arrestos ocurridos en la noche anterior de «prominentes» dirigentes de la coalición ilegalizada y consideró que, «en lugar de mejorar, van a empeorar» la búsqueda de «una solución». «En el momento en que se está realizando un esfuerzo mayor para encontrar una solución, es importante que no se haga nada» que obstaculice el desarrollo «de todo el proceso democrático», puntualizó.

La europarlamentaria de Sinn Fein confió en que se logre «la solución que deseamos todos, un proceso de paz para el pueblo vasco y para el pueblo español». Aseguró que «inevitablemente se tiene que volver a un proceso de negociación», y creyó «importantísimo que se llegue a esa situación cuanto más temprano mejor».

Los parlamentarios EHAK abandonan el primer monográfico que el Parlamento Vasco dedica a las víctimas del terrorismo en protesta por las detenciones practicadas la noche pasada por orden del juez Baltasar Garzón. EFE/David Aguilar/La mayoría de los grupos del Parlamento Vasco lograron hoy un amplio acuerdo para realizar un pronunciamiento en favor de las víctimas del terrorismo, a las que pidieron “pública y solemnemente perdón por el olvido”.

El Parlamento de Vitoria celebró hoy el primer pleno monográfico de su historia sobre víctimas del terrorismo, un pleno del que se ausentaron los parlamentarios del PCTV-EHAK, en protesta por el arresto de los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna .

Tras el debate de la mañana, los grupos presentaron varias propuestas de resolución y lograron un amplio acuerdo sobre la mayoría de ellas. En cambio, discreparon en una en la que encargan al Gobierno vasco un informe sobre las víctimas del GAL, encargado con la abstención del PP y el voto en contra del PSE.

Calendario de medidas.

En lo que estuvieron de acuerdo, con el apoyo del tripartito, el PSE-EE y el PP, es en elaborar un calendario para la ejecución de las medidas de apoyo a las víctimas que aún están pendientes -por ejemplo, la celebración del pleno de hoy se acordó hace cuatro años-, para que estén operativas antes de mayo de 2008 y con el objetivo de celebrar el segundo pleno monográfico a finales de ese mes.

El Parlamento Vasco también manifestó su “solidaridad, afecto, respeto y máxima consideración” con las víctimas del terrorismo, y solicitó “pública y solemnemente perdón por el olvido y desamparo que han sentido y sufrido durante demasiados años”.

La Cámara condenó a ETA, exigió su disolución y le recordó que “nunca conseguirá ninguno de sus objetivos políticos a través de la fuerza”, y pidió a todas las administraciones públicas a que “sigan trabajando con la máxima firmeza democrática para acabar con el terrorismo y consolidar la paz y la libertad”.

El Legislativo autonómico también se comprometió a mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo en el seno de la sociedad vasca “a través de la educación, la difusión de documentos, organización de exposiciones y otro tipo de actuaciones similares”.

Limpiar pintadas ofensivas.

Como ya hizo años atrás, el Parlamento volvió a apelar a los ayuntamientos a que hagan desaparecer de las calles de pueblos y ciudades los carteles, pintadas o pancartas que “ofendan y humillen la memoria de las víctimas del terrorismo”.

La Cámara también aprobó, gracias al apoyo del tripartito y Aralar y la abstención del PP -el PSE-EE votó en contra- una resolución en la que se pide al Gobierno Vasco que elabore un informe “exhaustivo y riguroso sobre la realidad de las víctimas del terrorismo practicado por los grupos incontrolados, de extrema derecha y el GAL”.

En la misma resolución aprobada se pide otro informe sobre “la realidad de otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política, con atención especial a la identificación de las víctimas y estudio de las medidas necesarias que den respuesta a su reconocimiento moral y reparación”.

El primero de los informes, el que hace referencia, entre otros, a los GAL, deberá ser presentado en el Parlamento antes del 31 de marzo del próximo año.

En otras propuestas, como la del PP en la que se pedía que se eliminen de los presupuestos de la Comunidad autónoma la partida para sufragar las visitas de sus familiares a presos de ETA, se produjo un empate, ya que la apoyaron los socialistas, pero votaron en contra el resto, por lo que deberá votarse en un próximo pleno.

Ocurrió lo mismo con una propuesta del PSE-EE en la que se proponía un respaldo a la Ertzaintza y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la colaboración internacional y a la Justicia por su trabajo en contra del terrorismo.

Protesta por las detenciones.

Poco después de iniciarse la sesión, a las 9.30 de la mañana, los parlamentarios del EHAK decidieron abandonar la Cámara en protesta por las detenciones practicadas la pasada noche por orden del juez Baltasar Garzón. La portavoz Itziar Bazterrika ha argumentado que ha habido “personas que han sido detenidas y han perdido sus derechos por defender sus proyectos políticos”.

Cuando Bazterrica ha tomado la palabra, Cristina Cuesta, portavoz de Covite, y Mari Mar Blanco, entre otras víctimas como la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, y Roberto Manrique, de la asociación catalana, han decidido abandonar momentáneamente el palco de invitados, donde seguían el desarrollo del pleno junto al delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, el defensor vasco (Ararteko), Iñigo Lamarca.

El juez Baltasar Garzón, una vez más, protagonizó ayer una actuación político judicial contra la izquierda abertzale, al ordenar la detención de 22 militantes independentistas, al parecer, muchos de ellos miembros de la Mesa Nacional de Batasuna.

La operación se desarrolló en Olaberria, junto a la N-I detuvieron al menos a Joseba Permach y Juan Joxe Petrikorena, y en Segura, localidad que desde varias horas antes estuvo repleta de efectivos policiales, según confirmaron varios vecinos. Además, la Policía española tomó las entradas y salidas del municipio durante horas, impidiendo la entrada al mismo a periodistas que habían acudido, e incluso a vecinos que regresaban a sus domicilios. Según transcurría la noche se produjo un goteo de información sobre los nombres de las personas que podían haber sido detenidas en este pueblo; entre ellas, mahaikides como Rufi Etxeberria y Juan Kruz Aldasoro. Además, agentes policiales iniciaron el registro de los domicilios de los arrestados en sus respectivas localidades.

Por su parte, la abogada Jone Goirizelaia informó que desde la Audiencia Nacional no le confirmaron la operación, aunque sí pudo saber que Garzón se hallaba en su despacho a altas horas de la noche.

Al poco de conocerse el alcance de la operación policial, agencias y medios españoles comenzaron a lanzar las habituales especulaciones y análisis policiales sobre el carácter de la misma, aunque lo cierto es que las personas arrestadas realizan una actividad pública y de sobra conocida en este país.

De hecho, si se confirma la identidad de los detenidos, al menos algunos de ellos han comparecido públicamente casi a diario y, el mismo lunes, una representación de la izquierda abertzale mantuvo un encuentro con expertos internacionales a fin de buscar nuevos caminos para una solución del conflicto. Estos mediadores, entre los que se hallan Roelf Meyer y Brian Currin saben ahora cuál es la posición del Estado español. Asimismo, la operación se produjo la víspera de que una delegación de Sinn Féin visite en Martutene a Arnaldo Otegi.

Anunciado en la prensa.

La actuación contra la dirección de la izquierda abertzale venía anunciandose en la prensa desde hace varias semanas, con un punto en común sea cual sea el periódico elegido para la filtración: en todas ellas queda claro que la iniciativa es del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los anuncios comenzaron el pasado 9 de setiembre el diario “El País”, a través de su periodista más cercano a la Moncloa, señalara que «El Gobierno está respondiendo al reto etarra de modo `implacable’, en expresión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esa decisión se tarduce en que no sólo va a atacar al aparato militar de ETA, sino también a la cúpula política, que participó en el proceso de diálogo, y a sus organizacinoes afines, aseguran fuente gubernamentales».

El pasado domingo, el periódico “Público”, anunciaba que «los jueces aceleran la renovación de Batasuna». Según se señalaba líneas más adelante, «la estrategia diseñada por el núcleo duro del Gobierno para abordar la lucha contra ETA hasta las elecciones tiene tres patas: la eficacia policial, la política penitenciaria y la actuación judicial. El Ejecutivo quiere de esa forma llegar hasta las urnas con una imagen de firmeza que aleje la posibilidad de que el PP pueda utilizar el terrorismo como argumento electoral eficaz». La conclusión era que «el Gobierno da por hecho que antes de las elecciones podría estar en prisión gran parte de la actual dirección de la ilegalizada Batasuna y, en general, de la izquierda abertzale».

Y el miércoles, “El Mundo”, al dar cuenta de la detención de Joseba Alvarez, señalaba que «desde la ruptura del alto el fuego, el Ejecutivo decidió potenciar las investigaciones policiales que permitieran descabezar a toda la izquierda abertzale. Según explicaron fuentes de Interior, la actuación contra Alvarez no será la última. Quedan pendientes diversos sumariso contra la izquierda abertzale y en ellos hay peticiones de pena de prisión por parte de la fiscalía contra sus máximos responsables».